Javier García Paniagua: El heredero del poder que conoció las entrañas del sistema mexicano

Javier García Paniagua conocía prácticamente todos los caminos que conducían al poder en México. Había recorrido los pasillos del Congreso, dirigido la temida Dirección Federal de Seguridad, participado en las decisiones de Gobernación, administrado conflictos agrarios y presidido el Partido Revolucionario Institucional cuando se acercaba la sucesión de José López Portillo.

Conocía a los gobernadores, a los militares, a los dirigentes sindicales y a los hombres que controlaban las organizaciones políticas del país. Había construido relaciones dentro de los organismos de inteligencia y aprendido a utilizar la información como instrumento de gobierno. Su apellido también pesaba: era hijo del general Marcelino García Barragán, uno de los militares más influyentes del México posrevolucionario.

Tenía experiencia, relaciones y acceso al círculo presidencial. Había razones para que su nombre figurara entre los posibles sucesores de López Portillo. Pero cuando llegó el momento, el Presidente eligió a Miguel de la Madrid Hurtado.

Aquella decisión marcó su carrera. El hombre que conocía las entrañas del régimen descubrió hasta dónde llegaba su influencia cuando la voluntad presidencial tomaba otro rumbo.

Reducir su historia a esa derrota, sin embargo, dejaría fuera lo más importante. García Paniagua participó en la vigilancia de movimientos políticos y sociales, intervino en los conflictos del campo, dirigió la maquinaria partidista del gobierno y, años después, volvió a recurrir a los hombres de la antigua policía política para enfrentar los problemas de seguridad de la capital. Su trayectoria permite observar cómo se ejercía el poder y qué ocurría cuando uno de sus operadores dejaba de formar parte del proyecto presidencial.

El peso de un apellido

Javier García Paniagua nació en Casimiro Castillo, Jalisco, el 5 de febrero de 1935. Su padre, Marcelino García Barragán, fue gobernador de Jalisco entre 1943 y 1947 y secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

El general pertenecía a una generación de militares cuya influencia trascendía los cuarteles. Sus relaciones con presidentes, gobernadores y dirigentes políticos lo colocaban dentro de los círculos donde se discutían las grandes decisiones nacionales. Como titular de la Defensa ocupó una posición central durante el movimiento estudiantil de 1968 y la represión del 2 de octubre en Tlatelolco, acontecimientos que dejaron una profunda herida y responsabilidades que siguen siendo materia de investigación histórica.

Javier creció cerca de ese mundo. Las jerarquías, las lealtades y la confianza presidencial formaban parte del ambiente familiar. También la discreción: muchas decisiones se preparaban en conversaciones reservadas y sólo se hacían públicas cuando los acuerdos estaban cerrados.

El apellido le daba entrada, pero García Paniagua desarrolló una carrera propia. Fue diputado federal por Jalisco entre 1964 y 1967 y senador por la misma entidad de 1970 a 1976. Desde el Congreso conoció las relaciones entre el gobierno federal, los gobernadores y las organizaciones regionales que sostenían al PRI.

En aquellos años, el partido articulaba sindicatos, organizaciones campesinas, sectores populares y gobiernos estatales alrededor de la Presidencia. La experiencia legislativa le permitió conocer a sus dirigentes, reconocer sus intereses y aprender con quién había que hablar para conseguir un acuerdo. Esa formación sería especialmente útil cuando pasó a los servicios de inteligencia.

La Dirección Federal de Seguridad: vigilar para gobernar

Durante el gobierno de José López Portillo, García Paniagua asumió la dirección de la Dirección Federal de Seguridad, cargo que desempeñó entre 1977 y 1978. Llegó a una de las instituciones más poderosas y temidas del Estado mexicano.

Creada en 1947, la DFS había desarrollado una extensa red de agentes e informantes que reunían información sobre organizaciones políticas, movimientos estudiantiles, sindicatos, grupos guerrilleros y dirigentes considerados relevantes para la seguridad del régimen. Su actuación rebasaba la investigación de delitos: funcionaba como una policía política.

Los archivos históricos permiten observar qué llegaba al despacho de García Paniagua. Un informe elaborado entre marzo y abril de 1977 registró reuniones de campesinos con el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, conflictos por la tenencia de la tierra, denuncias sobre cacicazgos y explotación forestal, así como actividades de organizaciones políticas. También consignó movimientos dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero, entre ellos la preparación de un paro de profesores por problemas salariales y presupuestales.

El documento llevaba la firma mecanografiada de García Paniagua como director de la DFS. Otro reporte, fechado en junio de 1978 y relacionado con actividades sindicales y universitarias en Guerrero, también incluía su nombre junto con el de un agente de la institución.

Guerrero concentraba algunas de las tensiones más graves de aquellos años. La actividad guerrillera, las disputas agrarias, los movimientos universitarios y los conflictos con las autoridades locales mantenían a la entidad bajo vigilancia. Pero los informes muestran que el seguimiento se extendía a reuniones públicas y demandas laborales que formaban parte de la actividad política y social legítima.

Ahí estaba uno de los rasgos del régimen: una inconformidad podía terminar en un expediente de seguridad aunque sus participantes no hubieran cometido un delito. El gobierno buscaba saber quién se organizaba, qué reclamaba y hasta dónde podía crecer su movimiento.

García Paniagua encabezó la DFS durante una parte de la llamada Guerra Sucia, periodo en el que la institución estuvo vinculada con persecución política, detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas. Su responsabilidad debe examinarse con rigor: atribuirle una operación específica exige pruebas, pero su condición de director tampoco permite presentarlo como un funcionario ajeno al organismo que encabezaba. Ejercía autoridad sobre sus mandos y recibía la información producida por sus agentes.

Su gestión coincidió, además, con la apertura política impulsada por el gobierno de López Portillo. Mientras se ampliaban los espacios legales para la oposición, los servicios de seguridad conservaban prácticas de vigilancia y control heredadas de los años más duros de la represión.

Nazar Haro y las lealtades de la DFS

En la Dirección Federal de Seguridad, García Paniagua trabajó con Miguel Nazar Haro, uno de los personajes más controvertidos de los servicios de inteligencia mexicanos. Sus trayectorias eran distintas: García Paniagua llegaba de la política legislativa y partidista; Nazar había hecho carrera en la vigilancia, la infiltración y la persecución de organizaciones consideradas subversivas.

La relación entre ambos combinó esas experiencias. Cuando García Paniagua pasó a otras responsabilidades, Nazar lo sucedió al frente de la DFS. El cambio de puesto no terminó con el vínculo: años después volverían a colaborar, en una decisión que provocaría cuestionamientos públicos.

Aquella continuidad ayuda a entender cómo funcionaban estos grupos. Los nombramientos cambiaban, pero la confianza entre sus integrantes podía sobrevivir durante años y abrirles nuevamente las puertas de una institución.

Gobernación: de los informes a la negociación

Después de dirigir la DFS, García Paniagua ocupó una subsecretaría de Gobernación. El ascenso lo llevó al centro de la política interior, dentro de una dependencia encabezada por Jesús Reyes Heroles, principal impulsor de la Reforma Política de 1977.

La apertura buscaba incorporar a la competencia electoral a organizaciones que habían permanecido fuera del sistema. Al mismo tiempo, Gobernación debía atender conflictos regionales, mantener interlocución con los partidos y negociar con agrupaciones sociales que desconfiaban del gobierno.

García Paniagua llegaba con conocimiento de actores y movimientos vigilados por los organismos de inteligencia. Ahora debía participar en una tarea distinta: establecer acuerdos y encontrar salidas políticas para problemas que la información, por sí sola, no resolvía.

No corresponde atribuirle la conducción de la reforma de Reyes Heroles. Su papel se encontraba en la operación cotidiana de Gobernación, donde amplió sus relaciones y adquirió experiencia en la negociación de los conflictos nacionales. Ese paso fortaleció su posición dentro del gobierno de López Portillo y lo acercó a nuevas responsabilidades.

Reforma Agraria: el poder sobre la tierra

En abril de 1980, López Portillo lo nombró secretario de la Reforma Agraria, en sustitución de Antonio Toledo Corro. La dependencia intervenía en asuntos de tenencia de la tierra, derechos ejidales, conflictos entre comunidades, solicitudes de dotación y procedimientos agrarios.

Era una responsabilidad especialmente sensible. Detrás de los expedientes había comunidades que podían llevar décadas esperando una resolución, propietarios enfrentados con ejidatarios y organizaciones campesinas con capacidad de movilización. Resolver esos asuntos exigía conocer las disposiciones legales y negociar con quienes sostenían las demandas.

En junio de 1980, integrantes del Consejo Agrarista Mexicano, encabezados por el diputado Humberto Serrano Pérez, se reunieron con García Paniagua para plantear gestiones campesinas, entre ellas conflictos territoriales de la Huasteca hidalguense. El encuentro muestra una de las tareas del secretario: recibir a los dirigentes y procesar demandas que involucraban también a legisladores, gobernadores y organizaciones nacionales.

Durante su administración hubo modificaciones en la estructura interna de la dependencia y en la adscripción de diversas áreas. Sin atribuirle personalmente cada cambio, su gestión formó parte de ese proceso administrativo.

Políticamente, Reforma Agraria le permitió estrechar relaciones con el sector campesino, uno de los pilares del PRI. El antiguo director de la DFS sumaba así experiencia territorial y contacto con organizaciones fundamentales para cualquier aspiración presidencial.

Al frente del PRI, cerca de la candidatura

En marzo de 1981, García Paniagua sustituyó a Gustavo Carvajal Moreno en la presidencia nacional del PRI. El nombramiento lo colocó en una posición de enorme visibilidad cuando comenzaban a multiplicarse las señales de la sucesión presidencial.

Debía coordinar a los sectores, mantener la relación con los gobernadores y preparar a la organización que respaldaría al candidato. Conocía a buena parte de esos dirigentes y ahora podía recorrer el país desde la jefatura del partido.

Su posición tenía una dificultad evidente: debía conducir el proceso mientras su propio nombre figuraba entre los posibles beneficiarios. Cada encuentro y cada declaración podían interpretarse como parte de su responsabilidad partidista o como un movimiento en favor de su candidatura.

La cercanía con López Portillo y con integrantes del entorno presidencial alimentaba esas expectativas. Sin embargo, entre los aspirantes también estaban Miguel de la Madrid Hurtado, secretario de Programación y Presupuesto, y Jorge de la Vega Domínguez, además de otros funcionarios con trayectoria dentro del régimen.

La selección se resolvía lejos de una competencia abierta. Había señales, consultas y versiones que circulaban entre los grupos políticos, pero el desenlace dependía del Presidente. García Paniagua había pasado suficientes años dentro del sistema para saberlo, aunque conocer la regla no hacía menos difícil aceptar sus consecuencias.

El destape y la pérdida del centro político

El 25 de septiembre de 1981, López Portillo decidió que Miguel de la Madrid sería el candidato presidencial del PRI. García Paniagua quedó fuera.

La designación favoreció a un funcionario cuya carrera se había desarrollado en la planeación económica y la administración pública. Frente a los operadores con experiencia territorial, partidista y de seguridad, ganaba terreno una generación que encontraría en las dependencias financieras su principal vía de ascenso.

Para García Paniagua, el problema inmediato era su permanencia al frente del partido. El candidato necesitaba una dirigencia cercana a su campaña y el presidente del PRI había sido uno de los aspirantes desplazados. Diversas reconstrucciones de aquella sucesión describen las tensiones entre ambos y la incomodidad que provocaba esa convivencia.

En octubre de 1981, García Paniagua dejó la presidencia del PRI y fue sustituido por Pedro Ojeda Paullada. Recibió entonces la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, un nombramiento que lo mantenía en el gabinete, pero lo apartaba de la maquinaria partidista que conduciría la campaña.

Su paso por Trabajo fue breve. Algunas reconstrucciones históricas sitúan su salida del gobierno a finales de diciembre de 1981, después de nuevas diferencias políticas. En pocos meses había pasado de dirigir al partido y figurar entre los presidenciables a perder su lugar dentro del gabinete.

La sucesión ya estaba reorganizando las lealtades. Los gobernadores y los dirigentes sectoriales buscaban acercarse a De la Madrid; los grupos que habían respaldado otras opciones intentaban conservar posiciones. En ese reacomodo también comenzaron a perder espacio colaboradores vinculados con García Paniagua, entre ellos Nazar Haro.

La influencia acumulada durante años dependía de relaciones cuya fuerza cambiaba con la decisión presidencial. García Paniagua conservaba experiencia e información, pero el centro político se había trasladado hacia otro grupo.

El regreso a la seguridad capitalina

García Paniagua volvió a una responsabilidad de seguridad al comenzar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después de la cuestionada elección de 1988, Manuel Camacho Solís fue designado jefe del Departamento del Distrito Federal y García Paniagua asumió la dirección general de Seguridad Pública y Tránsito de la capital.

La tarea era distinta de la que había desempeñado en la DFS. Debía atender la delincuencia, la corrupción policial, el tránsito y las necesidades de una ciudad cuyo crecimiento había rebasado muchas de sus capacidades institucionales.

Para integrar su equipo recurrió a Miguel Nazar Haro, incorporado como asesor en materia de seguridad. La decisión provocó protestas de organizaciones políticas y defensores de los derechos humanos que señalaban sus antecedentes en los aparatos represivos de la Guerra Sucia.

La colaboración recuperaba una confianza construida años atrás, pero exponía también un problema que el gobierno no podía ignorar: los antecedentes de los antiguos mandos de inteligencia formaban parte del debate público y su regreso encontraba resistencia.

Nazar terminó dejando aquella responsabilidad. El episodio mostró la persistencia de las redes de la DFS y las dificultades para renovar las instituciones de seguridad cuando sus responsables seguían recurriendo a los mismos hombres.

Los últimos años y la continuidad familiar

Después de su paso por la seguridad capitalina, García Paniagua ocupó la dirección general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Continuaba dentro de la administración, aunque lejos de la influencia que había alcanzado durante la sucesión de López Portillo.

El país también se había movido. El PRI perdía espacios, la oposición conquistaba gobiernos estatales y los antecedentes de los organismos de inteligencia recibían mayor atención pública. García Paniagua murió el 25 de noviembre de 1998, antes de la derrota presidencial del PRI en el año 2000, pero alcanzó a presenciar el debilitamiento de varias de las reglas bajo las que había construido su carrera.

Su historia tiene, además, una continuidad familiar ligada a las instituciones de seguridad. Su padre encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional; él dirigió la DFS y la policía capitalina; su hijo, Omar García Harfuch, desarrollaría una carrera en el ámbito de la seguridad.

Las tres trayectorias pertenecen a momentos distintos y deben examinarse por sus propias decisiones y responsabilidades. El parentesco, sin embargo, reúne en una misma historia familiar varias etapas de la relación entre la seguridad y el poder político en México.

La última puerta

La trayectoria de Javier García Paniagua obliga a mirar al régimen desde sus oficinas de operación: los informes que llegaban de los estados, las reuniones con dirigentes, los acuerdos reservados y los nombramientos que fortalecían o desplazaban a un grupo. En esos espacios se construía una influencia que rara vez necesitaba exponerse ante los ciudadanos.

Él supo moverse dentro de ese mundo. Llegó a dirigir el partido que debía preparar la siguiente Presidencia y tuvo motivos para pensar que podía encabezarla. Cuando quedó fuera, tampoco desapareció de la vida pública: encontró otros cargos y recuperó colaboradores. Su derrota presidencial redujo su poder, pero no borró las relaciones que había construido.

Ahí reside el interés de su historia, con sus responsabilidades y contradicciones. Fue un hombre formado para operar el sistema que terminó sometido a su decisión más personal y menos compartida: la elección del sucesor.

Javier García Paniagua conocía los caminos hacia Los Pinos. La última puerta, sin embargo, sólo podía abrirla López Portillo. Y decidió abrirla para otro.