Nueve de cada 10 delitos en Yucatán nunca llegan a ser denunciados
La elevada cantidad de delitos que nunca son denunciados continúa siendo uno de los principales retos para el sistema de justicia de Yucatán. Durante 2024, únicamente el 9.4% de los hechos delictivos cometidos en la entidad fueron reportados ante las autoridades, lo que significa que más de nueve de cada 10 permanecieron fuera de los registros oficiales.
Los datos forman parte del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026, elaborado por la organización Impunidad Cero, que analiza la situación de las instituciones encargadas de procurar justicia en las 32 entidades del país a partir de indicadores relacionados con su estructura, operación y resultados.
El fenómeno no es exclusivo de Yucatán. A nivel nacional, solamente el 9.6% de los delitos registrados durante 2024 fueron denunciados. La cifra prácticamente no ha presentado avances significativos durante los últimos años, pese a los cambios institucionales y a los esfuerzos emprendidos para fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia.
En el caso de Yucatán, el porcentaje de denuncia, de 9.4%, se ubicó ligeramente por debajo del promedio nacional. Otras entidades registraron niveles mayores, como Campeche, donde el 13.7% de los delitos llegó a conocimiento de las autoridades, mientras que Tamaulipas se ubicó entre los estados con menor proporción, con apenas 5.1%.
La falta de denuncias representa un problema que va más allá de las estadísticas. Cuando una gran parte de los delitos permanece fuera del conocimiento de las autoridades, resulta más difícil dimensionar con precisión la incidencia delictiva, identificar patrones y desarrollar políticas públicas de prevención e investigación acordes con la realidad que enfrenta la población.
A pesar de esta elevada cifra negra, Yucatán obtuvo resultados superiores al promedio nacional en otros indicadores relacionados con la procuración de justicia. La probabilidad de que un delito denunciado llegue a esclarecerse se ubicó en 3.6% en la entidad, mientras que a nivel nacional la posibilidad de que un delito sea denunciado y esclarecido fue de apenas 1.47% durante 2024.
Uno de los resultados más destacados para Yucatán se encuentra en los homicidios dolosos. De acuerdo con el estudio, entre 2016 y 2021 la impunidad acumulada en este delito alcanzó 92.8% a nivel nacional. Yucatán, en contraste, registró el menor porcentaje del país, con 38.5%. Esto equivale a que más de seis de cada 10 homicidios dolosos registrados durante ese periodo terminaron con una sentencia condenatoria.
En la evaluación general del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, Yucatán obtuvo 55.4 puntos y se colocó en la octava posición nacional. Nuevo León encabezó el listado con 61.8 puntos, seguido por Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua y Baja California.
El estudio también reconoce a Yucatán entre las entidades con mejores condiciones de autonomía institucional de sus fiscalías, junto con Coahuila, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Este factor toma en consideración los mecanismos existentes para la designación y eventual remoción de los titulares de las fiscalías, así como las condiciones destinadas a reducir la influencia política sobre sus funciones.
Sin embargo, los indicadores favorables en determinados rubros no eliminan uno de los principales obstáculos para conocer la verdadera dimensión de la delincuencia: la falta de denuncias. Mientras más del 90% de los delitos permanezca sin ser reportado, las instituciones de procuración de justicia continuarán trabajando únicamente con una pequeña parte de los hechos que realmente afectan a la población.
El desafío para Yucatán, por lo tanto, no sólo consiste en mejorar la capacidad para investigar y resolver los casos que llegan ante las autoridades, sino también en generar las condiciones de confianza, rapidez y accesibilidad necesarias para que las víctimas decidan denunciar. Reducir la cifra negra permitiría contar con un panorama más preciso de la incidencia delictiva y fortalecer las estrategias destinadas a combatir la impunidad.