La caída de Justo Rivera y el reto de blindar la seguridad en Yucatán

—La detención de Justo Aurelio Rivera Parra terminó convirtiéndose en una de las noticias más relevantes de la semana para Yucatán y para el país —planteó la periodista al iniciar la conversación de esta semana en un restaurante de la CDMX—. De acuerdo con las autoridades federales, se trata de un presunto operador financiero vinculado con organizaciones como el Cártel del Noreste y La Barredora, cuya captura estuvo acompañada por el aseguramiento de vehículos de lujo, armas, dinero en efectivo, joyas y diversos bienes que ahora forman parte de la investigación.

—Lo interesante es que no estamos hablando del perfil tradicional que muchas veces imagina la gente cuando escucha la palabra "narcotráfico" —observó el editorialista—. No era un jefe de plaza conocido por enfrentamientos armados ni un personaje cuya notoriedad proviniera de la violencia visible. Las investigaciones lo ubican como un presunto operador financiero, es decir, alguien cuya función consistía en administrar recursos, mover dinero y construir las estructuras económicas que permiten funcionar a organizaciones criminales de gran tamaño.

—Y eso cambia por completo la dimensión del caso. Hoy las organizaciones criminales no sobreviven únicamente por la fuerza de las armas. Necesitan empresas, prestanombres, inversiones, propiedades, cuentas bancarias y personas capaces de ocultar el origen ilícito de enormes cantidades de dinero —añadió la abogada—. Por eso, combatir las finanzas del crimen organizado suele ser mucho más complejo que detener a quienes participan directamente en actividades violentas.

—Durante los últimos días también llamó mucho la atención que este personaje ya era conocido en redes sociales por la colección de automóviles exóticos que presumía constantemente. Ferrari, Lamborghini, McLaren y otros vehículos de alta gama aparecían con frecuencia en publicaciones que terminaron haciéndose virales. No sabemos si eso aceleró alguna línea de investigación o simplemente coincidió con un trabajo que ya desarrollaban las autoridades, pero sí refleja una cultura de ostentación que con frecuencia termina despertando preguntas sobre el origen del patrimonio —comentó la empresaria.

—Sin embargo, creo que ese termina siendo el aspecto menos importante de toda esta historia —intervino el consultor—. Lo verdaderamente relevante no son los automóviles, sino preguntarnos cómo un presunto operador financiero de organizaciones criminales logró establecerse en Yucatán y desarrollar actividades durante tanto tiempo sin que existieran consecuencias visibles. Esa es la discusión de fondo.

—Porque aquí aparece un tema muy delicado para el estado —continuó el político—. Durante décadas Yucatán ha construido una imagen de seguridad muy sólida y con razón. Los indicadores de violencia siguen siendo de los mejores del país. Pero una cosa es tener bajos niveles de homicidios y otra muy distinta pensar que eso significa ausencia absoluta del crimen organizado. Las organizaciones criminales buscan también estados estables para operar financieramente, invertir recursos o lavar dinero sin generar violencia que atraiga demasiada atención.

—Eso obliga a hacer una distinción importante. La seguridad pública no puede medirse únicamente por el número de delitos violentos —retomó la periodista—.. También debe evaluarse la capacidad institucional para detectar operaciones financieras ilícitas, redes de corrupción y estructuras económicas vinculadas con organizaciones criminales.

—Y justamente por eso este caso ha despertado tantas preguntas sobre los posibles vínculos políticos que pudieron existir alrededor de Rivera Parra —señaló el editorialista—. En distintos espacios periodísticos y versiones públicas se han mencionado presuntas relaciones con personajes cercanos a distintos gobiernos estatales y municipales. Hasta este momento ninguna de esas versiones constituye una responsabilidad acreditada y será la Fiscalía quien deba demostrar cualquier posible implicación. Pero políticamente resulta inevitable que surjan cuestionamientos sobre quiénes convivían con este personaje y qué nivel de relación mantenían con él.

—Porque si algo hemos aprendido en los últimos años es que el crimen organizado rara vez opera completamente aislado del poder político. Eso no significa que todo funcionario esté involucrado, ni mucho menos, pero sí obliga a investigar con seriedad cualquier posible red de protección institucional que pudiera haber facilitado determinadas operaciones —explicó la abogada.

—Ese punto resulta especialmente importante para Yucatán —consideró la empresaria—. El principal activo económico del estado sigue siendo precisamente su percepción de estabilidad. Turismo, inversiones, desarrollo inmobiliario y llegada de nuevas empresas descansan en buena medida sobre esa imagen. Por eso resulta indispensable que cualquier investigación llegue hasta sus últimas consecuencias y despeje cualquier duda sobre posibles complicidades.

—Además, este caso refleja un cambio importante en la estrategia de seguridad del Estado mexicano. Durante muchos años el combate al narcotráfico se concentró principalmente en decomisos de droga o capturas de líderes armados —apuntó el consultor—. Hoy parece existir una mayor prioridad por golpear las estructuras financieras, seguir la ruta del dinero y desarticular los mecanismos que permiten a estas organizaciones sostenerse económicamente.

—Y probablemente esa sea una estrategia mucho más efectiva a largo plazo —respondió el político—. Los grupos criminales pueden reemplazar relativamente rápido a un jefe de plaza o a un operador armado. Lo que resulta mucho más difícil es reconstruir complejas redes financieras, empresas fachada, inversiones y mecanismos de lavado de dinero cuando éstos son detectados y asegurados por las autoridades.

—También vale la pena observar el mensaje institucional que deja esta captura. Durante mucho tiempo existió la percepción de que ciertos personajes con enormes fortunas podían pasar desapercibidos siempre que evitaran generar violencia directa. Este caso demuestra que las investigaciones financieras cada vez tienen un peso mayor dentro de las estrategias nacionales de seguridad —añadió la periodista.

—Pero tampoco conviene adelantar conclusiones —matizó el editorialista—. La detención representa apenas el inicio de un proceso penal. Corresponderá al Ministerio Público acreditar las acusaciones y al Poder Judicial determinar si existen los elementos suficientes para establecer responsabilidades. El debido proceso debe respetarse plenamente, incluso en casos que generan un enorme impacto mediático.

—Lo que sí parece claro es que este episodio deja varias lecciones para Yucatán —reflexionó la abogada—. La primera es que ningún estado puede asumir que está completamente aislado de las operaciones del crimen organizado. La segunda es que la inteligencia financiera debe ocupar un lugar central en las políticas de seguridad. Y la tercera es que cualquier posible vínculo entre estructuras criminales y actores políticos debe investigarse con absoluta transparencia, sin importar de quién se trate.

—Porque, al final, la fortaleza de un estado no se mide únicamente por la tranquilidad de sus calles —concluyó la periodista—. También se mide por la capacidad de sus instituciones para impedir que organizaciones criminales utilicen su territorio como refugio financiero o plataforma de operaciones. Si la captura de Justo Rivera conduce a desmantelar una red más amplia y, en caso de existir, a sancionar cualquier complicidad política o administrativa, Yucatán habrá dado un paso importante para preservar la confianza de sus ciudadanos en sus instituciones y en su seguridad.