Crece la tensión en Chichén Itzá y Mayapán: comunidades mayas exigen respeto a sus tierras
La administración de las zonas arqueológicas de Yucatán enfrenta una creciente controversia ante las exigencias de comunidades mayas que reclaman el reconocimiento de sus derechos territoriales y una mayor participación en las decisiones relacionadas con su patrimonio histórico. Habitantes de Pisté, en las inmediaciones de Chichén Itzá, y de Telchaquillo, donde se encuentra Mayapán, denunciaron la falta de acuerdos con las autoridades y las afectaciones económicas y sociales derivadas de la gestión de estos espacios turísticos.
Los representantes de ambas comunidades solicitaron la intervención de las autoridades estatales y federales, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Patronato Cultur, para establecer mecanismos de diálogo que permitan atender sus demandas y garantizar su participación en la administración y conservación de los sitios arqueológicos.
En Pisté, uno de los principales puntos de conflicto es el antiguo parador turístico de Chichén Itzá. Juan Pablo Euán, integrante del Concejo Indígena de Gobierno de la localidad, informó que continúan los procedimientos legales para recuperar este inmueble, ocupado desde agosto por la Secretaría de Seguridad Pública para establecer una base permanente.
De acuerdo con los representantes comunitarios, esta situación representa una afectación al aprovechamiento tradicional del espacio y se suma a las consecuencias económicas provocadas por la entrada en funcionamiento del Centro de Atención a Visitantes (Catvi), infraestructura que modificó las rutas habituales de acceso a la zona arqueológica.
Los habitantes señalaron que estos cambios han perjudicado especialmente a comerciantes, artesanos, taxistas, mototaxistas y guías turísticos, quienes dependen directamente de la actividad turística para sostener sus ingresos. Según las denuncias, la disminución de oportunidades económicas también ha contribuido a la migración de trabajadores hacia otras ciudades e incluso a casos de abandono escolar.
Asimismo, los representantes de Pisté expresaron su preocupación por las condiciones de los recorridos turísticos, pues aseguraron que las nuevas rutas obligan a los visitantes a caminar distancias más extensas, lo que habría provocado episodios de golpes de calor, caídas y otras lesiones.
Euán aclaró que las exigencias de la comunidad no buscan obstaculizar el turismo ni impedir la conservación de los monumentos históricos. Por el contrario, sostuvo que los pueblos originarios deben ser reconocidos como participantes fundamentales en la protección del patrimonio cultural que forma parte de su historia e identidad.
El representante también cuestionó la exclusión de los habitantes mayas en las decisiones institucionales, situación que calificó como una manifestación de racismo estructural. En ese sentido, insistió en la necesidad de recuperar el antiguo parador turístico y revisar la permanencia de la instalación policial.
Mientras tanto, en Telchaquillo, municipio de Tecoh, la controversia gira en torno a la propiedad y administración de los terrenos donde se encuentra la zona arqueológica de Mayapán, cerrada al público desde finales de 2023.
Filiberto Martín Uc, presidente del Comisariado Ejidal, denunció que el INAH busca avanzar en la expropiación de terrenos a pesar de la oposición de los ejidatarios, quienes consideran indispensable que se respeten sus derechos agrarios y se les permita intervenir en las decisiones sobre el sitio.
El dirigente explicó que, aunque los vestigios arqueológicos están protegidos por la legislación federal sobre monumentos históricos, dicha condición no debería traducirse en el desconocimiento de los derechos territoriales de quienes habitan y trabajan en esas tierras.
Actualmente, el conflicto permanece bajo revisión del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, donde se desarrolla la etapa de presentación de pruebas. Los ejidatarios recordaron que en diciembre de 2025 obtuvieron un amparo que impidió al INAH formalizar un convenio de ocupación y realizar el pago correspondiente, además de establecer restricciones para el registro de las actas cuestionadas ante el Registro Agrario Nacional.
Sin embargo, los representantes comunitarios advirtieron que este recurso judicial no ha significado la suspensión definitiva del procedimiento de expropiación. También denunciaron que las mesas de negociación con las autoridades permanecen interrumpidas desde el pasado 5 de junio, sin que se les haya comunicado una explicación sobre la falta de continuidad.
Ante este panorama, el abogado Álvaro Mena, asesor jurídico de ambas comunidades, señaló que los conflictos evidencian la necesidad de revisar el marco legal que regula la conservación y administración del patrimonio arqueológico mexicano.
El especialista planteó que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgada en 1972, debe armonizarse con el artículo segundo de la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumentos que contemplan el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Las comunidades de Pisté y Telchaquillo coinciden en la importancia de establecer acuerdos de coadministración que les permitan participar en la protección, operación y aprovechamiento de los sitios arqueológicos, sin comprometer su conservación.
La controversia pone de manifiesto uno de los principales desafíos de la gestión del patrimonio cultural en Yucatán: encontrar un equilibrio entre la preservación histórica, el desarrollo turístico y el respeto a los derechos de las comunidades originarias.
Mientras continúan los procedimientos legales y permanecen suspendidas algunas negociaciones, los habitantes insisten en que la riqueza arqueológica de la región no puede administrarse al margen de los pueblos que mantienen un vínculo histórico, cultural y territorial con estos espacios.