Detienen a juez mexicano acusado de recibir millonario soborno para liberar a narcotraficante

El juez mexicano Luis Benítez Alcántara, de 49 años, fue detenido en Colombia tras ser acusado por las autoridades estadounidenses de recibir un soborno de aproximadamente dos millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de un presunto narcotraficante canadiense vinculado con la organización criminal de Ryan Wedding, exatleta olímpico señalado por encabezar una de las principales redes internacionales de tráfico de cocaína.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este jueves 5 de noviembre que Benítez Alcántara fue arrestado el pasado domingo 1 de noviembre y enfrenta nueve cargos federales relacionados con su presunta participación en acciones destinadas a impedir que un integrante de la organización criminal fuera detenido, procesado o castigado por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la acusación, el entonces juez de distrito en la Ciudad de México habría utilizado su posición para favorecer a Andrew Clark, ciudadano canadiense de 36 años, identificado como el segundo al mando de la estructura delictiva presuntamente dirigida por Wedding.

Clark había sido detenido en México en octubre de 2024 por acusaciones relacionadas con narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio. Posteriormente, quedó bajo la supervisión judicial de Benítez Alcántara durante el procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos.

Las investigaciones estadounidenses señalan que, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y pagos fraccionados con el objetivo de conseguir su liberación. De esa cantidad, alrededor de dos millones de dólares habrían sido destinados directamente al juez mexicano como parte de un acuerdo para obtener resoluciones judiciales favorables.

Según el Departamento de Justicia, el 24 de febrero de 2025, fecha en la que Benítez Alcántara presuntamente recibió la totalidad del soborno pactado, el juzgador concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su excarcelación, pese a que existía una solicitud formal de extradición presentada por el gobierno estadounidense.

Sin embargo, la liberación fue breve. Días después, Clark fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde permanece sujeto a un proceso penal por su presunta participación en actividades de narcotráfico y delitos violentos.

El caso está directamente relacionado con la organización atribuida a Ryan James Wedding, exrepresentante canadiense de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, quien posteriormente fue señalado por las autoridades estadounidenses como líder de una estructura criminal dedicada al traslado y distribución de grandes cantidades de cocaína entre Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.

Wedding figuró entre los diez fugitivos más buscados por el FBI hasta su captura en México, ocurrida en enero de 2026. Tras ser trasladado a territorio estadounidense, quedó bajo custodia federal para enfrentar acusaciones de narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio. Actualmente, tiene programados dos procesos judiciales para marzo y octubre de 2027.

Respecto a Benítez Alcántara, las autoridades estadounidenses informaron que solicitarán formalmente su extradición desde Colombia para que comparezca ante un tribunal federal del Distrito Central de California. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada uno de los nueve cargos que se le imputan.

La investigación fue desarrollada por el FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Real Policía Montada de Canadá, con la colaboración de las autoridades colombianas y diversas dependencias estadounidenses encargadas del combate al crimen organizado transnacional.

La detención del juzgador mexicano abre un nuevo capítulo en las investigaciones sobre la presunta red de corrupción que habría permitido a integrantes de organizaciones criminales intentar evadir la justicia mediante pagos millonarios y resoluciones judiciales irregulares.

Por el momento, las acusaciones contra Benítez Alcántara deberán ser acreditadas ante los tribunales estadounidenses, por lo que mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad penal.