Derechos, no privilegios
Todas las ideas nuevas sufren contratiempos, pero al fin se imponen por su bondad.Felipe Carrillo Puerto
Se cumplen dos años de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en la Presidencia de la República. En su
segunda rendición de cuentas quedó de manifiesto que las políticas públicas corresponden a un
proyecto integral y de continuidad donde la justicia social y la prosperidad compartida son principios
primordiales de gobernanza. Existe, entonces, un plan que gradualmente se ha ido desarrollando, y
que antepone las necesidades de la población al ofrecer sin intermediarios un amplio abanico de
programas sociales que llegan a más del 80% de los hogares mexicanos.
Cuando dice la presidenta que su gobierno está presente en cada rincón del territorio, entre otros
aspectos, se refiere al ámbito de acción territorial que prácticamente hace que 1 de cada 3
mexicanos cuente con algún Programa del Bienestar. Del cobertor que el priismo repartía en los
meses invernales, a los programas de cobertura limitada del panismo, ahora, con la Cuarta
Transformación se realizan apoyos periódicos y constantes para sectores de la población que solo
habían sido utilizados como recursos discursivos, pero que en los hechos seguían siendo ignorados.
En estos primeros dos años del gobierno de la presidenta Sheinbaum, catorce millones de personas
adultas mayores, tres millones de mujeres de 60 a 64 años, dos millones de personas con
discapacidad, y una gran cantidad de jóvenes, niños y niñas en los distintos niveles educativos,
productores del campo, pescadores, madres autónomas, entre otros sectores de la población son
beneficiarios de los Programas para el Bienestar.
Esta política social suele ser motivo de animadversión y desprecio por parte de grupos de la
oposición. De manera despectiva, consideran que se trata de dádivas electorales o asistencialismo
populista y las juzgan desde la óptica de las mismas prácticas clientelares del pasado. Pasan por alto
que buena parte de estos apoyos ya están respaldados como derechos sociales en la Constitución y
que, junto a otros programas, forman parte de una política pública orientada a garantizar el
bienestar. El presupuesto que antes llegaba a cuentagotas hacia estos sectores de la sociedad ahora
tiene una nueva lógica de redistribución.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el ingreso en hogares pobres creció cerca
del 35%, y en hogares más prósperos el 4%. Se trata, en el fondo, de derechos, no de privilegios, así
lo recalcó la presidenta. Aunque falta conocer el desglose de su segunda rendición de cuentas para
precisar algunos datos, la inversión social que se destinó para este año ronda el billón de pesos, con
un impacto directo en un tercio de la población, un presupuesto conformado, según sus propias
palabras, por la austeridad republicana y la honradez.
Estas políticas sociales han contribuido a reducir una de las principales preocupaciones de los
gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional: la pobreza. En este contexto, vale recordar
que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la situación de pobreza,
de acuerdo con el INEGI. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, con Sheinbaum a la
cabeza, la política social mantiene una fórmula que combina política de bienestar, un sistema deprotección social, una mejora salarial histórica y más inversión pública generadora de empleos
dignos.
La Cuarta Transformación está demostrando lo que por sexenios se negó sistemáticamente a una
mayor parte de la población: una mejor y justa distribución del presupuesto, que podemos entender
como justicia social y prosperidad compartida, aunado a salarios más dignos. De acuerdo con las
cifras del último informe, el poder adquisitivo del salario mínimo registra una recuperación real de
154% desde 2018. El logro de disminuir la pobreza no es un aspecto menor.
Como tampoco lo son los Programas del Bienestar, no sólo por la cercanía que se mantiene con la
población y los apoyos que por derecho ofrecen, sino porque también se articulan de manera
integral para amplificar su impacto. “Jóvenes Construyendo el Futuro”, por ejemplo, entrega apoyos
a centros de trabajo y a jóvenes que buscan una inserción laboral. El programa busca proporcionar
experiencia y capacitación que faciliten su incorporación al mercado laboral. No se trata, como han
dicho socarronamente algunos de sus críticos, de “dar dinero a los ninis”.
Otro programa de este gobierno, “Alimentación para el Bienestar”, organiza el acopio de alimentos
a precios justos de más de 112 mil pequeños productores en el país. Estos productos son puestos a
la venta, con precios accesibles, en la cadena de las más de 26 mil “Tiendas del Bienestar” que
atiende la misma población. En Yucatán y Campeche, el programa reportó la compra de miel a 620
productores de Chocholá, Temozón y Calakmul. La lógica es conectar al productor con el
consumidor, reducir intermediarios y dar valor agregado a los productos regionales.
Es una dimensión importante de la política social del gobierno de Claudia Sheinbaum. De ahí la
relevancia de los Programas del Bienestar en este segundo informe, cuyo mensaje de fondo es que
ya no se trata de atender los privilegios de unos cuantos, sino de colocar los derechos de la mayoría
en el centro de la política pública. Y si bien el reto a largo plazo será la sostenibilidad presupuestal
de estos apoyos, al llegar a los dos primeros años, uno de los principales objetivos de la Cuarta
Transformación, “por el bien de todos, primero los pobres”, está mostrando resultados.
Ahora bien, la preponderancia de esta política social no debe desviar la mirada de otros problemas
en el país. Los cuatro ejes de la Estrategia de Seguridad Nacional tendrían que contribuir a contener
la violencia que muchos comunicadores enfrentan a manos de la delincuencia organizada al realizar
su labor periodística. Del mismo modo, resulta necesario garantizar el funcionamiento eficiente de
los nuevos hospitales construidos. La cobertura de salud tendría un mayor impacto si esa
infraestructura opera plenamente.
Son, sin duda, retos y desafíos que exigirán sobre la marcha nuevos objetivos y ajustes en las
políticas públicas de bienestar.