Contratista ligado a Guadalupe Taddei no tenía orden de aprehensión hasta abril de 2026
De acuerdo con información publicada por Latinus, el contratista promovió un juicio de amparo desde el 9 de febrero de este año, luego de asegurar que presuntos agentes de la policía ministerial acudieron a su domicilio particular para buscarlo y le hicieron saber que existían órdenes judiciales relacionadas con su persona.
En su demanda, presentada mediante el despacho Hernández Barros, Hernández Casillas solicitó la suspensión provisional y definitiva de cualquier orden de aprehensión o comparecencia que pudiera haberse emitido en su contra. Asimismo, pidió a distintas autoridades judiciales información sobre la posible existencia de investigaciones o procedimientos penales en los que estuviera involucrado.
Según el relato del empresario, el 21 de enero de 2026, alrededor del mediodía, presuntos elementos ministeriales se presentaron en su residencia, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. Los agentes habrían preguntado por él y asegurado contar con documentos judiciales para detenerlo o solicitar su comparecencia.
Sin embargo, al no localizarlo, los supuestos agentes abandonaron el inmueble sin proporcionar mayores detalles sobre las autoridades responsables de dichos mandamientos. Esta situación llevó al empresario a recurrir a la justicia federal para conocer su situación legal y solicitar medidas de protección.
En el documento judicial, Hernández Casillas rechazó haber participado en actividades ilícitas y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades. También aseguró que siempre se había conducido conforme a las leyes mexicanas y que desconocía las razones por las cuales podría estar relacionado con alguna investigación.
La información sobre la inexistencia de una orden de aprehensión hasta abril resulta relevante porque permite distinguir entre los temores expresados por el contratista al solicitar el amparo y la existencia efectiva de un mandamiento judicial en su contra durante ese periodo. No obstante, esa circunstancia no permite establecer por sí sola cuál es su situación jurídica actual.
El nombre de Hernández Casillas ha adquirido relevancia pública debido a su relación con empresas proveedoras de materiales electorales, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg, que han obtenido contratos del INE y de organismos electorales estatales.
Diversas investigaciones periodísticas han señalado posibles irregularidades en procedimientos de contratación pública, así como presuntos conflictos de interés relacionados con la cercanía del empresario con Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del INE en octubre, en medio de cuestionamientos sobre la asignación de contratos.
El caso también ha provocado la intervención de autoridades financieras. El 5 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre el bloqueo de cuentas relacionadas con 25 personas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales. De acuerdo con información publicada por La Jornada, tanto Taddei como Hernández Casillas figuran entre las personas afectadas por estas medidas.
La UIF también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se investiguen las posibles irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que las autoridades competentes deben investigar las contrataciones cuestionadas y determinar si existieron conductas ilegales, al tiempo que ha señalado que los mecanismos de contratación bajo revisión se remontan a administraciones anteriores del organismo electoral.
Las revelaciones sobre la situación judicial de Hernández Casillas se suman a los cuestionamientos sobre los procedimientos de contratación del INE y la relación entre funcionarios electorales y proveedores privados.
Mientras continúan las investigaciones, será responsabilidad de las autoridades esclarecer el origen de los contratos señalados, determinar si existieron irregularidades y establecer, con base en pruebas y resoluciones judiciales, las posibles responsabilidades de las personas involucradas.