Espita y el peligro de normalizar la violencia policial

Hay imágenes que sacuden a una sociedad. No porque sean nuevas, sino porque nos recuerdan que el abuso de poder sigue siendo una tentación para quienes olvidan que la autoridad existe para proteger, no para someter.

Lo ocurrido en Espita no puede despacharse con un comunicado de prensa ni esconderse detrás de tecnicismos legales. Un video muestra a presuntos policías municipales golpeando y sometiendo a un joven. Días después, ese joven murió. Será la Fiscalía quien determine si existe una relación entre ambos hechos y quiénes son los responsables. Pero hay algo que ya es irrefutable: la confianza de los ciudadanos en su policía volvió a recibir un golpe.

Cada vez que un elemento de seguridad utiliza la fuerza fuera de la ley, no agrede solamente a una persona. Golpea a toda la institución. Destruye años de trabajo de los buenos policías que sí entienden que portar un uniforme significa servir con honor y actuar con disciplina.

El uniforme no es una licencia para humillar. La placa no autoriza la venganza. El arma no convierte a nadie en juez. En un Estado democrático, la policía detiene; los jueces sentencian. Cuando esa frontera desaparece, aparece el autoritarismo.

Lo más preocupante es que México parece haberse acostumbrado a ver este tipo de escenas. Circulan unos días en redes sociales, provocan indignación, se promete una investigación y, con demasiada frecuencia, todo termina en el olvido. Esa normalización es tan peligrosa como el propio abuso.

Yucatán ha construido durante décadas una reputación como uno de los estados más seguros del país. Esa fortaleza no depende únicamente de tener bajos índices delictivos. También exige que las corporaciones policiales actúen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos. La seguridad no puede sostenerse sobre el miedo a la autoridad.

Si algún elemento policial actuó fuera de la ley, no merece protección corporativa ni consideraciones políticas. Merece una investigación imparcial y, de acreditarse responsabilidades, una sanción ejemplar. Encubrir a un mal policía nunca fortalece a una corporación; la debilita frente a la sociedad.

También sería un error utilizar este caso para condenar indiscriminadamente a todos los policías. La mayoría sale todos los días a cumplir con su deber de manera honesta. Precisamente por ellos, por su prestigio y por el respeto que merecen, es indispensable separar y castigar a quien manche el uniforme.

El silencio institucional nunca ha sido una estrategia inteligente. La transparencia sí. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, qué dicen los peritajes, qué responsabilidades existen y qué medidas se tomarán para impedir que algo semejante vuelva a repetirse.

Porque si la ley no alcanza a quienes están encargados de hacerla cumplir, entonces deja de ser ley y se convierte en privilegio.

Espita necesita justicia. Pero Yucatán necesita algo todavía más importante: la certeza de que ningún uniforme está por encima de la Constitución y de que el poder público siempre tendrá un límite. Ese límite se llama dignidad humana.