Bukele endurece su ofensiva contra las pandillas: más de 10 mil condenados en El Salvador
El gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que más de 10 mil 500 presuntos integrantes de pandillas han recibido sentencias de prisión desde la implementación del régimen de excepción, una medida que comenzó en marzo de 2022 como parte de la estrategia de seguridad para combatir a las organizaciones criminales que durante décadas afectaron al país centroamericano.
El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, presentó las cifras durante una reunión con una comisión de la Asamblea Legislativa encargada de analizar el presupuesto nacional para 2027. De acuerdo con el funcionario, los datos corresponden al 16 de octubre y reflejan los resultados judiciales obtenidos durante los más de cuatro años de aplicación de esta política de seguridad.
Entre las personas condenadas se encuentran principalmente integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, dos de las organizaciones criminales con mayor presencia histórica en El Salvador. Las autoridades señalaron que los sentenciados han recibido diferentes penas de prisión, dependiendo de los delitos por los que fueron procesados.
Delgado también informó que la justicia salvadoreña ha dictado 13 sentencias de cadena perpetua, aunque no precisó cuántas corresponden directamente a integrantes de pandillas. Además, la Fiscalía registró 244 absoluciones y 10 sobreseimientos relacionados con personas detenidas durante el régimen de excepción.
Desde la entrada en vigor de esta medida, más de 96 mil personas han sido detenidas bajo sospecha de pertenecer a grupos criminales o mantener vínculos con ellos. El gobierno de Bukele sostiene que las detenciones masivas han sido fundamentales para reducir la violencia y recuperar el control de territorios que anteriormente estaban dominados por las pandillas.
Sin embargo, la estrategia también ha provocado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que han denunciado detenciones arbitrarias, irregularidades en los procesos judiciales y presuntos abusos cometidos contra personas encarceladas. De acuerdo con los registros citados por organizaciones humanitarias, más de 500 detenidos han fallecido bajo custodia estatal desde el inicio del régimen de excepción.
En medio de este panorama, Bukele anunció recientemente que su administración contempla revisar los casos de 10 mil 629 personas identificadas como colaboradores ocasionales de las pandillas. Según explicó, aproximadamente la mitad podría acceder a programas de rehabilitación y beneficios penitenciarios que les permitirían recuperar su libertad antes de cumplir la totalidad de sus condenas.
El mandatario aclaró que esta revisión no contempla liberar a integrantes plenamente identificados como miembros de las organizaciones criminales, sino evaluar la situación de personas que habrían colaborado de manera ocasional con estos grupos. La propuesta busca establecer diferencias entre quienes pertenecían directamente a las pandillas y aquellos que mantenían vínculos menos frecuentes con ellas.
El régimen de excepción continúa siendo una de las principales políticas del gobierno salvadoreño y uno de los aspectos más debatidos de la administración de Bukele. Mientras las autoridades destacan los resultados de su estrategia de seguridad, las organizaciones civiles insisten en la necesidad de garantizar procesos judiciales justos y respetar los derechos fundamentales de las personas detenidas.
Con más de 10 mil 500 condenas y decenas de miles de personas encarceladas, El Salvador mantiene una política de seguridad basada en el combate directo a las pandillas. El desafío para el gobierno será demostrar que los resultados obtenidos pueden sostenerse a largo plazo sin comprometer las garantías legales y los derechos humanos de la población.