Expertos de la ONU advierten que Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad desde 2018

Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que existen motivos razonables para considerar que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad como parte de una política sistemática de represión contra opositores y sectores críticos al poder.

El informe, que cubre hechos registrados desde abril de 2018, tiene consecuencias directas para los más de cinco mil nicaragüenses que viven fuera del país y que, según los investigadores, también son objeto de vigilancia y hostigamiento transnacional. Sus conclusiones no equivalen a una sentencia judicial, pero sí abren vías para una acción legal internacional.

Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, precisó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU que el sistema político nicaragüense está orientado a mantener a la pareja gobernante en el poder. Reed Brody, otro integrante del equipo, confirmó que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controla la Policía, los tribunales y el sistema penitenciario. Ambos señalaron que la reforma constitucional adoptada en 2025 concentró aún más facultades en Ortega y Murillo, quienes ocupan las copresidencias del país, y redujo la independencia de los poderes Legislativo y Judicial.

La investigación documenta que al menos 452 nicaragüenses identificados como opositores fueron privados de su nacionalidad desde febrero de 2023, tras ser declarados traidores a la patria. Entre los afectados figuran antiguos dirigentes sandinistas, un exvicepresidente y candidatos presidenciales de 2021. Además, más de cinco mil organizaciones civiles —incluyendo numerosas instituciones religiosas— fueron cerradas desde el inicio de la represión en 2018, año en que la violencia contra protestas antigubernamentales dejó cientos de personas fallecidas.

El gobierno de Ortega rechazó los señalamientos, acusó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de actuar con parcialidad y suspendió su cooperación con ese organismo, al que calificó de instrumento de presiones políticas de potencias extranjeras. Pese a ello, el grupo de expertos instó a otros Estados a evaluar la presentación de una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presuntas violaciones de obligaciones internacionales vinculadas con la apatridia. Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma, el tratado que rige la Corte Penal Internacional (CPI), lo que condiciona las vías judiciales disponibles para exigir responsabilidades penales individuales.