FGR acusa a empresa vinculada con Ernesto Ruffo de operar red de huachicol fiscal
La Fiscalía General de la República acusó a la empresa Ingemar, vinculada con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, de presuntamente participar en una amplia red dedicada al contrabando de combustible desde Estados Unidos mediante el uso de ferrotanques y documentación aduanera irregular.
Las investigaciones relacionan a la compañía con dos importantes aseguramientos realizados durante 2025. El primero ocurrió en un patio ferroviario de Vanegas, San Luis Potosí, donde fueron localizados 34 ferrotanques que transportaban aproximadamente cuatro millones 80 mil litros de hidrocarburos. Posteriormente, las autoridades decomisaron otros 129 carrotanques en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, con más de 15 millones de litros de combustible. En conjunto, ambos operativos involucraron 163 unidades ferroviarias.
De acuerdo con la investigación federal, las empresas relacionadas con la red se presentaban formalmente como importadoras de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al ingresar los cargamentos a México declaraban cantidades menores a las transportadas o registraban sustancias distintas, como desperdicios de combustible y aceite quemado, para reducir el pago de impuestos.
Las autoridades habrían detectado que algunos ferrotanques eran reportados con apenas una fracción de su capacidad, pese a que las revisiones posteriores mostraron que se encontraban completamente llenos. Este mecanismo permitía introducir gasolina y diésel con una carga fiscal inferior a la correspondiente y posteriormente distribuirlos en el mercado nacional.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, señaló que el análisis de información ministerial, fiscal, financiera, ferroviaria, aduanera y de comercio exterior permitió identificar lo que calificó como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.
Según lo expuesto por la FGR, la organización operaba mediante la participación coordinada de empresas importadoras, agentes aduanales, compañías destinatarias, operadores ferroviarios y personas encargadas de dispersar los recursos obtenidos. Cada uno de estos eslabones habría contribuido a dificultar el seguimiento del combustible y a aparentar que su origen y comercialización eran legales.
Las indagatorias también identificaron más de cuatro mil operaciones de importación efectuadas entre enero y julio de 2025 por medio de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, todas ubicadas en Tamaulipas. La red habría extendido sus actividades a ocho estados del país y provocado un daño al erario superior a cuatro mil millones de pesos.
La Fiscalía reportó, además, movimientos por más de tres mil 75 millones de pesos mediante cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación contra socios, operadores logísticos, agentes aduanales y servidores públicos que presuntamente facilitaron las operaciones.
Como parte del caso, Ernesto Ruffo Appel fue detenido en Ensenada, Baja California, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando. También fue capturado Ricardo Thompson Navarro, relacionado con Ingemar y con otras compañías que forman parte de la estructura empresarial investigada.
Ruffo Appel ha rechazado anteriormente que la empresa sea responsable del combustible asegurado. El exmandatario sostuvo que Ingemar únicamente realizaba procedimientos de importación y trámites aduanales, por lo que la revisión física de los cargamentos correspondía a las autoridades. También afirmó que estaba dispuesto a colaborar con las investigaciones.
La FGR informó que obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas consideradas objetivos prioritarios dentro de esta investigación. Las autoridades buscan determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y establecer cómo funcionaba la red financiera, logística y comercial utilizada para introducir y distribuir el combustible.
Las acusaciones deberán ser presentadas y acreditadas ante las autoridades judiciales correspondientes. Tanto Ernesto Ruffo como las demás personas investigadas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad.