Pensiones del Bienestar consumirán 35,000 mdd en 2027 y presionan las finanzas públicas de México
El presupuesto del programa creció 230% desde 2020; la deuda pública llegará al 56.4% del PIB al cierre del sexenio, según estimaciones oficiales
El gobierno federal destinará 35,000 millones de dólares en 2027 a las Pensiones del Bienestar, un programa que beneficiará a cerca de 43 millones de personas —ancianos, estudiantes, mujeres en situación vulnerable, campesinos y personas con discapacidad— y que representa el 6% del presupuesto aprobado para ese año.
El gasto preocupa a economistas y calificadoras internacionales: desde 2020 el presupuesto del programa creció 230%, al pasar de casi 9,000 millones de dólares a los 35,000 millones actuales, mientras los beneficiarios no cesan de aumentar y el gobierno descarta una reforma tributaria que amplíe los ingresos del Estado. Uno de cada tres mexicanos recibe alguna de estas transferencias, de acuerdo con estimaciones de agencias internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum heredó el esquema de su antecesor Andrés Manuel López Obrador y lo elevó a rango constitucional. También heredó un déficit fiscal de 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, el mayor en más de tres décadas. Aunque el gobierno espera reducirlo a 3.9% en 2027, la deuda pública asciende ya al 54% del PIB y, según estimaciones oficiales, alcanzará el 56.4% al término del sexenio en 2030; calificadoras internacionales calculan que rebasará el 60%.
Las agencias Moody's y Fitch ubican a México en el último escalón del grado de inversión, mientras S&P lo coloca dos niveles por encima pero con perspectiva de recorte. Judith Méndez, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advierte que sostener el nivel actual del gasto social obliga a recortar otras áreas: educación y salud recibirán en 2027 recursos equivalentes a 3.5% y 2.9% del PIB, respectivamente, por debajo de los estándares internacionales recomendados de 5% y 6%. Un estudio del CIEP precisa además que el 95% del presupuesto para personas con discapacidad se destina a transferencias directas, pero solo el 17% de quienes viven con alguna discapacidad las reciben efectivamente.
El economista e investigador Juan Carlos Moreno-Brid cuestiona también la universalidad de algunos apoyos: sostiene que gobiernos anteriores focalizaban los recursos en los sectores de menor ingreso, en tanto que el esquema actual distribuye los beneficios de forma indiscriminada, incluso entre hogares de altos ingresos. «Estás atendiendo el presente de una manera bastante insuficiente o mediocre y comprometiendo el futuro», afirmó Moreno-Brid. El economista precisó que las transferencias no constituyen «el pilar de la redistribución del ingreso, ni del abatimiento de la pobreza» y que, al no fortalecer los sistemas públicos de salud y educación, los hogares terminan pagando más por servicios privados que debería proveer el Estado.
El crecimiento económico promedia menos de 1% anual desde 2018, lo que limita la generación de empleo formal y, con ello, la base de ingresos fiscales que sostiene el programa. Con las elecciones legislativas a siete meses de distancia y el presupuesto ya aprobado, el margen político para contener el gasto es estrecho. El siguiente punto de tensión será la revisión que las calificadoras realicen sobre la trayectoria de la deuda soberana durante el próximo año.