Corrupción ajena

Claroscuro, por: Francisco López Vargas

Corrupción, del verbo transitivo corromper, del latín corrumpere, rumpere…

Aquí les dejo algunas de sus acepciones más comunes: Hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar; hacer impuro el aire o el agua de manera que huela mal o no se pueda respirar o utilizar. Pervertir o hacer que una persona o una cosa sea moralmente mala. Corromper las costumbres: esas visitas son su forma de contribuir a corromper los valores establecidos; el poder corrompe a las personas; el odio la había envenenado, le corrompió la razón y le contagió esa enfermedad del olvido; “Sócrates fue condenado a beber un veneno (cicuta) bajo el pretexto de que no creía en los dioses de la polis y de que corrompía a la juventud". Sobornar a un funcionario público o a una autoridad pública o hacer que actúe de forma ilegal: "corromper a un político; corromper a un juez". Como verbo pronominal: “corromperse, volverse moralmente mala o deshonesta .”

Las anteriores son las acepciones más comunes para definir la corrupción, pero pareciera que ninguna de ellas puede aplicarse a la Cuarta Transformación y mucho menos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, en la terquedad que solemos tener quienes nos dedicamos a analizar la vida pública del país, el presidente es probable que sepa de lo que se habla, pero quizá no esté dispuesto a aplicarse, a aplicarle a su gobierno, las acepciones anteriores porque, cuando son actos de su administración, pues carecen de esas características pernisiosas porque ellos, su gobierno, actúa de buena fe, además de que ellos, su gobierno en pleno, pues no son corruptos aunque los hechos –esa terca realidad que no entiende- los desmienta.

Les expongo varios casos en lo que podría, no creo que lo hayan hecho a propósito, configurarse una forma de corrupción precisamente porque quienes fueron designados no sólo no tienen idea de cuál será su trabajo ni tienen la experiencia y menos el perfil profesional para ello:

Edith Arrieta Meza, quien estudió diseño de moda, trabaja para el organismo que establece la seguridad en el uso de organismos genéticamente modificados. Sin reportar estudios en áreas biológicas o científicas, Arrieta Meza tiene un cargo de subdirectora en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

En su declaración inicial ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), inscrita en diciembre del año pasado, se establece que la egresada de diseño de moda de la universidad Jannette Klein tiene entre sus funciones las áreas técnicas de una subdirección no especificada, según publica Reforma.

La única experiencia laboral que figura en su declaración es un cargo como jefa de unidad departamental en el Gobierno de la otrora Delegación de Tlalpan. En este puesto, que ocupó entre 2015 y 2018, sus funciones eran fomentar el cooperativismo y la economía solidaria. Arrieta hizo proselitismo en favor de Morena en 2017 y fue candidata a diputada local en Milpa Alta, según consta en sus redes sociales.

La actual secretaria ejecutiva de la Comisión Intersecretarial es la bióloga y doctora en ecología, Sol Ortiz García quien ha coordinado programas de normatividad y bioseguridad desde el 2001.

También en Concayt se nombró a David Alexir Ledesma, quien fue contratado con un sueldo de 44 mil pesos mensuales, a pesar de no tener una licenciatura concluida y estar en el ojo del huracán, ya que comenzaron a circular en redes sociales, supuestas fotografías eróticas del funcionario público.

La comunidad científica mexicana cuestionó el nombramiento, ya que Ledesma apenas estudia el tercer semestre de la carrera de Comunicación y percibe un alto sueldo.

Sin embargo, la diputada federal Dolores Padierna salió en la defensa de quien fue su asesor en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Dijo que los ataques tienen que ver más por ser homosexual, que por su trayectoria profesional, y por ser recomendado de Genaro Villamil.

En Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para asumir la dirección general, fue cuestionado en 2001, cuando, siendo Oficial Mayor del Gobierno del entonces Distrito Federal, firmaba documentos como ingeniero sin contar con cédula profesional.

Ahora, 17 años después, el colaborador del Presidente electo sigue sin figurar en el Registro Nacional de Profesionistas. Romero Oropeza cuenta con el título de Ingeniero Agrónomo, expedido por el Colegio Superior de Agricultura Tropical -ubicado en Cárdenas, Tabasco- y como integrante de la generación 1976-1981.

El 3 de febrero de 1982, Romero Oropeza recibió el título de Ingeniero Agrónomo, con especialidad en Agricultura Tropical, con el registro No. 064, Foja 22 del Libro 1 del Departamento del Registro Académico del Colegio Superior de Agricultura Tropical.
No obstante, conforme a una consulta en el Registro Nacional de Profesionistas, aún no aparece su cédula profesional.

En octubre de 2001, López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del DF, salió en defensa de Romero Oropeza y aseguró que la solicitud de su cédula profesional estaba en proceso. El artículo 20 de la Ley de Pemex establece que tanto el director general como los consejeros deben tener título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, ingeniería, contaduría o materias afines a la industria de los hidrocarburos.
Además, el titular de la empresa productiva del Estado debe contar con experiencia para cumplir con sus funciones, ya sea en el ámbito profesional, docente o de investigación.

Consultada al respecto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, defendió la experiencia de Romero Oropeza para ocupar el cargo y explicó que la misma ley de la empresa petrolera delega en el Ejecutivo la facultad de nombrar al director general. "Octavio Romero tiene experiencia en administración, ya lo mostró en la Oficialía Mayor en la CDMX con buenos resultados".

Como contraste, la también senadora puso como ejemplo el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien, dijo, resultó un economista experto con malos resultados para la compañía.

Romero Oropeza fue profesor de matemáticas en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Tabasco, así como catedrático de álgebra y estadística en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En su carrera política destacó como presidente del Consejo Estatal del PRD en Tabasco y diputado federal por ese partido.

En la Comisión Federal de Electricidad, López Obrador, nombró al senador del PT Manuel Bartlett como director general. El morenista hizo el anuncio en una rueda de prensa junto con Bartlett, quien era Secretario de Gobernación en la elección de 1988, año de la "caída del sistema".

López Obrador confirm0ó el nombramiento de Nahle como titular de Energía, y a Alberto Montoya como subsecretario de esa dependencia.

Como subdirector de la CFE propuso a Carlos Morales Mar nombró a Luis Abelardo González como coordinador de políticas de energía renovable. Todos ellos con experiencia, por lo menos, cuestionable.

En su columna Jaque Mate, el periodista Sergio Sarmiento explica por qué las acusaciones del presidente contra las empresas que construyen los ductos para el transporte de gas al menos significarían una mentira.

“¿Por qué están detenidos los gasoductos? No ha sido falta de capacidad técnica o financiera de las empresas encargadas de construirlos. Los trabajos han sido frenados por grupos políticos que buscan extorsionar a los constructores o impulsar agendas conservadoras que se oponen al desarrollo económico.

Está ahí el caso del gasoducto Ramal-Tula, al que faltan solamente 1.6 kilómetros. La construcción, a cargo de la empresa canadiense ATCO, está detenida desde 2015. Un político hidalguense, Julio César Ángeles Mendoza, ha sido el principal responsable; originalmente era miembro del Partido Encuentro Social y después pasó a Morena. Primero amenazó a la empresa con detener el gasoducto si no contrataba a un sindicato en particular. Después interpuso amparos en nombre de ejidatarios, a pesar de que, como él mismo reconoció en una entrevista a Reforma, estos "ya habían recibido su pago de lo acordado". ATCO ha acusado a Ángeles Mendoza de haberle pedido 60 millones de pesos a cambio de permitir que continuara la construcción del gasoducto, pero la empresa señaló que no podía entregar el cohecho porque la legislación canadiense castiga a los ejecutivos de su país cuando dan sobornos, incluso en el extranjero.

López Obrador no tendrá muchas dificultades para localizar a Ángeles Mendoza si quiere conversar con él: es legislador por Morena y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. La responsabilidad seguramente se le otorgó por su eficacia para detener el gasoducto.

Este es uno de los siete gasoductos que no se han podido concluir debido a los bloqueos o amparos de grupos políticos. En ningún caso la responsabilidad recae sobre las empresas contratadas para hacer el trabajo. La mayoría de las veces la estrategia de quienes se oponen a los proyectos ha sido recurrir a amparos que permiten a grupos minoritarios detener inversiones aun cuando sea con un costo enorme para la sociedad.

El propio López Obrador ha cuestionado a los grupos que no han permitido concluir el gasoducto de Huexca, Morelos, que permitiría proveer combustible para una nueva termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.

Un exasperado López Obrador respondió en Cuautla el 10 de febrero a las protestas de los grupos que se oponen al gasoducto y la planta generadora: "Y aunque griten, aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que va a decidir sobre este asunto. Y también yo entiendo que hay ambientalistas auténticos, pero también hay intereses creados".

Uno de los argumentos del Presidente es que la planta de Huexca sí hay que echarla a andar porque es de la CFE. Si fuera privada, al parecer, no tendría el mismo respaldo del gobierno. Esta posición viola el principio liberal de que la ley debe ser la misma para todos.

Preocupa la incertidumbre en que viven los proyectos productivos en nuestro país. El argumento que se ha utilizado para combatir el gasoducto y la termoeléctrica de Huexca es que generarán contaminación y afectarán la provisión de agua. Los estudios técnicos señalan que los miedos son infundados, pero eso no ha impedido que tribunales y grupos políticos bloqueen las inversiones. Si México sigue deteniendo proyectos productivos aunque tengan las certificaciones técnicas necesarias, simplemente estaremos hundiendo al país. Una economía sin gas y sin electricidad está condenada a la pobreza.”

Por si fuera poco, nadie que haya trabajado en el gobierno puede laborar en la iniciativa privada, hasta cumplir 10 años de haber dejado el encargo. El país será de burócratas.

Dice Sarmiento: “El Presidente quiere ampliar de uno a 10 años la veda para que los funcionarios públicos puedan trabajar en empresas de su ramo. La medida parece buscar que los especialistas ya no trabajen en el gobierno. Solo los políticos que no pueden conseguir un puesto en el sector privado tendrían responsabilidades en el gobierno”

Y Pablo Hiriart argumenta en su columna de El Financiero: “Desde Palacio Nacional salieron pesadas acusaciones de conflictos de interés de ex funcionarios públicos, algunas de las cuales ya fueron desmentidas y otras son verdaderos absurdos.

¿Ellos hablan de conflicto de interés?

“El buen juez por su casa empieza, ha repetido con insistencia el presidente López Obrador, y sería muy saludable que tomara en serio sus palabras y atacara los conflictos de interés y simulaciones en el presente y en su equipo. Vimos un caso que debería llamar la atención en el gobierno, por ser una bochornosa simulación: Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes es dueño de un departamento en Houston que no declaró.

“El departamento se puso a nombre de la empresa Houston Relais Real Estate Inc., que él fundó en enero de 2016 y aparece como administrador único (Reforma). Antes de asumir como titular de SCT, Jiménez Espriú cedió la titularidad de las acciones a su hijo Javier Jiménez Gutiérrez, quien ahora funge como administrador único de la empresa.

“Es decir: Jiménez Espriú creó una empresa fantasma en Estados Unidos y se puso como administrador único de esa compañía que tiene una sola propiedad: el departamento en Houston.

“¿Para qué una empresa fantasma?

“Para pagar menos impuestos en Texas.

“¿Por qué la puso a nombre de su hijo?

“Porque él iba a entrar al gobierno de López Obrador donde poseer un departamento en Estados Unidos es mal visto pues tienen que aparentar ser pobres, casi franciscanos, y renegar de los bienes materiales.

“Pura simulación, pues.

“Otro caso de conflicto de interés: el presidente del PT –partido gobernante junto con Morena– maneja 75 estancias infantiles en 18 estados.

“Para este año recibirá un presupuesto de 500 millones de pesos de parte de la Secretaría de Educación Pública (como documentó Rubén Cortés en su Canela Fina).

“Es decir, mientras se quita el presupuesto a las estancias infantiles, a las del PT le aumentan el presupuesto en 200 millones respecto al año pasado.

“¿No ve ahí ningún conflicto de interés el gobierno del PT-Morena?

“Se autoasignan 500 millones de pesos para estancias infantiles, algunas de ellas inexistentes (como la de Atlatlahuacan, Morelos, que es un terreno baldío, sin niños).

“Por esa estancia que no da servicio a ningún niño recibieron 30 millones de pesos.

“Treinta millones por una estafa.

“Y le cierran la llave a las estancias que sí funcionan.

“Más conflictos de interés aquí y ahora, en la cuarta transformación: Para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contrapeso del Poder Ejecutivo, el Presidente propuso a Yasmín Esquivel Mossa, esposa del constructor favorito del mandatario, José María Riobóo.

“Riobóo convenció a López Obrador de que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco era inviable, sin decir que él había perdido el concurso para hacer la ingeniería de las pistas.

“En ese entonces Riobóo pensaba que el aeropuerto en Texcoco era tan buena idea que quería participar en su construcción. Y ganar dinero, se entiende.

“¿Qué va a hacer la ministra Esquivel Mossa cuando se lleven a la Suprema Corte casos del Nuevo Aeropuerto?

“El conflicto de interés es evidente.

“Las otras dos personas propuestas para integrar ese poder “autónomo” son:

“Loretta Ortiz Ahlf, ex activista de Morena, promotora de los fallidos Foros de Pacificación que tenían por objetivo dar respaldo social a una amnistía a criminales.

“¿De qué lado va a estar la ministra Ortiz Ahlf? ¿Del lado de la ley que ella combatía como activista de Morena, o del lado de los criminales que pretendía amnistiar?

“Y Celia Maya García, fundadora de Morena, ex candidata de ese partido al Senado por el estado de Querétaro en las recientes elecciones.

“¿Ella va a ser contrapeso del Ejecutivo que encabeza el que la hizo candidata a gobernadora, a senadora, y ahora la propone para un asiento en la Suprema Corte?

“¿Quieren ver conflictos de interés? Ahí hay algunos, y son suyos, no “presuntos del pasado”.

“Falta espacio para ocuparnos de los fiscales carnales en lucha contra la corrupción y delitos electorales.

“Excelente persona el fiscal electoral, documentado y justo. Pero desde el primer día de este sexenio tiene un jefe: Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, hay conflictos de interés.

“También hay simulaciones ofensivas.

“Lo vemos aquí y ahora.

“Existen en este gobierno.

“Pero es mejor buscar en “el pasado”, aunque no sea verdad”.

Lamentable, y el presidente sigue sin tomar posesión y sin hablar con la verdad.