Doctrina Estrada: qué es y por qué sigue siendo clave en la política exterior de México

Durante casi un siglo, México ha contado con una brújula diplomática que le permitió mantener una política exterior basada en la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención: la Doctrina Estrada. Más que una fórmula diplomática del pasado, representa una concepción del lugar que México debe ocupar frente a los conflictos políticos de otras naciones.

Formulada en 1930 por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada Félix, la doctrina sostiene esencialmente que México no debe convertirse en juez de la legitimidad de los gobiernos extranjeros. En consecuencia, evita la práctica de otorgar o negar reconocimientos oficiales a gobiernos surgidos de revoluciones, golpes de Estado, crisis institucionales o cambios abruptos de poder.

El razonamiento detrás de este principio es sencillo pero profundo: cuando un Estado decide reconocer o desconocer a otro gobierno, implícitamente está calificando su legitimidad y, por tanto, interviniendo políticamente en asuntos que corresponden exclusivamente a los ciudadanos de esa nación.

México conocía perfectamente las consecuencias de esa práctica. Después de la Revolución Mexicana, distintos gobiernos nacionales estuvieron sujetos al reconocimiento de las grandes potencias, particularmente de Estados Unidos. De ahí surgió una posición diplomática que buscaba defender no solamente a México, sino establecer una regla de respeto entre naciones.

No significa guardar silencio

Uno de los errores más frecuentes consiste en interpretar la Doctrina Estrada como una obligación de permanecer indiferente ante lo que ocurre en otros países.

México puede defender los derechos humanos, promover la democracia, condenar la violencia, impulsar soluciones pacíficas y participar activamente en organismos multilaterales. Lo que establece la doctrina es un límite: México no debe asumir el derecho de decidir quién merece gobernar a otro pueblo.

Existe una diferencia fundamental entre expresar preocupación por una crisis política o humanitaria y convertirse en árbitro de la legitimidad de un gobierno extranjero.

Ese matiz adquiere especial importancia en un mundo nuevamente dividido por conflictos geopolíticos, guerras, sanciones económicas y enfrentamientos entre grandes potencias.

La soberanía como protección

La Doctrina Estrada también tiene una dimensión práctica que algunas veces se olvida. México comparte más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, la mayor potencia económica y militar del continente.

Por ello, el principio de no intervención funciona en ambos sentidos.

México reclama respeto para las decisiones soberanas de otros países precisamente porque exige el mismo respeto para las propias. Resultaría contradictorio defender el derecho de intervenir políticamente en otras naciones y posteriormente reclamar que ninguna potencia pretenda influir en los asuntos internos mexicanos.

La política exterior no puede depender simplemente de simpatías ideológicas. Si México condena una intervención cuando afecta a un gobierno con el que coincide políticamente, pero la acepta cuando se trata de un gobierno con el que discrepa, la doctrina deja de ser un principio para convertirse en conveniencia.

Una doctrina sometida a prueba

A lo largo de las últimas décadas, distintos gobiernos mexicanos han interpretado con mayor o menor rigor este principio. Las crisis políticas de América Latina han colocado repetidamente a México frente al dilema entre defender la democracia y respetar estrictamente la autodeterminación.

Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Perú y otros episodios regionales han provocado discusiones acerca de hasta dónde debe llegar la no intervención.

Precisamente ahí radica la vigencia de la Doctrina Estrada.

Los principios diplomáticos son importantes no cuando resulta sencillo cumplirlos, sino cuando hacerlo resulta incómodo.

México puede y debe pronunciarse en favor de libertades fundamentales y utilizar los mecanismos internacionales de los que forma parte. Pero existe una línea que conviene preservar: la decisión sobre quién gobierna una nación corresponde, en última instancia, a sus ciudadanos y a sus instituciones.

México no debe convertirse en juez

La Doctrina Estrada nació de una experiencia histórica profundamente mexicana: haber sufrido presiones externas para determinar la legitimidad de nuestros propios gobiernos.

Por eso sería un error reducirla a una reliquia diplomática de 1930.

En una época en la que las relaciones internacionales vuelven a estar determinadas por bloques políticos, sanciones, presiones económicas y disputas entre potencias, defender la soberanía adquiere nuevamente enorme importancia.

México debe mantener una política exterior activa, firme y capaz de defender los derechos humanos. Pero también debe recordar una regla elemental que durante décadas le otorgó autoridad diplomática:

podemos opinar sobre lo que sucede en el mundo, pero no nos corresponde decidir qué gobierno extranjero es legítimo y cuál no.

Esa es la esencia de la Doctrina Estrada y, casi un siglo después de su formulación, continúa siendo uno de los pilares más valiosos de la tradición diplomática mexicana.