Juez de Estados Unidos ordena a Maduro y sus aliados pagar 314 millones de dólares por torturas
Un juez federal de Miami ordenó a Nicolás Maduro, al empresario colombiano Alex Saab y a otros exfuncionarios venezolanos pagar más de 314 millones de dólares como indemnización a tres ciudadanos estadounidenses que permanecieron encarcelados en Venezuela y denunciaron haber sido sometidos a torturas físicas y psicológicas.
La sentencia fue emitida por el juez Darrin P. Gayles a favor de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval, quienes acusaron a las autoridades venezolanas de detenerlos arbitrariamente y utilizarlos como instrumentos de presión en las negociaciones entre Caracas y Washington.
El fallo fue dictado en rebeldía debido a que Maduro, Saab, otros cinco demandados y el denominado Cártel de los Soles no respondieron a la demanda presentada en agosto de 2025, pese a haber sido notificados. Debido a esta falta de respuesta, no se celebró un juicio ordinario en el que los señalados pudieran presentar argumentos o pruebas en su defensa.
De acuerdo con los documentos judiciales, los tres estadounidenses fueron arrestados en circunstancias distintas, acusados de realizar actividades de espionaje y posteriormente recluidos en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Caracas.
Kenemore permaneció detenido durante 643 días; Saad estuvo encarcelado 560 días, mientras que Marval pasó 123 días bajo custodia de las autoridades venezolanas. Los demandantes aseguraron que durante ese periodo fueron interrogados, golpeados, amenazados y sometidos a descargas eléctricas, posiciones de estrés, aislamiento y privación de atención médica.
La demanda señala que Kenemore sufrió restricciones de alimentos y agua, además de abusos psicológicos que lo llevaron a intentar quitarse la vida en dos ocasiones. Tras recuperar su libertad, continuó padeciendo ataques de pánico, ansiedad, depresión y otros problemas físicos y emocionales relacionados con su encarcelamiento.
Marval afirmó que las golpizas recibidas durante su detención le provocaron una fractura en la espalda y dolores crónicos. Saad, por su parte, habría permanecido atado de manos y pies en una posición que le ocasionó lesiones en los tendones de un brazo. También perdió dos dientes y pasó buena parte de su cautiverio en aislamiento y sin recibir atención médica adecuada.
Los tres ciudadanos estadounidenses fueron liberados el 20 de diciembre de 2023, junto con otros prisioneros, como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. A cambio, Washington excarceló a Alex Saab, quien se encontraba detenido en Miami y enfrentaba acusaciones relacionadas con lavado de dinero.
El juez consideró que las detenciones formaron parte de una estrategia de presión política contra Estados Unidos, descrita en la demanda como una “diplomacia de rehenes”. Según los demandantes, el objetivo era obligar al Gobierno estadounidense a negociar la liberación de Saab, señalado durante años como uno de los principales operadores financieros del chavismo.
En su resolución, Gayles calificó la estructura encabezada por Maduro como una “empresa criminal” y sostuvo que los secuestros fueron parte de una serie de delitos cometidos para sostener su gobierno y obtener beneficios ilícitos. El tribunal determinó que los hechos podían considerarse actos de terrorismo internacional bajo la Ley Federal Antiterrorista de Estados Unidos.
La legislación estadounidense permite que ciudadanos afectados por actos de terrorismo internacional presenten demandas para obtener una compensación económica. Para calcular el monto, el tribunal estableció una indemnización por cada día que los demandantes permanecieron privados de la libertad y agregó cantidades adicionales por las torturas y los daños sufridos.
Posteriormente, las compensaciones fueron triplicadas conforme a lo establecido por la legislación antiterrorista. El monto conjunto superó así los 314 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor indemnización concedida hasta el momento en Estados Unidos dentro de los procesos iniciados por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela.
Sin embargo, la sentencia no identifica bienes específicos que puedan ser utilizados para cubrir la indemnización. El cobro de este tipo de resoluciones suele depender de la localización de cuentas, propiedades u otros activos pertenecientes a los responsables que puedan ser embargados legalmente en Estados Unidos o en otras jurisdicciones.
Delcy Rodríguez también aparecía originalmente entre las personas demandadas. No obstante, quedó excluida de la sentencia después de que sus abogados solicitaran la desestimación del caso, bajo el argumento de que contaba con inmunidad como jefa de Estado. Los representantes de los demandantes han cuestionado esa interpretación.
El fallo responsabiliza directamente a Maduro, Saab y otros integrantes del antiguo aparato gubernamental venezolano por los abusos denunciados por los tres estadounidenses. Además de representar una millonaria condena civil, la decisión judicial refuerza las acusaciones sobre el uso de detenciones arbitrarias y torturas como mecanismos de negociación política durante el gobierno de Maduro.