Basurero clandestino en Campeche desata exigencias de cárcel para funcionarios implicados
Un basurero clandestino localizado a un costado del panteón Siglo XXI, en la capital de Campeche, ha encendido las alertas entre autoridades, legisladores y ciudadanos ante la posibilidad de que los residuos depositados en el lugar hayan provocado daños al subsuelo y contaminación de los mantos freáticos.
El caso ha generado llamados para investigar y sancionar a quienes resulten responsables, particularmente si se comprueba la participación de funcionarios públicos en la disposición irregular de los desechos. La preocupación ha aumentado debido a que, de acuerdo con información de las autoridades estatales, el sitio habría sido utilizado como tiradero desde 2024.
El secretario de Gobierno de Campeche, Víctor Sarmiento Maldonado, consideró que la situación podría constituir un ecocidio y confirmó que el Gobierno del Estado tiene conocimiento del caso. Entre los residuos identificados se encuentran llantas y materiales capaces de contener sustancias potencialmente contaminantes, entre ellas plomo, cadmio y ácido sulfhídrico.
Ante este escenario, será necesario realizar estudios especializados para establecer si los contaminantes lograron filtrarse al subsuelo y determinar la dimensión del posible daño ambiental. Las condiciones geológicas de Campeche representan un factor de especial preocupación debido a la facilidad con la que determinadas sustancias pueden alcanzar depósitos subterráneos de agua.
El posible impacto sobre los mantos freáticos ha generado inquietud debido a que la zona se encuentra relacionada con la galería filtrante de Chiná, una fuente que participa en el abastecimiento de agua para una parte importante de la población. Sin embargo, hasta el momento no existe una conclusión técnica que confirme una contaminación, por lo que las autoridades deberán esperar los resultados de los análisis correspondientes.
La ubicación del tiradero también representa otros riesgos. En las inmediaciones se encuentran un parque industrial y una planta pasteurizadora, mientras que la acumulación de residuos ha provocado preocupación por la presencia de aves carroñeras. Esta situación podría generar afectaciones adicionales para las actividades productivas de la zona e incluso riesgos relacionados con las operaciones aéreas.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Antonio Jiménez Gutiérrez, cuestionó que un terreno ubicado junto a un cementerio haya sido utilizado para depositar residuos y señaló la necesidad de investigar el manejo que las autoridades municipales dieron al espacio.
El legislador sostuvo que antes de promover una denuncia desde el Congreso será indispensable contar con pruebas que acrediten la existencia de contaminación. Las instancias ambientales y sanitarias deberán realizar las investigaciones correspondientes y, en caso de encontrar irregularidades o responsabilidades, proceder conforme a la legislación aplicable.
Habitantes de la zona también han manifestado preocupación, pues aseguran que la acumulación de residuos pudo observarse durante meses. La principal exigencia es que los resultados de los estudios ambientales sean públicos y permitan conocer con precisión si existe afectación al suelo, al agua o a las comunidades cercanas.
La investigación será determinante para establecer no solamente la magnitud del posible daño ecológico, sino también quién permitió o participó en el funcionamiento del tiradero clandestino. En caso de confirmarse responsabilidades de servidores públicos, el caso podría pasar de una problemática ambiental a un asunto de responsabilidad administrativa o penal, mientras crecen las exigencias para que cualquier funcionario involucrado responda ante la ley.