Investigación del INE alcanza a Yucatán: ASF identifica contratos electorales por 151.1 millones de pesos

Mérida, Yucatán, 5 de noviembre de 2026.– Las investigaciones federales sobre posibles irregularidades en la contratación de proveedores electorales alcanzaron a Yucatán. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó 151.1 millones de pesos en contratos vinculados con el universo de empresas bajo revisión, una cifra que coloca al organismo electoral yucateco entre los diez institutos estatales con mayores montos de contratación señalados en el análisis nacional.

El caso adquiere especial relevancia porque ocurre en vísperas del inicio formal del proceso electoral local de 2027, cuando las autoridades deberán garantizar no solamente la organización de elecciones confiables, sino también la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a ellas.

La ASF anunció que ampliará sus investigaciones para examinar las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 por el Instituto Nacional Electoral (INE), su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los organismos públicos locales electorales de las 32 entidades federativas.

El objetivo es identificar posibles irregularidades en los procedimientos de contratación, concentración de proveedores, vínculos empresariales y prácticas que pudieran haber afectado la competencia en las licitaciones.

Yucatán, entre los diez organismos electorales con mayores contrataciones

De acuerdo con el desglose nacional, las empresas relacionadas con las investigaciones acumularon contratos por aproximadamente 3 mil 790.3 millones de pesos con autoridades electorales federales y estatales.

La mayor parte de los recursos identificados corresponde a los organismos públicos locales electorales.

Entre las diez entidades con mayores montos aparecen Veracruz, Oaxaca, Coahuila, Puebla, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, Estado de México, Jalisco y Yucatán.

En el caso yucateco, la cifra asciende a 151.1 millones de pesos.

El monto coloca bajo atención las adquisiciones realizadas para procesos electorales de distintas administraciones, particularmente aquellas relacionadas con la producción de documentación, materiales y otros insumos necesarios para organizar las votaciones.

Sin embargo, es indispensable establecer una diferencia: los 151.1 millones de pesos corresponden al valor de contratos identificados, no a dinero cuyo desvío haya sido acreditado.

La revisión deberá determinar si los procedimientos se realizaron conforme a la legislación y si existieron conductas que ameriten responsabilidades administrativas o penales.

IEPAC revela empresas contratadas en los últimos procesos electorales

Ante los cuestionamientos nacionales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) difundió un desglose de las empresas que suministraron material electoral durante los últimos cinco procesos ordinarios.

Según la información proporcionada por el organismo, en 2012 se contrató a Diseño, Reconstrucción y Comunicación por aproximadamente 14.47 millones de pesos.

En 2015, Formas Finas y Materiales recibió un contrato por 12.95 millones de pesos, mientras que en 2018 la misma compañía obtuvo una contratación por 20.06 millones.

Para las elecciones de 2021, Cajas Graf fue contratada por 12.38 millones de pesos.

En 2024, Comercializadora JVLY obtuvo un contrato por 26.51 millones de pesos para suministrar material electoral y documentación sin emblemas.

Estas cinco contrataciones suman aproximadamente 86.37 millones de pesos, aunque corresponden a un periodo y un conjunto de adquisiciones distintos del universo histórico que revisa la ASF.

Por lo tanto, no sería correcto equiparar automáticamente ambas cifras ni asumir que todos los contratos publicados por el IEPAC presentan irregularidades.

El instituto señaló que las adquisiciones fueron realizadas durante distintas administraciones y reiteró su disposición a entregar la documentación que soliciten las autoridades fiscalizadoras.

La investigación abarcará 25 años de adquisiciones electorales

La Auditoría Superior de la Federación anunció tres líneas de trabajo para profundizar en las operaciones relacionadas con proveedores electorales.

La primera consiste en investigaciones de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones realizadas por el IFE, el INE y los organismos estatales.

La segunda comprende un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar patrones de contratación y concentración de proveedores.

La tercera contempla una auditoría integral al INE y una revisión del gasto federalizado ejercido por los organismos públicos locales electorales.

La amplitud del periodo investigado permitirá examinar operaciones realizadas durante distintas administraciones y bajo diferentes condiciones políticas.

Entre los aspectos que las autoridades buscan esclarecer se encuentran las relaciones entre compañías participantes en licitaciones, los mecanismos de adjudicación y la posible existencia de prácticas que limitaran la competencia.

También se revisarán los controles administrativos utilizados para verificar el cumplimiento de los contratos y la entrega de los bienes adquiridos.

Contrataciones electorales, un asunto de interés público

La organización de elecciones requiere una estructura logística considerable.

Cada proceso implica producir documentación, adquirir materiales, preparar paquetes electorales y garantizar que los instrumentos necesarios lleguen oportunamente a las casillas.

Estas tareas representan gastos importantes que deben realizarse mediante procedimientos transparentes y sujetos a supervisión.

En ese contexto, la concentración de contratos entre determinados proveedores merece una revisión cuidadosa, especialmente cuando existen indicios de relaciones corporativas entre empresas que participaron en concursos públicos.

La existencia de vínculos empresariales no demuestra automáticamente una irregularidad. Lo que corresponde determinar a las autoridades es si esas relaciones fueron declaradas cuando resultaba obligatorio, si existió competencia efectiva y si las contrataciones se ajustaron a las disposiciones legales.

También deberá establecerse si los bienes y servicios contratados fueron entregados correctamente y si sus precios correspondieron a condiciones razonables de mercado.

El IEPAC asegura que colaborará con las autoridades

En su posicionamiento, el organismo electoral de Yucatán manifestó que proporcionará la información que le sea requerida por las instancias competentes.

También precisó que las contrataciones realizadas durante la actual presidencia se han desarrollado conforme a los procedimientos previstos en su Reglamento de Adquisiciones.

El instituto explicó que en los procesos correspondientes intervienen distintas áreas administrativas y de supervisión, entre ellas el Órgano Interno de Control, la Secretaría Ejecutiva y las direcciones responsables de la administración, organización electoral y asuntos jurídicos.

Asimismo, señaló que la contratación de determinados materiales debe cumplir requisitos establecidos por la normativa nacional electoral.

La autoridad local evitó emitir conclusiones anticipadas sobre las empresas mencionadas en las investigaciones federales.

Este posicionamiento deberá contrastarse con los expedientes de contratación y los resultados que eventualmente publique la ASF.

Transparencia electoral rumbo a 2027

La ampliación de las investigaciones ocurre en un momento especialmente sensible para Yucatán.

El proceso electoral local 2026-2027 comenzará formalmente este viernes 6 de noviembre, con la renovación de diputaciones y ayuntamientos en el horizonte.

En ese contexto, la confianza ciudadana dependerá tanto de la capacidad técnica del organismo electoral como de la claridad con la que explique el uso de sus recursos.

Las investigaciones federales representan una oportunidad para revisar procedimientos históricos y, en caso de detectarse deficiencias, fortalecer los mecanismos de contratación.

También será importante conocer si las autoridades electorales modificarán sus controles internos para evitar que empresas relacionadas entre sí puedan obtener ventajas indebidas en los procedimientos de adquisición.

El IEPAC tendrá la oportunidad de demostrar, mediante documentos y expedientes públicos, cómo se desarrollaron las contrataciones y qué medidas de supervisión se aplicaron.

Las preguntas que deberán responderse

La investigación deja asuntos que todavía requieren respuestas concretas.

Será necesario identificar qué contratos integran exactamente los 151.1 millones de pesos atribuidos a Yucatán, cuáles fueron las empresas beneficiadas, en qué años se adjudicaron y qué funcionarios intervinieron en los procedimientos.

También deberá aclararse si existieron licitaciones con participantes relacionados entre sí, si se detectaron incumplimientos y cuáles fueron los resultados de las auditorías anteriores.

Estas preguntas no implican atribuir culpabilidad a los involucrados. Constituyen elementos necesarios para comprender cómo se ejercieron recursos públicos destinados a la organización electoral.

La fiscalización deberá realizarse con rigor técnico, transparencia y respeto al debido proceso.

La investigación del INE ha dejado de ser un asunto exclusivamente nacional. Los 151.1 millones de pesos identificados en Yucatán colocan bajo revisión una parte de la historia de las contrataciones electorales del estado.

En vísperas de una nueva contienda, el esclarecimiento de estas operaciones será fundamental para fortalecer la confianza pública.

Porque la credibilidad de una elección no comienza cuando se cuentan los votos. También depende de la transparencia con la que se administran los recursos utilizados para organizarla.