Juez federal anula permiso ambiental de la SEMA al proyecto Alux 33 en Puerto Morelos

El Juzgado Noveno de Distrito en Quintana Roo revocó la autorización ambiental que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) del estado otorgó al proyecto de condominio Alux 33, en Puerto Morelos, al determinar que la dependencia estatal carecía de competencia para emitir ese permiso.

La resolución, dictada dentro del juicio de amparo 959/2025G-1, marca un precedente para la actuación de las autoridades ambientales estatales y podría abrir la puerta a la revisión de otras autorizaciones otorgadas en zonas costeras o con presencia de manglar en la entidad.

El amparo fue promovido por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que impugnó el permiso concedido al proyecto ubicado en la esquina de la calle Cozumel con avenida Niños Héroes, en Puerto Morelos.

De acuerdo con DMAS, la sentencia establece que la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMA "no es legalmente competente" para emitir autorizaciones de manifestación de impacto ambiental en predios con ecosistema de humedal costero, como el manglar. La organización precisó que tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ya habían determinado previamente que el proyecto no era viable.

Los promoventes de Alux 33 habían presentado primero una manifestación de impacto ambiental ante la Semarnat, que negó la solicitud a nivel federal. Posteriormente obtuvieron el permiso estatal cuestionado y, con ese documento, tramitaron ante el Ayuntamiento de Puerto Morelos una licencia de construcción que un juez anuló en junio de este año, al considerar que el municipio no verificó la autorización ambiental federal correspondiente.

Con esta nueva resolución, el proyecto acumula al menos dos fallos judiciales en su contra: la anulación de la licencia municipal y ahora la revocación del permiso ambiental estatal que sirvió como base para obtenerla.

DMAS sostuvo en un comunicado que la actuación de la SEMA debe servir de advertencia para evitar que la dependencia estatal vuelva a asumir atribuciones que corresponden en exclusiva a la Federación en materia de ecosistemas costeros.