Grafiteros con permiso municipal cubren el Muro de Políticos Corruptos en Cancún
Activistas denuncian que un grupo los amenazó con maderos y piedras durante el desacuerdo por el espacio
Un grupo de grafiteros cubrió, el miércoles, el llamado Muro de Políticos Corruptos bajo el puente de la avenida José López Portillo, en Cancún, pese a que integrantes de Activistas Cancún restauraban la exhibición instalada desde 2017.
El hecho reabre una disputa sobre el uso de un espacio público que, por casi una década, sirvió como exhibición de fotografías de políticos señalados por corrupción. Mientras los jóvenes grafiteros mostraron un permiso del Ayuntamiento de Benito Juárez para intervenir el muro, los activistas sostienen que se trata de un sitio de memoria y expresión política que no debía borrarse.
José Alfredo Pech Tzek, presidente de Activistas Cancún, relató que el encuentro con los grafiteros se tornó tenso y que, presuntamente, uno de los jóvenes tomó un madero para amenazarlos. Pech Tzek afirmó también que una combi se acercó al lugar y que sus ocupantes les mostraron piedras. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para mantener el orden, pero, según el testimonio del activista, no intervinieron en la disputa por el mural.
El muro, pintado ahora de color mostaza con trazos abstractos, sustituyó al llamado Muro de Políticos Corruptos, Ladrones y Genocidas de México, creado por Activistas Cancún con fotografías de expresidentes, exgobernadores y figuras políticas de Quintana Roo. Entre las imágenes que integraban la exhibición se encontraban las de Pablo Bustamante y Juan Carrillo Soberanis, ambos vinculados con el Partido Verde.
De acuerdo con el colectivo, el espacio había sido intervenido en varias ocasiones anteriores y sus integrantes lo restauraban después de cada afectación, llegando incluso a ampliar el tamaño de algunas fotografías, en particular las de políticos del Partido Verde.
Pech Tzek insistió en que el colectivo no buscaba confrontar a los jóvenes grafiteros, sino preservar una exhibición que ya se encontraba en proceso de restauración al momento de la intervención. El desacuerdo deja sin resolver quién tiene autoridad sobre el uso del espacio bajo el puente, entre un permiso municipal vigente y una exhibición de memoria política con casi diez años de presencia en el lugar.