Fernando Farías llega al Altiplano por presunta red de huachicol fiscal en la Marina
Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), fue ingresado la mañana de este viernes 21 de agosto al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de ser trasladado desde Argentina.
Farías Laguna es señalado por las autoridades mexicanas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustibles, esquema conocido como huachicol fiscal. Tras su llegada a la Ciudad de México, permaneció durante aproximadamente tres horas en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se ejecutó una orden de aprehensión por delincuencia organizada y se le realizaron exámenes médicos.
Posteriormente, fue trasladado en un helicóptero de la Armada de México al penal de máxima seguridad, donde quedará a disposición del juez federal que lo requiere por el caso. En ese mismo centro penitenciario también se encuentra su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, así como otros exintegrantes de la Marina relacionados con la investigación.
El excontralmirante había sido detenido en Argentina el pasado 23 de abril, después de que la FGR solicitara una ficha roja de Interpol. Aunque México inició inicialmente un procedimiento para obtener su extradición, finalmente las autoridades argentinas determinaron su expulsión, lo que permitió concretar su traslado al país.
De acuerdo con la FGR, Farías Laguna estaría relacionado con una estructura criminal dedicada al contrabando, transporte y distribución de hidrocarburos. Hasta ahora, otras 15 personas han sido detenidas dentro de las investigaciones, entre ellas 12 exfuncionarios públicos.
Las indagatorias cobraron fuerza después del aseguramiento de millones de litros de combustible transportados por vía marítima. En marzo de 2025, las autoridades decomisaron un buque con aproximadamente ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas, mientras que posteriormente fue detectada una operación similar en Ensenada, Baja California.
La Fiscalía sostiene que el esquema consistía en introducir hidrocarburos al país declarándolos como aceites o aditivos con el objetivo de evadir el pago de impuestos. La operación habría contado con la participación de servidores públicos, agentes aduanales y empresas legalmente constituidas encargadas de transportar y distribuir el producto.
Según las estimaciones de la FGR, los aseguramientos realizados habrían impedido ganancias superiores a los 340 millones de pesos para la presunta organización. Las investigaciones continúan y existen nuevas órdenes de aprehensión contra personas que presuntamente participaron como accionistas, socios, apoderados o enlaces de la red en distintos estados del país.