La responsabilidad no termina en la frontera

El día de hoy vi la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual anunció que el Gobierno de México buscará presentar denuncias penales en Estados Unidos por las muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia migratoria o durante operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE.

El anuncio ocurre después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años que fue baleado por un agente de ICE en Houston, Texas, apenas dos días atrás.

Lorenzo llevaba aproximadamente 35 años viviendo en Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, no contaba con autorización para permanecer en el país. Aquella mañana se dirigía a trabajar y transportaba a varios trabajadores cuando fue interceptado durante un operativo migratorio del cual, según se ha informado, ni siquiera era el objetivo original.

La versión de ICE señala que Lorenzo intentó evadir la detención, golpeó uno de los vehículos oficiales y dirigió su camioneta contra un agente, quien respondió utilizando fuerza letal. Sin embargo, su familia ha cuestionado esa explicación y ha exigido que se realice una investigación independiente que permita conocer con claridad qué ocurrió.

Después de estos hechos, el Gobierno de México decidió no permanecer en silencio. Y debo reconocer que, después de mucho tiempo, da gusto ver al Estado mexicano levantarse en defensa de quienes, aunque ya no residan dentro del territorio nacional, continúan formando parte de nuestro país.

Porque, para mí, la nacionalidad no termina en una frontera.

La nacionalidad también significa que, cuando una persona ya no puede defenderse ni exigir justicia por sí misma, debe existir un Estado dispuesto a hacerlo en su nombre.

Hoy me siento orgulloso de esa reacción. Evidentemente, lo ocurrido es una tragedia. Familiares, amigos y personas cercanas han descrito a Lorenzo como un hombre trabajador y dedicado a los suyos. Pero, incluso si no conociéramos nada sobre su personalidad, su historia o sus buenas acciones, el fondo del asunto sería exactamente el mismo: Lorenzo era un ciudadano mexicano y el Estado tenía la obligación de exigir que su muerte fuera investigada.

Los derechos fundamentales no dependen de que una persona sea considerada buena o mala. Tampoco desaparecen por carecer de documentos migratorios. El estatus irregular puede ser motivo de una detención y de un proceso de deportación, pero nunca puede convertirse, por sí mismo, en una sentencia de muerte.

Por eso resulta importante que México deje atrás la comodidad de las simples notas diplomáticas y decida acudir ante las autoridades estadounidenses. Según lo anunciado, nuestro país solicitará acciones penales por las muertes de mexicanos registradas durante operativos migratorios o bajo custodia de ICE.

No sabemos todavía si estas acciones tendrán consecuencias concretas. Tampoco conocemos todos los detalles de lo sucedido aquella mañana en Houston. Precisamente por eso se necesita una investigación transparente, independiente y capaz de determinar si el uso de la fuerza fue verdaderamente necesario y proporcional.

Lo que sí sabemos es que Lorenzo estaba cerca de regularizar su situación migratoria. Después de más de tres décadas trabajando y construyendo una vida en Estados Unidos, ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar ese proceso.

Entiendo que un país tenga el derecho de controlar sus fronteras y aplicar sus leyes migratorias. Lo que no puede aceptarse es que esas políticas se ejecuten sin límites, sin transparencia y sin respeto por la vida humana.

Quitarle a una persona el beneficio de la duda puede parecer sencillo cuando se le observa únicamente como un expediente, un número o un “ilegal”. Sin embargo, detrás de esas etiquetas existen padres, hijos, trabajadores y familias enteras. Cuando las autoridades olvidan esa humanidad, una decisión tomada en segundos puede costar una vida.

Lorenzo Salgado podía ser detenido aquel día. Podía enfrentar un proceso migratorio. Incluso podía ser deportado. Pero no podía ser condenado a muerte en una calle de Houston.

Las palabras de la presidenta no son menores. Hoy nos recuerdan que un pasaporte no solamente acredita una nacionalidad. También representa una promesa: que, aun lejos de casa, habrá un Estado dispuesto a exigir justicia cuando uno de los suyos ya no pueda hacerlo por sí mismo.

Hoy, estimado lector, el Gobierno mexicano envía un mensaje importante: estemos donde estemos y cualquiera que sea nuestra situación migratoria, seguimos siendo mexicanos y tenemos derecho a que nuestra vida y nuestra dignidad sean defendidas.

Ser mexicano no es únicamente haber nacido dentro de determinadas fronteras. Es formar parte de una comunidad, compartir una historia y tener la certeza de que, cuando uno de nosotros quede indefenso, habrá todo un país dispuesto a alzar la voz.

Porque la responsabilidad del Estado mexicano no termina en la frontera.