Pesca industrial y camaroneras agravan la crisis de comunidades costeras en Guatemala

Las comunidades pesqueras de Champerico, en la costa del Pacífico de Guatemala, enfrentan una creciente crisis marcada por la reducción de las capturas, la presencia de grandes embarcaciones industriales, la contaminación de los esteros y la transformación de extensas zonas costeras por actividades productivas como la acuicultura y los monocultivos.

El municipio, que durante décadas mantuvo una estrecha relación económica con el mar, conserva hoy los restos de un antiguo puerto que perdió relevancia después de la construcción de Puerto Quetzal en la década de 1980. Desde entonces, buena parte de la actividad de Champerico ha quedado vinculada a la pesca artesanal.

Sin embargo, quienes dependen de ella aseguran que cada vez resulta más difícil obtener suficiente producto para sostener a sus familias.

María Helena Hernández, quien desde hace más de dos décadas compra pescado a los trabajadores locales para posteriormente comercializarlo, recuerda que anteriormente las capturas eran considerablemente mayores. “Antes venían los muchachos con toneladas de pescado. Ahora dan gracias si traen un quintal”, explicó.

La falta de oportunidades ha provocado también que numerosos jóvenes abandonen la comunidad en busca de mejores condiciones económicas, principalmente en Estados Unidos.

Venancio Morales, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Champerico, atribuye parte de la disminución de las capturas a la presencia cada vez más cercana de grandes embarcaciones pesqueras. Según explicó, barcos que anteriormente operaban a unas 200 millas de la costa ahora pueden encontrarse a aproximadamente 75 millas.

Los pescadores artesanales consideran que esta actividad reduce la cantidad de especies disponibles cerca de la costa y cuestionan el uso de grandes redes de cerco, capaces de atrapar distintos tipos de peces en una misma operación.

En la región opera Industria Atunera Centroamericana, filial de la empresa española Jealsa-Rianxeira. Informes sobre la actividad pesquera en Centroamérica han advertido que la expansión del sector industrial ha obligado a algunos pescadores artesanales a desplazarse cada vez más lejos de la costa para mantener sus niveles de captura.

La preocupación también se extiende a los esteros de Laguna Grande y El Muerto, donde habitantes y organizaciones locales denuncian desde hace años posibles afectaciones relacionadas con residuos procedentes de actividades acuícolas, agrícolas e industriales.

Doris Ramírez, defensora del territorio e integrante de la Asociación de Pescadores de Champerico, llevó estas denuncias hasta Naciones Unidas durante la Semana Mundial del Agua celebrada en Ginebra en marzo de 2025.

Ramírez sostiene que las actividades camaroneras y los monocultivos han provocado cambios importantes en los ecosistemas de la región. “La industria camaronera ha destruido los manglares”, afirmó al recordar que años atrás podía recolectar con facilidad jaibas, camarones y otras especies en las zonas cercanas a su comunidad.

Una de las compañías señaladas por integrantes de la comunidad es Nova Guatemala, perteneciente al Grupo Nueva Pescanova, empresa de capital español y que durante años mantuvo explotaciones dedicadas al cultivo de camarón en la zona.

La compañía ha rechazado que sus instalaciones sean actualmente responsables de los problemas ambientales denunciados. Según su postura, sus fincas de cultivo de camarón ya no se encuentran operativas y las piscinas permanecen vacías desde antes de 2022. También aseguró que mientras estuvieron en funcionamiento no recibió notificaciones oficiales por incumplimientos ambientales o contaminación.

Las comunidades, por su parte, señalan también a los extensos cultivos de palma africana y caña de azúcar como posibles fuentes de presión ambiental.

Julio González, integrante del Colectivo Madre Selva, considera que el uso de agroquímicos en estas plantaciones representa otro factor de riesgo para los ecosistemas costeros debido a que los residuos pueden desplazarse hacia cuerpos de agua y terminar llegando al océano.

Las disputas entre empresas y pobladores han llegado incluso a los tribunales. En 2016, habitantes de la aldea El Rosario conformaron la Asociación de Pescadores de Subsistencia ante su preocupación por el deterioro de las lagunas.

Pedro Liceo Vásquez, uno de los dirigentes de la organización, fue posteriormente acusado junto con otras cinco personas de coacción a raíz del conflicto con Nova Guatemala. Cuatro años después, todos fueron absueltos por falta de pruebas.

Liceo asegura que después de aquellas protestas recibió amenazas, situación que lo llevó a evaluar la posibilidad de abandonar Guatemala. Otros pescadores de su comunidad sí han emigrado hacia Estados Unidos.

A los problemas denunciados se ha sumado la proliferación del llamado “piojo de mar”, un pequeño crustáceo que se adhiere a los peces y puede afectar su supervivencia.

Investigadores que analizaron las lagunas observaron una mayor presencia del organismo en zonas donde existen descargas de aguas residuales y altos niveles de contaminación. Algunas investigaciones consideran posible que los cambios en las condiciones del ecosistema hayan favorecido su proliferación, aunque las empresas señaladas niegan cualquier responsabilidad.

La situación de Champerico refleja además un fenómeno internacional. La Unión Europea depende en buena medida de las importaciones de pescado y marisco provenientes de otros países para cubrir su consumo. En 2026, el llamado End of Fish Day, fecha simbólica que señala cuándo la producción europea deja de ser suficiente para satisfacer su demanda anual, llegó el 19 de mayo.

Para organizaciones ambientales y pescadores locales, esta relación evidencia las contradicciones de un modelo en el que comunidades productoras enfrentan las consecuencias ambientales y sociales de la explotación de los recursos, mientras buena parte de los productos obtenidos termina destinada a mercados internacionales.

Ante este panorama, los pescadores de Champerico reclaman mayor protección para los ecosistemas costeros, participación de las comunidades en las decisiones relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales y medidas que permitan garantizar la continuidad de la pesca artesanal.

Durante su intervención ante Naciones Unidas en 2025, Doris Ramírez pidió además impulsar en Guatemala una legislación de biodiversidad que proteja las especies y reconozca el papel de las comunidades que históricamente han dependido del mar para subsistir.