Diez países unen fuerzas para exigir elecciones libres en Nicaragua
El Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua estará conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos, cuyos representantes tendrán la responsabilidad de desarrollar propuestas diplomáticas y jurídicas para atender la crisis política que atraviesa el país gobernado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La iniciativa surge de una resolución aprobada el pasado 2 de octubre durante una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Washington. En dicho encuentro, los países participantes manifestaron su preocupación por el deterioro de las instituciones democráticas nicaragüenses y las restricciones impuestas a la participación de sectores opositores.
La decisión del organismo internacional responde, en parte, a las declaraciones realizadas por Ortega en julio pasado, cuando anunció que no habría más elecciones en Nicaragua. Posteriormente, su Gobierno impulsó reformas constitucionales encaminadas a impedir la participación electoral de personas consideradas "traidores a la patria", una denominación utilizada por las autoridades para referirse a determinados opositores y críticos del oficialismo.
Ante este escenario, el grupo ministerial buscará establecer canales de comunicación tanto con las autoridades nicaragüenses como con representantes de la oposición, organizaciones civiles y sectores de la población que permanecen en el exilio.
De acuerdo con lo establecido por la OEA, los integrantes deberán presentar recomendaciones que contemplen medidas diplomáticas y jurídicas concretas, sin recurrir al uso de la fuerza. El plazo máximo fijado para la entrega de estas propuestas es de 60 días a partir de la aprobación de la resolución.
Además de exigir la celebración de elecciones, el organismo regional ha solicitado la liberación incondicional de las personas encarceladas por motivos políticos, el respeto a los derechos humanos, la recuperación de la separación de poderes y la restitución de derechos a ciudadanos que han sido privados de su nacionalidad.
La presión internacional ocurre en un contexto de creciente preocupación por la situación política de Nicaragua, particularmente desde las protestas antigubernamentales de 2018. Aquellas movilizaciones fueron reprimidas por las autoridades y dejaron más de 300 personas fallecidas, según cifras de organismos internacionales.
Aunque Nicaragua formalizó su salida de la OEA en noviembre de 2023, los países integrantes del organismo consideran que el Gobierno nicaragüense continúa sujeto a obligaciones internacionales relacionadas con la protección de los derechos humanos y los principios democráticos.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha insistido en la necesidad de recuperar el orden constitucional en Nicaragua y ha planteado la posibilidad de que los Estados miembros adopten medidas individuales, como restricciones financieras y de viaje contra funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos.
La participación en el nuevo grupo ministerial será voluntaria y permanecerá abierta a otros países miembros de la organización, con el objetivo de ampliar los esfuerzos diplomáticos y construir una respuesta regional ante la situación nicaragüense.
Hasta el momento, el Gobierno de Daniel Ortega no ha anunciado públicamente su disposición a participar en las conversaciones propuestas por el organismo internacional.
La conformación de este bloque representa un nuevo intento de la comunidad internacional por establecer mecanismos de diálogo que permitan atender la crisis política de Nicaragua. Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad de los países participantes para alcanzar acuerdos y de la disposición de las autoridades nicaragüenses para aceptar una negociación que contemple el restablecimiento de las garantías electorales y democráticas.