Red de trata digital cataloga a más de cinco mil mujeres de la Península sin que las fiscalías actúen

Una plataforma de distribución de material íntimo no consentido, identificada como «Packs de México», opera desde 2018 con un catálogo que incluye a más de cinco mil mujeres de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, sin que las fiscalías de los tres estados hayan logrado una sola sentencia condenatoria ni dado de baja el sitio web o sus contenidos.

La impunidad sostenida convierte a esta red en un eslabón directo hacia la explotación sexual física, advierten organizaciones civiles. Las más de 200 denuncias acumuladas entre 2018 y enero de 2026 han quedado en archivo muerto, mientras el catálogo crece y las víctimas enfrentan acoso, estigma y, en algunos casos, trata de personas.

Emmy Puerto, representante del Frente Nacional para la Sororidad en Yucatán, describió el mecanismo: la red opera como un mercado negro digital por suscripción que obtiene material mediante difusión no consentida por parejas o conocidos, extorsión, hackeos, robo en talleres de telefonía, tomas clandestinas conocidas como upskirting y manipulación con inteligencia artificial mediante deepfakes. El material se clasifica por estado, municipio y escuela, y se difunde junto con nombres, teléfonos y perfiles de redes sociales de las víctimas. La distribución ocurre a través de canales de Telegram; las membresías se cobran en tiendas de conveniencia o transferencias bancarias, y quienes no pagan acceden entregando material inédito de mujeres locales.

Fernanda Medellín, representante de Defensoras Digitales Latam, precisó que «la violencia digital trastoca más allá de las pantallas; genera ansiedad, persecución y detona violencias escolares, físicas, violencia sexual e incluso trata de personas». Una víctima identificada como Rebeca, quien tenía 15 años cuando su material fue difundido, relató que en su escuela «hablaban de mi cuerpo» y que su familia vivió la vergüenza pública. Añadió que las autoridades sugirieron resolver el problema apagando el teléfono. Los municipios con mayor concentración de casos incluyen Mérida, Kanasín, Valladolid y Progreso en Yucatán; Benito Juárez y Solidaridad en Quintana Roo, donde el turismo y el anonimato urbano agravan el fenómeno; y San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen, donde las afectadas son estudiantes universitarias y trabajadoras de la industria petrolera.

Tania Ramírez y Yunitzilim Rodríguez, de la Red Feminista Quintanarroense y el Colectivo Siempre Unidas, denunciaron que las víctimas son revictimizadas por los propios ministerios públicos, quienes condicionan la denuncia o sugieren «cerrar redes». La activista Olimpia Coral Melo ha señalado que las fiscalías poseen facultades cautelares para solicitar la baja de contenidos y dominios, por lo que su inacción en la península constituye complicidad por negligencia. Las policías cibernéticas, por su parte, carecen de software y peritos especializados para rastrear direcciones IP dinámicas o servidores ubicados en el extranjero, lo que deja sin respuesta técnica ni jurídica a las denunciantes.