EU elogia a García Harfuch, pero mantiene la presión sobre el gobierno mexicano
El analista político Jesús Silva-Herzog Márquez consideró que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento marcado por señales contradictorias, en el que el gobierno mexicano puede recibir un reconocimiento desde Washington y, prácticamente al mismo tiempo, enfrentar nuevas presiones políticas y judiciales.
Durante su participación en Latinus, el columnista abordó los elogios que el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, dirigió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas celebrada en Buenos Aires, Argentina.
Cole calificó al funcionario mexicano como un “socio de confianza” y un “buen amigo de Estados Unidos”, además de reconocer su trayectoria en materia de seguridad y la cooperación que mantiene con autoridades estadounidenses para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.
Para Silva-Herzog Márquez, el reconocimiento puede interpretarse como una señal favorable para la administración de Claudia Sheinbaum, particularmente porque García Harfuch se ha convertido en uno de los principales interlocutores del gobierno mexicano con las agencias de seguridad estadounidenses.
Sin embargo, el analista advirtió que los elogios no significan que Washington haya reducido la presión sobre México. Por el contrario, consideró que la estrategia estadounidense mantiene abierta la posibilidad de nuevas acciones contra políticos y funcionarios a los que sus autoridades relacionen con organizaciones criminales.
El contraste ha sido evidente en las últimas semanas. Antes de elogiar a García Harfuch, el propio director de la DEA había asegurado que existía una “conexión mortal” entre redes de los cárteles y autoridades mexicanas, declaraciones que fueron rechazadas por el gobierno de Sheinbaum ante la falta de pruebas públicas.
Estados Unidos también ha endurecido su discurso contra los denominados “narcopolíticos”. La DEA ha advertido que perseguirá a quienes utilicen cargos públicos o conexiones políticas para proteger a organizaciones criminales y ha sostenido que ninguna posición de poder garantizará inmunidad frente a sus investigaciones.
La presión estadounidense ya ha tenido consecuencias políticas en México. En meses recientes, autoridades de ese país presentaron acusaciones contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras que la cancelación de visas a distintas figuras mexicanas ha incrementado las tensiones entre ambos gobiernos.
Uno de los casos que mayor repercusión política generó fue el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó la medida como una decisión política y negó haber cometido algún delito. La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó la determinación y pidió que se presentaran pruebas en caso de existir señalamientos en su contra.
En este escenario, Silva-Herzog Márquez plantea que los elogios dirigidos a García Harfuch no deben confundirse con un respaldo general al gobierno mexicano. La buena relación con uno de sus funcionarios de seguridad convive con una política estadounidense cada vez más agresiva contra actores políticos que Washington considera relacionados con redes criminales.
La relación bilateral aparece así sometida a una dinámica impredecible: mientras Estados Unidos reconoce la cooperación de determinados funcionarios mexicanos, mantiene abiertas investigaciones, sanciones y medidas que pueden golpear directamente a integrantes o personajes cercanos al movimiento gobernante.
Desde la perspectiva del columnista, esa combinación representa el verdadero desafío para el gobierno de Sheinbaum: recibir una señal de confianza desde Washington sin saber cuándo puede llegar una nueva confrontación.