CRT abre consulta sobre polémicos lineamientos para regular a medios
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública para recibir opiniones sobre el proyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, un instrumento que establecerá obligaciones para los concesionarios de radio y televisión en México.
El ejercicio comenzó el 27 de julio y permanecerá abierto hasta el 21 de agosto de 2026. Durante este periodo podrán participar concesionarios, especialistas, instituciones académicas, organizaciones civiles, radioescuchas, televidentes y cualquier persona interesada en presentar comentarios sobre la propuesta.
Entre las principales disposiciones se encuentra la obligación de que las estaciones de radio y televisión cuenten con un código de ética en el que se establezcan los principios que deberán seguir para proteger los derechos de sus audiencias. Este documento tendría que registrarse, difundirse y mantenerse disponible para el público.
Los concesionarios también deberán designar a una persona defensora de las audiencias, encargada de recibir, analizar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias o señalamientos relacionados con los contenidos transmitidos.
De acuerdo con el anteproyecto, las personas que consideren vulnerados sus derechos tendrían un plazo de siete días para presentar su inconformidad. La persona defensora solicitaría información al medio involucrado y contaría con un periodo máximo de 20 días para emitir una determinación.
En caso de que el concesionario no atienda las recomendaciones formuladas o la persona afectada no esté conforme con la respuesta, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podría revisar el asunto y pronunciarse conforme a las atribuciones establecidas en la legislación.
El proyecto también propone que los medios diferencien claramente la publicidad de los contenidos informativos. Asimismo, deberán distinguir las opiniones personales de la información noticiosa mediante cortinillas, mensajes, elementos gráficos u otros recursos que permitan a las audiencias reconocer la naturaleza del contenido.
La autoridad reguladora sostiene que las medidas buscan garantizar el acceso a información veraz, plural, clara, respetuosa e incluyente, además de brindar una protección especial a las infancias y a las personas en situación de vulnerabilidad. También afirma que los lineamientos respetarán la libertad de expresión, la libertad editorial y la libertad programática de los concesionarios.
Sin embargo, el proyecto surge en medio de las críticas que ha generado la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, calificada por sectores de la oposición, especialistas y organizaciones como una “Ley Censura”. Los cuestionamientos se concentran en la posibilidad de que una autoridad vinculada al Poder Ejecutivo adquiera mayores facultades para intervenir en asuntos relacionados con los contenidos de los medios.
Aunque la existencia de códigos de ética y defensorías de las audiencias no es una figura nueva dentro de la legislación mexicana, el anteproyecto pretende establecer procedimientos más específicos y permitir que la CRT intervenga cuando las recomendaciones no sean atendidas o cuando persista la inconformidad de la audiencia.
La discusión se centra, por lo tanto, en determinar hasta dónde puede llegar la protección de los derechos de radioescuchas y televidentes sin transformar estos mecanismos en herramientas de supervisión gubernamental sobre el trabajo periodístico y la libertad editorial.
Una vez finalizada la consulta, la Comisión analizará las aportaciones recibidas e incorporará aquellas que considere procedentes. Posteriormente, el documento será sometido a la aprobación del pleno del organismo y, en caso de recibir el aval, será publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El resultado del proceso será relevante para definir la relación entre las autoridades, los concesionarios y las audiencias. También pondrá a prueba la capacidad del nuevo modelo regulatorio para proteger a los ciudadanos sin limitar la pluralidad, la crítica y la libertad de expresión en los medios mexicanos.