Organizaciones civiles detectan 8,511 contratos con datos incompletos en el gobierno de Yucatán entre 2019 y 2025

Organizaciones civiles presentaron el martes en Mérida la plataforma datos.contralacorrupcion.mx, que agrupa 8,511 contratos del gobierno estatal de Yucatán por un monto de 20,363 millones de pesos entre 2019 y 2025, y documenta registros incompletos, documentos faltantes y diferencias entre las cifras publicadas y los contratos originales.

La herramienta, de acceso gratuito, permite consultar proveedor por proveedor los contratos publicados por 19 instituciones del estado. Su presentación estuvo a cargo de Luis Javier Moreno Benjumea, coordinador de Política Colectiva, quien advirtió que las fallas encontradas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) dificultan saber quién recibió los contratos y bajo qué condiciones. «Hay muchos registros de compras en los que no se establecen proveedores o en los que no existe enlace para acceder al contrato; es grave, complica la transparencia», precisó.

De los 20,363 millones de pesos contratados, 16,583 millones correspondieron a la administración centralizada y 3,779 millones a los Servicios de Salud de Yucatán, la única dependencia que cuenta con página propia con información de contratos y pagos. En la administración centralizada, la adjudicación directa fue el mecanismo más frecuente por número de contratos: 6,222 registros, equivalentes al 84.6% del total. Por monto, en cambio, el 73.5% —12,180 millones de pesos— se asignó mediante licitación pública.

En la revisión individual de unos 735 contratos, los investigadores corrigieron al menos 194 montos al cotejarlos con los documentos originales. Moreno Benjumea informó además que parte de los archivos proporcionados por las dependencias estaba alojada en servicios privados como Google Drive, Dropbox y OneDrive, en lugar de sistemas institucionales, con el riesgo de pérdida permanente si esos espacios desaparecen. Destacó el caso de la Secretaría de Infraestructura, que en todo el periodo transparentó solo ocho contratos por 435,000 pesos; en 2025 figura un único contrato por 138,000 pesos.

La conferencia, titulada «Tras la huella de nuestro dinero en Yucatán», incluyó una mesa panel con Lizbeth Estrada Osorio, coordinadora de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra); Rubén Arjona Ortiz, auditor superior del Estado, y Lucio de Jesús Uc Heredia, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y especialista en lavado de dinero. Leonardo Núñez González, jefe de la Unidad de Investigación Aplicada, señaló que se prevé integrar a todas las entidades del país en los próximos meses; Yucatán y Jalisco son los dos primeros estados incluidos.

La presentación coincidió con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que sitúan a Yucatán entre las cinco entidades con alza estadísticamente significativa en su tasa de víctimas de corrupción: pasó de 11,419 por cada 100,000 habitantes en 2023 a 15,570 en 2025. Los actos de corrupción reportados en el estado subieron de 16,184 a 26,439 por cada 100,000 habitantes en el mismo periodo.

Moreno Benjumea sostuvo que la plataforma permite constatar, con sus propias fallas, el estado actual de la información pública en Yucatán. «No tenemos ninguna imagen realmente de cómo está gastando el Estado; tenemos prácticamente cero información», afirmó, y contrastó la situación con Jalisco, que dispone de una plataforma específica para transparentar sus datos de contratación.