Presión política sobre la permanencia de Francisco Torres al frente de la JAPAY

—Esta semana no podíamos dejar fuera lo de Mérida —dijo la periodista para abrir la conversación en unrestaurante de la CDMX—. El gobierno de Yucatán pidió al Congreso local un crédito de mil quinientos sesenta y dos millones de pesos para el Plan Bienestar Metropolitano, obras de agua potable, seguridad pública y movilidad. El gobernador Díaz Mena incluso sostuvo una reunión de trabajo con las bancadas para despejar dudas técnicas sobre la iniciativa. El PAN condicionó su respaldo a la salida de Francisco Torres de la JAPAY, a lo que el gobernador respondió que no está dispuesto a poner sobre la mesa la negociación de quitar a algún funcionario de su gobierno. ¿Qué tan sostenible es esa postura?

—Depende de la aritmética, y ahí el gobierno está apretado —explicó el analista—. Para aprobar el crédito se necesita mayoría calificada, es decir dos terceras partes del Congreso; unos veinticuatro votos. Morena tiene diecisiete diputados y sus aliados del Verde, del Trabajo y la independiente Rosana Couoh suman tres más, para veinte en total. Con esos veinte votos ya perdieron una votación en diciembre, cuando el resultado fue quince en contra. Sumando también a los dos diputados de Movimiento Ciudadano y al único del PRI llegarían a veintitrés. Siguen faltando votos panistas, por eso la reunión técnica del gobernador con las bancadas no bastó para cerrar el trato.

—Y ahí está la diferencia con lo que suele decirse —intervino la abogada—. No es solo un capricho legislativo. Los diputados del PAN han sido claros, no darán "un cheque en blanco" para comprometer participaciones federales y estatales por más de quince años sin condiciones técnicas suficientes. Formalmente el argumento es fiscal, no personal.

—Pero informalmente sí hay un nombre de por medio —retomó el político—. Y ahí hay que ser honestos, porque el PAN no inventó el desgaste de Torres. En la opinión pública ya existían críticas fuertes por los cortes de agua recurrentes y por las inundaciones de las últimas temporadas de lluvia. El PAN no creó ese malestar, se subió a él para intentar capitalizarlo en la negociación del crédito.

—Ahí conviene ser precisos —dijo el editorialista—. Una cosa es la molestia ciudadana legítima por un servicio que falla, y otra es que esa molestia se use como palanca para sacar a alguien en medio de una negociación de deuda de largo plazo. El PAN encontró un flanco débil y lo aprovechó, eso es estrategia legislativa, no necesariamente una postura técnica sobre el crédito.

—Y aun con eso el gobernador salió a cerrar la puerta de tajo —añadió la periodista—. ¿Por qué tanta firmeza si las críticas existen?

—Porque el perfil de Torres complica cualquier salida fácil —respondió el consultor—. Es ingeniero y ya fue director de Obras Públicas del estado, entonces conoce la red hidráulica desde otro escritorio. Sacarlo justo cuando se negocia la ejecución de obra nueva sería reconocer, aunque sea implícitamente, que las fallas del sistema son responsabilidad directa de su gestión, y eso el gobierno no está dispuesto a validar en público.

—Hay una segunda capa, además —dijo el analista—. Ha trascendido que Torres también ha operado políticamente, en particular en la zona sur de la ciudad, por Kanasín. Eso lo vuelve útil más allá de lo técnico pues tiene peso electoral en una zona que a la administración le interesa mantener bajo control.

—Y ese doble perfil, técnico y político, explica el blindaje —dijo el político—. Si fuera solo un funcionario cuestionado por el servicio, sería más barato sacrificarlo para destrabar el crédito. Pero si además opera territorio en el sur, soltarlo tiene un costo que Morena no quiere pagar pensando en el ciclo electoral que viene.

—Aquí conviene meter a la postura de Movimiento Ciudadano —dijo la periodista.

—Y es justo porque MC no se ha subido al mismo pleito —explicó el consultor—. Presentaron algo que llamaron el Plan Estratégico Yucatán, un planteamiento propio sobre cómo debería usarse el crédito, con prioridades de obra distintas a las que ha manejado el gobierno estatal. Su mensaje es que mientras Morena y el PAN discuten nombres, ellos ya pusieron sobre la mesa una ruta concreta para la infraestructura.

—Exactamente —respondió la empresaria—. Y quien vive aquí lo sabe, la ciudad lleva años con fugas, presión irregular y cortes que no son anécdota, son estructurales. Ese malestar es real y viejo, no lo inventó nadie en esta negociación. Cambiarlo no se resuelve en un trimestre, se resuelve con años de obra y con el dinero para sostenerla.

—Y ese malestar acumulado es justo lo que le da munición al PAN aunque su argumento formal sea otro —apuntó el editorialista—. El riesgo es que la exigencia sobre Torres termine funcionando como cortina, mientras el fondo, cómo se ejecuta y se fiscaliza el crédito, se discute mucho menos de lo que debería.

—Ese riesgo es justo la advertencia —dijo la abogada—. Si la discusión se queda en el nombre del director, el costo no lo paga el gobierno ni el PAN, lo paga la infraestructura que se suponía debía resolverse con el crédito.

—¿Y hacia dónde puede moverse esto en las próximas semanas? —preguntó la periodista.

—Hay tres escenarios —resumió el consultor—. Uno, que el PAN cambie su exigencia de la salida de Torres por mecanismos de supervisión sobre el ejercicio del crédito, algo más cercano a su argumento técnico original. Dos, que el gobierno sostenga su postura, tal como ya lo dejó ver el gobernador, y busque los votos panistas por otra vía. Y tres, que la negociación se alargue y el crédito quede pausado, con el refinanciamiento de la deuda también detenido.

—El Plan Estratégico Yucatán podría terminar siendo el que capitalice el desgaste de ambos lados —añadió el editorialista—. Si la discusión entre Morena y el PAN se prolonga sin resultados, MC ya tiene un mensaje armado, mientras discuten nombres nosotros proponíamos resolver el problema real.

—Lo que queda claro es que el fondo del asunto, la infraestructura hídrica de Mérida, quedó atrapado entre un malestar ciudadano genuino y un cálculo legislativo que lo usa a su favor —cerró la periodista—. Y eso retrata algo más amplio del momento político, la capacidad de un organismo técnico para operar bien terminó subordinada al cálculo de quién controla los nombres, no de quién resuelve los problemas.