Congreso de Yucatán prepara consulta pública para personas con discapacidad
El Congreso del Estado de Yucatán dio un nuevo paso en la organización de una consulta pública dirigida a personas con discapacidad, mediante la cual se buscará garantizar su participación directa en el análisis de diversas reformas legales relacionadas con sus derechos.
Durante una sesión de trabajo, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Salud y Seguridad Social distribuyeron entre las diputadas y los diputados el protocolo que establecerá las reglas y condiciones bajo las cuales se desarrollará este ejercicio de participación ciudadana.
El procedimiento forma parte de las acciones emprendidas por el Poder Legislativo para cumplir con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivadas de las acciones de inconstitucionalidad 117/2021 y 99/2022. En ambos casos, el máximo tribunal determinó que el Congreso local debía reponer los procesos legislativos debido a que las personas con discapacidad no fueron consultadas antes de aprobar disposiciones que podían afectar directamente sus derechos e intereses.
La consulta estará relacionada con modificaciones legales en materia de mejores condiciones laborales, medidas de salvaguarda y disposiciones contempladas en la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. El objetivo será conocer las opiniones, necesidades y propuestas de las personas con discapacidad antes de que las reformas sean nuevamente analizadas y sometidas a votación.
De acuerdo con el protocolo distribuido, el ejercicio deberá efectuarse antes de la aprobación de las reformas y mantenerse abierto al público. Asimismo, tendrá que ofrecer información suficiente, contar con condiciones de accesibilidad y asegurar una participación efectiva, de manera que las aportaciones recibidas no se limiten a un procedimiento formal, sino que sean consideradas dentro de las decisiones legislativas.
La intervención de las personas con discapacidad representa un requisito indispensable cuando se discuten leyes susceptibles de generar consecuencias en su vida cotidiana. La consulta busca evitar que las autoridades decidan unilateralmente cuáles son los apoyos, ajustes o mecanismos que este sector necesita, sin escuchar previamente a quienes enfrentarán directamente los efectos de las disposiciones.
Como parte de los preparativos, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Alejandro Cuevas Mena, instruyó a la Secretaría General del Congreso a distribuir una propuesta de acuerdo para organizar las consultas públicas correspondientes. Las sedes, fechas y horarios serán definidos durante una próxima sesión de las comisiones legislativas.
La definición de estos aspectos será fundamental para facilitar la asistencia de las personas interesadas. Además de contar con instalaciones accesibles, el proceso deberá considerar mecanismos que permitan participar a personas con distintos tipos de discapacidad y ofrecer los ajustes necesarios para garantizar condiciones de igualdad.
Una vez concluidas las consultas, las comisiones tendrán que revisar las opiniones y planteamientos presentados antes de continuar con el estudio de las reformas. Esto significa que las propuestas recabadas deberán incorporarse al análisis legislativo y ser valoradas antes de elaborar los dictámenes que eventualmente serán discutidos por el pleno del Congreso.
Las resoluciones de la Suprema Corte establecieron que la posible intención positiva de una reforma no elimina la obligación de consultar a las personas con discapacidad. Incluso cuando una disposición pretende reconocer apoyos o ampliar derechos, quienes forman parte de este sector deben tener la oportunidad de expresar si las medidas planteadas responden realmente a sus necesidades.
Con la preparación de este ejercicio, el Congreso de Yucatán busca corregir las omisiones identificadas en procesos anteriores, cumplir con los criterios constitucionales y fortalecer la legitimidad de las futuras reformas. La consulta también representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo legislativo en el que las personas con discapacidad participen activamente en la construcción de las leyes que influyen en sus derechos y condiciones de vida.