Reino Unido declara a la Guardia Revolucionaria de Irán una amenaza nacional
El gobierno de Reino Unido designó oficialmente a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como una amenaza para la seguridad nacional, una medida que fortalece las facultades de las autoridades británicas para perseguir y sancionar a quienes colaboren con la organización iraní dentro del país.
La decisión fue formalizada después de que el Parlamento británico aprobara la inclusión de la Guardia Revolucionaria en una nueva lista de organismos vinculados con actividades promovidas por Estados extranjeros. La medida también contempla al Movimiento Islámico de los Compañeros del Derecho, relacionado con Irán, y al denominado Cuerpo de Voluntarios del GRU, controlado por la inteligencia militar rusa.
Aunque la designación no se realizó bajo el régimen tradicional utilizado para prohibir organizaciones terroristas, sus efectos legales son similares. A partir de esta clasificación, apoyar, ayudar o colaborar con alguno de los grupos señalados podrá ser castigado con penas de hasta 14 años de prisión. Quienes cometan actos de sabotaje, incluidos incendios provocados, en nombre de estas organizaciones podrían enfrentar incluso cadena perpetua.
El gobierno británico afirmó que la Guardia Revolucionaria ocupa un papel central en las operaciones internacionales del Estado iraní y que durante años ha recurrido a intermediarios, organizaciones afines y redes criminales para amenazar a personas en el extranjero, especialmente a integrantes de la comunidad judía y a opositores iraníes.
Las autoridades señalaron que el Movimiento Islámico de los Compañeros del Derecho se atribuyó siete ataques contra lugares relacionados con comunidades judías e israelíes y medios de comunicación en lengua persa. Entre los hechos mencionados se encuentra el incendio de cuatro ambulancias de la organización comunitaria Hatzola, ocurrido en marzo en Golders Green, al norte de Londres.
De acuerdo con la evaluación del gobierno británico, integrantes de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria estuvieron detrás de esa organización y probablemente dirigieron una serie de ataques perpetrados en distintos países europeos. Londres también informó que sus agencias de seguridad identificaron durante un año al menos 20 posibles planes respaldados por Irán que representaban amenazas potencialmente mortales contra personas residentes en Reino Unido.
El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que su gobierno no permitirá que Reino Unido sea utilizado por otros Estados para extender el miedo, la división y la violencia. Asimismo, advirtió que cualquier persona que actúe en nombre de organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad nacional enfrentará todo el peso de la legislación británica.
La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, acusó a Irán y Rusia de utilizar grupos intermediarios y delincuentes para realizar actividades hostiles en territorio británico. La funcionaria sostuvo que las nuevas facultades permitirán localizar, procesar y encarcelar con mayor facilidad a quienes trabajen para las organizaciones designadas.
Uno de los principales cambios introducidos por la nueva legislación consiste en que los fiscales ya no tendrán que demostrar en cada proceso judicial una conexión directa entre el acusado y una potencia extranjera. Esto facilitará la presentación de cargos contra personas contratadas para realizar actos de vigilancia, intimidación, espionaje, sabotaje o violencia.
La medida se suma a las sanciones que Reino Unido ya mantiene contra la Guardia Revolucionaria en su conjunto y contra más de 550 personas y entidades vinculadas con Irán. El gobierno británico considera que estas acciones son necesarias ante el aumento de las operaciones respaldadas por Estados extranjeros y el uso de redes criminales para ocultar su participación.
La decisión provocó una nueva confrontación diplomática entre Londres y Teherán. El gobierno iraní convocó al representante británico para protestar por la designación, la cual calificó como una medida provocadora y políticamente motivada. Las autoridades iraníes advirtieron que la decisión no quedaría sin respuesta y responsabilizaron a Reino Unido por sus posibles consecuencias.
Con la entrada en vigor de estas disposiciones, Reino Unido incrementa la presión sobre las estructuras vinculadas con el gobierno iraní y establece uno de los marcos legales más estrictos de Europa para combatir operaciones de espionaje, intimidación y violencia atribuidas a potencias extranjeras.