IFDP sale del escritorio y lleva defensa jurídica gratuita a colonias, cárceles y redes sociales

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) reorientó su modelo de operación tras la reforma al Poder Judicial de 2024 y ahora despliega brigadas en centros penitenciarios, comunidades indígenas, estaciones del Metro de la Ciudad de México y redes sociales para detectar y atender conflictos legales de ciudadanos que de otro modo no buscarían ayuda. Benjamín Rubio Chávez, abogado y titular del IFDP, confirmó el cambio en entrevista al precisar que la reforma impulsó lo que él denomina «un principio de derecho constitucional» que siempre existió pero que nunca se había puesto en práctica: la cercanía de la justicia.

El giro operativo tiene consecuencias directas para decenas de miles de personas. Las brigadas a Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y Centros de Reinserción Social (Ceresos) generaron más de 2,200 libertades en 2024, entre preliberaciones y libertades condicionadas de personas que ya reunían los requisitos legales pero cuyo trámite estaba paralizado. El programa arrancó el 13 de febrero de ese año: en los primeros 16 días se obtuvieron 365 liberaciones. De forma extraordinaria, el Instituto también participó en aproximadamente 600 representaciones del fuero común, ámbito en el que formalmente no tiene competencia.

Rubio Chávez detalló que el IFDP atiende en materia penal a cerca de 27,000 personas en proceso y a unas 40,000 sentenciadas en ejecución de pena, lo que suma alrededor de 70,000 usuarios con casi 900 defensores. En asesoría jurídica —que cubre problemas cotidianos como cobros excesivos de luz y agua, falta de medicamentos, fraudes bancarios y pensiones— el Instituto asistió a cerca de 50,000 personas con aproximadamente 300 asesores. Los temas que concentran mayor demanda son salud, seguridad social y movilidad de extranjeros que buscan refugio o regularización migratoria.

Para reducir la brecha geográfica, el IFDP puso en marcha 14 casas de asesoría jurídica intercultural desde noviembre del año pasado, cuando inauguró la primera en Huejutla de Reyes, Hidalgo. Cada oficina cuenta con abogados que hablan la lengua de la comunidad y conocen tanto el sistema normativo indígena como el sistema jurídico tradicional. La meta es llegar a 30 sedes antes de que concluya el encargo de Rubio Chávez en 2028; para el cierre del año en curso, el objetivo es alcanzar 16 casas. En la Ciudad de México, el Instituto busca establecer presencia en todas las alcaldías y ya opera en el edificio sede de San Lázaro.

El Instituto mantiene además una unidad especial para violencia de género integrada por 33 abogadas que, ante la restricción normativa que impide el acompañamiento formal de víctimas, rastrean casos en medios de comunicación y redes sociales para ofrecerles representación de manera proactiva. Entre 2021 y 2025 el IFDP acumuló 110 asuntos de feminicidio; en lo que va de 2025 ya registra cerca de 600. Rubio Chávez subrayó que los defensores y asesores del Instituto acceden al cargo mediante examen y se mantienen sujetos a supervisión, evaluación y capacitación continua, con el propósito de desmontar la percepción de que la defensa pública ofrece menor calidad que la privada.