Bloqueos en la carretera Mérida-Progreso desatan sospechas de trasfondo político; señalan intento de golpear a Erik Rihani

Los bloqueos registrados en la carretera Mérida-Progreso, protagonizados por un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Progreso, han generado versiones que apuntan a un presunto trasfondo político detrás de las manifestaciones.

De acuerdo con versiones recabadas entre actores cercanos al conflicto, los inconformes habrían sostenido previamente reuniones relacionadas con el tema del salario mínimo pactado. Sin embargo, trascendió que, tras permanecer un corto tiempo alrededor del Palacio Municipal, abandonaron el lugar y se dirigieron de inmediato a bloquear vialidades estratégicas, lo que ha alimentado la percepción de que la protesta habría tenido un objetivo distinto al de buscar una negociación directa.

En distintos círculos políticos de Progreso se comenta que las movilizaciones buscarían desgastar la imagen del alcalde Erik Rihani González. Incluso, diversas versiones sin confirmar sostienen que la estrategia habría sido impulsada desde el ámbito legislativo.

En ese contexto, también circulan señalamientos y rumores que mencionan a la diputada local María Esther ‘Chelita’ Magadán Cervera como una presunta figura detrás de la movilización. Puesto que en distintas grabaciones los líderes sindicales hacen mención a ella, aunque eso no pareciera suficiente para que se respalde esa versión, ni la legisladora ha emitido un posicionamiento al respecto, por lo que dichos señalamientos deben considerarse únicamente como versiones que circulan en el ámbito político.

Mientras tanto, los bloqueos provocaron importantes afectaciones a la movilidad entre Mérida y Progreso durante varias horas, generando congestionamientos y molestias para automovilistas, transportistas y usuarios de la vía.  

La evolución del conflicto dependerá de la buena voluntad de las partes, el día lunes tuvieron reuniones entre el municipio y los trabajadores sindicalizados en lo que parece una avance positivo, el que podría prevalecer siempre y cuando los trabajadores y los actores políticos involucrados privilegien el diálogo para evitar que una disputa laboral termine escalando a una confrontación política con consecuencias para la ciudadanía