Paraíso: ni cacería ni impunidad, solo otro expediente por resolver

Antes de decidir si el caso del alcalde de Paraíso es persecución política o justicia aplicada, vale la pena preguntarse qué clase de prueba le estamos exigiendo al Estado tabasqueño. 

La madrugada del miércoles, agentes de la Fiscalía General de la República catearon al menos diez inmuebles en Paraíso, Tabasco. Entre ellos, una propiedad atribuida al alcalde Alfonso Baca Sevilla, hoy sellada y vacía. El edil no fue localizado esa mañana, se sabría después que llevaba día y medio en la Ciudad de México, y por horas circuló como prófugo. Al menos ocho funcionarios y colaboradores cercanos a él fueron detenidos, entre ellos los directores de Obras Públicas y de Finanzas del ayuntamiento, y las autoridades federales aseguraron vehículos, maquinaria pesada y una pipa. Hasta ahí, los hechos.

Paraíso no es un municipio cualquiera. Ahí se encuentra Dos Bocas, el puerto petrolero más importante del Golfo de México, y junto a él, la refinería Olmeca, una de las obras insignia del gobierno federal. Es, además, uno de los pocos ayuntamientos que Movimiento Ciudadano logró arrebatarle a Morena en el estado más morenista del país: la tierra donde nació el movimiento que hoy gobierna México. A poco más de un año de la elección de 2027, ese dato no es menor.

Sería un error leer este operativo únicamente como la cacería de un gobierno hegemónico contra uno de los pocos bastiones que se le escaparon. Pero sería igual de ingenuo asumir que el momento, el lugar y la infraestructura de por medio son pura coincidencia. Ambas lecturas, tomadas solas, simplifican algo que merece más cuidado.

Conviene recordar que no es la primera vez este año que un funcionario tabasqueño se declara víctima de una persecución que, en realidad, viene desde adentro.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, permanece recluido en el penal del Altiplano desde hace casi un año, acusado de liderar La Barredora, una estructura criminal con presencia en el estado. La Fiscalía General del Estado —ya bajo la administración del actual gobernador, Javier May, también de Morena— solicita en su contra 154 años de prisión. El pasado 3 de agosto, dieciséis días antes de los cateos en Paraíso, Bermúdez escribió una carta pública desde su celda en la que se dijo víctima de "persecución política y mediática".

El mismo argumento, mismo mes, dos partidos distintos.

Sobre Baca, el panorama cambió de un día para otro. El miércoles, versiones periodísticas hablaban de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos federales, el jueves, el propio alcalde reapareció en videollamada, durante una rueda de prensa de Movimiento Ciudadano, para dar su versión: negó haber huido —"es falso que me hubiera dado a la fuga, como se difunde de manera tergiversada", declaró— y aseguró que se encontraba en la Ciudad de México desde la tarde del martes 17 de agosto, antes de los cateos, atendiendo asuntos institucionales. En menos de 48 horas, y sin un solo comunicado oficial de la FGR, la acusación pasó de enriquecimiento ilícito a una lista de delitos que ni las coberturas periodísticas logran hacer coincidir: unas hablan de huachicol, armas del Ejército y narcotráfico; otras, de uso ilícito de atribuciones y un arma sin licencia, una acusación bastante menos grave.

Vale la pena detenerse en uno de esos delitos: tráfico de combustible. Es, casi al pie de la letra, el negocio que la Fiscalía atribuye a La Barredora, la misma estructura que Bermúdez Requena habría dirigido desde la Secretaría de Seguridad del estado. Si esa parte de la acusación contra Baca avanza, Paraíso dejaría de ser solo un caso de enriquecimiento municipal para tocar el problema que más le pesa a Tabasco: el huachicol que, según se ha documentado, corre con la complicidad de autoridades de distintos niveles.

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano no se quedó en el discurso: presentó a su alcalde en su propia rueda de prensa y, junto con legisladores y ediles del partido, convocó a una marcha este domingo en Paraíso exigiendo respeto al debido proceso. El partido cerró filas. Es una postura de riesgo calculado: MC no puede darse el lujo de defender ciegamente a un alcalde señalado por delitos que van del enriquecimiento ilícito al huachicol, pero tampoco puede quedarse callado si su triunfo más simbólico en Tabasco se le escurre entre cateos y versiones que cambian de un día para otro.

El Cabildo de Paraíso alista para este viernes un relevo en la presidencia municipal, ante una ausencia a la que el propio alcalde no le ha puesto fecha de regreso. Si se concreta, Paraíso tendrá en cuestión de horas un gobierno interino, sin que la FGR haya dicho todavía una sola palabra oficial sobre lo que en realidad investiga.

La verdadera prueba, entonces, no es si Alfonso Baca Sevilla es culpable o víctima de un cálculo político. Eso lo dirá, con suerte, un proceso judicial que todavía no comienza formalmente. La prueba real es si la FGR está dispuesta a sostener este expediente con evidencia pública y un desenlace claro, o si Paraíso se suma a la lista de casos tabasqueños que se anuncian con cateos espectaculares y después se pierden en el silencio institucional, como le ha ocurrido, durante casi un año, al propio caso Bermúdez.