Empresa de EU pagará más de 10 millones de dólares por sobornar a funcionarios mexicanos
The Scoular Company, una empresa estadounidense dedicada a la cadena de suministro agrícola, acordó pagar más de 10 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por un esquema de sobornos a funcionarios mexicanos que se prolongó durante seis años.
La compañía, con sede en Omaha, Nebraska, celebró un acuerdo de procesamiento diferido por tres años, relacionado con un cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El caso fue presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas.
De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2013 y 2019 la empresa recurrió a distintos agentes aduanales para facilitar el cruce de trenes cargados con maíz y otros productos desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.
Las mercancías debían someterse a inspecciones para detectar tierra, suciedad y otras impurezas. Cuando los cargamentos no cumplían con las condiciones establecidas, los agentes aduanales, con autorización de empleados de Scoular, entregaban sobornos a funcionarios mexicanos para permitir que los trenes continuaran su recorrido.
Los pagos ascendían aproximadamente a 2 mil dólares por cada tren. Posteriormente, los agentes aduanales facturaban las cantidades a Scoular bajo el concepto de gastos por nuevas inspecciones, lo que permitía que la empresa reembolsara los recursos utilizados en los sobornos.
Durante los seis años en los que funcionó el esquema, la compañía autorizó pagos ilícitos por más de 400 mil dólares y evitó cubrir aproximadamente 6.5 millones de dólares en costos y tarifas. Los empleados involucrados también intercambiaron información sobre los cargamentos y los pagos mediante WhatsApp y otros medios de comunicación.
La investigación determinó que una parte del dinero terminó beneficiando a personas relacionadas con las operaciones criminales de un cártel que actuaba en la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses señalaron que ni la empresa ni sus empleados conocían ese destino final.
“Una parte de esos sobornos terminó beneficiando a personas que ayudaban a operar un cártel”, declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.
El funcionario sostuvo que la corrupción no solamente afecta la competencia comercial, sino que también perjudica los esfuerzos de seguridad nacional dirigidos a detener las actividades de las organizaciones criminales.
Como parte del acuerdo alcanzado con las autoridades, Scoular pagará una sanción penal de 9 millones 769 mil 521 dólares, además de entregar 414 mil 351 dólares relacionados con los beneficios obtenidos mediante las operaciones investigadas. La empresa también deberá colaborar con cualquier investigación presente o futura que surja durante los tres años de vigencia del acuerdo.
El Departamento de Justicia tomó en consideración la cooperación de la compañía, la investigación interna realizada y las medidas adoptadas para corregir sus mecanismos de control. Entre las acciones implementadas se encuentran la cancelación de relaciones con los agentes aduanales involucrados, la reestructuración de sus áreas de cumplimiento, el fortalecimiento de los controles financieros y la ampliación de la capacitación contra la corrupción.
No obstante, Scoular no recibió el beneficio correspondiente a una revelación voluntaria, debido a que no informó oportunamente sobre las irregularidades antes de que fueran investigadas. La cooperación posterior y las medidas correctivas permitieron que la sanción fuera reducida en un 25 por ciento respecto del nivel mínimo contemplado inicialmente.
En una declaración difundida tras conocerse el acuerdo, la compañía aseguró que actualmente opera de manera diferente y mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que violen sus normas profesionales. También destacó que cooperó con las autoridades y reforzó sus controles internos para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.
El caso expone cómo un esquema empresarial creado para agilizar el comercio fronterizo puede terminar alimentando indirectamente las estructuras de la delincuencia organizada. También subraya la responsabilidad de las compañías estadounidenses de supervisar a sus intermediarios, especialmente cuando operan en regiones donde la corrupción y la presencia de grupos criminales representan riesgos permanentes.