Sheinbaum niega censura y defiende autorregulación de los medios
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias y rechazó que su propósito sea censurar o sancionar constantemente a los medios de comunicación.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria aseguró que la intención principal de las disposiciones es impulsar mecanismos de responsabilidad dentro de las empresas de radio y televisión.
“El objetivo no es estar multando medios”, expresó Sheinbaum al explicar que las sanciones económicas deberán considerarse únicamente como una última instancia. De acuerdo con la presidenta, se busca establecer “un proceso de autorregulación” en el que las propias empresas nombren a sus defensores de las audiencias y elaboren sus códigos de ética.
Las declaraciones se producen después de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones iniciara una consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El ejercicio comenzó el 27 de julio y permanecerá abierto hasta el 21 de agosto de 2026.
Durante este periodo, concesionarios, especialistas, organizaciones, usuarios y cualquier persona interesada podrán presentar comentarios, opiniones y propuestas relacionadas con los mecanismos que permitirán a televidentes y radioescuchas ejercer sus derechos frente a los medios de comunicación.
El proyecto establece que las estaciones de radio y televisión deberán contar con un código de ética y una persona defensora de las audiencias. Esta figura tendrá la responsabilidad de recibir y atender las quejas, sugerencias y opiniones presentadas por el público.
Las inconformidades deberán ser respondidas dentro de un plazo máximo de 20 días. Cuando una empresa no atienda la queja o incumpla con las obligaciones establecidas, el caso podrá avanzar hacia otras instancias y, eventualmente, derivar en una sanción.
Sheinbaum sostuvo que la intención es que las diferencias puedan resolverse primero dentro de los propios medios. La persona defensora de las audiencias podrá comunicar las inconformidades, solicitar aclaraciones y promover respuestas públicas cuando algún contenido vulnere los derechos reconocidos por la legislación.
Entre las obligaciones contempladas se encuentra proporcionar información veraz y oportuna, así como evitar la difusión de contenidos falsos, descontextualizados o presentados como actuales cuando en realidad corresponden a acontecimientos del pasado.
Este punto ha generado cuestionamientos debido a la posibilidad de que una autoridad intervenga en la valoración de los contenidos periodísticos. Desde que se discutió la reforma en materia de telecomunicaciones, opositores, especialistas y algunos medios la han denominado “ley censura”, al considerar que ciertas disposiciones podrían utilizarse para limitar la libertad editorial.
La presidenta rechazó estas acusaciones y argumentó que las empresas conservarán la facultad de elaborar sus propios códigos de ética y seleccionar a quienes estarán encargados de defender los derechos de sus audiencias.
No obstante, la aplicación de los lineamientos dependerá de la claridad con la que se definan conceptos como información falsa, descontextualización y responsabilidad editorial. También será necesario garantizar que las personas defensoras actúen con independencia, aun cuando sean nombradas por las propias empresas.
Sheinbaum aclaró que las disposiciones están dirigidas principalmente a concesionarios de radio, televisión abierta, televisión y audio restringidos, así como a empresas programadoras. La prensa escrita no está incluida actualmente dentro de este procedimiento.
Respecto de las plataformas digitales, la mandataria señaló que todavía tendría que analizarse si resulta necesario incluirlas dentro de una regulación similar. Este debate adquiere especial relevancia debido al crecimiento de las redes sociales, los servicios de transmisión por internet y los espacios digitales que actualmente distribuyen contenidos informativos.
La protección de las audiencias y la libertad de expresión no necesariamente son principios opuestos. Sin embargo, cualquier regulación sobre contenidos debe contar con reglas precisas, procedimientos transparentes y garantías que impidan decisiones discrecionales.
La consulta pública será fundamental para determinar si los lineamientos logran proteger al público sin convertirse en instrumentos de presión contra periodistas, comunicadores o empresas. Aunque el gobierno sostiene que las multas serán el último recurso, la verdadera prueba estará en la manera en que las disposiciones sean aprobadas y aplicadas.