Profepa clausura 17 polígonos por cambio ilegal de uso de suelo en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, Yucatán

Profepa clausura 17 polígonos por desmonte ilegal en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún

MÉRIDA, Yucatán, 3 de agosto de 2026.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con el Gobierno de Yucatán, realizó un operativo de inspección en el predio conocido como San Isidro Miramar, en el municipio de Celestún, donde impuso la clausura temporal total de 17 polígonos por el cambio ilegal de uso de suelo y el desmonte de vegetación forestal, incluyendo zonas de manglar, dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.

El despliegue contó con la participación de 397 elementos de distintas corporaciones: 17 inspectores de la Profepa, 45 efectivos de la Secretaría de Marina, 35 de la Guardia Nacional y 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, quienes brindaron apoyo para intervenir una superficie afectada de 130.8 hectáreas distribuidas en los 17 polígonos inspeccionados.

La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, señaló que la protección de las Áreas Naturales Protegidas es una prioridad para la dependencia y advirtió que el desmonte ilegal en ecosistemas de alto valor ambiental constituye un delito que será denunciado y sancionado con multas, además de exigir medidas de reparación del daño. Asimismo, reconoció la colaboración del Gobierno de Yucatán en las acciones para salvaguardar este importante ecosistema.

Las investigaciones sobre estos hechos comenzaron a finales de 2025. Como parte de las labores de inteligencia, en marzo de 2026 la Profepa realizó sobrevuelos que permitieron confirmar el desmonte y la quema de vegetación, así como la promoción y venta de lotes correspondientes a los fraccionamientos irregulares denominados “San Josué” y “Martha Elena”, ubicados dentro del Área Natural Protegida decretada en el año 2000.

Antes del operativo, la Profepa sostuvo reuniones de coordinación con autoridades estatales para garantizar las condiciones de seguridad del personal participante. Con estas acciones, la dependencia federal reiteró su compromiso de atender denuncias ciudadanas, frenar las actividades que dañan los ecosistemas y fortalecer la protección de las Áreas Naturales Protegidas mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.