Denuncian cobros de hasta 800 pesos por sombrillas en playas de Playa del Carmen
Bañistas y visitantes de Playa del Carmen denunciaron cobros de hasta 800 pesos por la renta de sombrillas, sillas y camastros en distintas zonas de la costa, una situación que ha generado cuestionamientos sobre la regulación de los servicios comerciales que operan en playas de acceso público.
De acuerdo con testimonios recogidos por Por Esto!, las inconformidades se concentran principalmente en puntos como la avenida Constituyentes, Playa 88 y Punta Esmeralda, donde prestadores de servicios ofrecen mobiliario a los visitantes desde su llegada a la zona de arena.
Algunos usuarios señalaron que las tarifas pueden alcanzar los 700 pesos por una sombrilla o toldo, además de aproximadamente 150 pesos por cada silla de plástico utilizada durante la jornada. También aseguraron que, en varios casos, los encargados de estos servicios no entregan recibos ni comprobantes por los pagos realizados.
La situación ha provocado dudas entre residentes y turistas sobre los permisos con los que operan los particulares dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como sobre las autoridades responsables de supervisar las tarifas y las condiciones bajo las cuales se ofrecen estos servicios.
Algunos ciudadanos han solicitado que las autoridades correspondientes revisen si los prestadores cuentan con las autorizaciones necesarias y refuercen la vigilancia en las playas para evitar prácticas que puedan generar inconformidad entre los visitantes.
La Ley General de Bienes Nacionales establece que las playas forman parte de los bienes de dominio público y que su acceso debe ser libre. Asimismo, la Zona Federal Marítimo Terrestre comprende una franja de 20 metros de tierra firme, transitable y contigua a la playa, medida a partir de la marea máxima.
Las quejas surgen en un momento en el que las condiciones de las playas de Playa del Carmen han mejorado tras los meses de mayor presencia de sargazo, por lo que prestadores turísticos consideran importante mantener un mayor control sobre las actividades comerciales para evitar afectaciones a la experiencia de residentes y turistas.