Santa María Chi exige respuestas tras el retiro de más de 41 mil cerdos de granja porcícola
El retiro de 41 mil 570 cerdos de la granja porcícola ubicada en Santa María Chi, comisaría de Mérida, no ha puesto fin a las preocupaciones de los habitantes, quienes aseguran que todavía esperan conocer formalmente los resultados del Estudio de Daño Ambiental y las medidas que deberán aplicarse para reparar las posibles afectaciones ocasionadas durante años de operación.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificó desde finales de abril el retiro total de los animales de la Granja Porcícola Santa María, operada por Pecuaria Peninsular, como parte del cumplimiento de la clausura total definitiva impuesta a la empresa.
La medida fue determinada después de que la autoridad ambiental detectara incumplimientos reiterados de acciones correctivas relacionadas con la operación del establecimiento. Entre las irregularidades señaladas se encuentran la descarga directa de aguas residuales sin autorización y la falta de caracterización de lodos.
Como parte del procedimiento sancionatorio, Pecuaria Peninsular recibió una multa de 18 millones 668 mil 100 pesos. Además, la Profepa ordenó la elaboración de un Estudio de Daño Ambiental que permita establecer las afectaciones generadas y definir las acciones correctivas y de compensación correspondientes.
Sin embargo, habitantes de Santa María Chi sostienen que todavía no conocen formalmente el contenido ni las conclusiones de dicho estudio. Wilberth Nahuat Puc, comisario de la comunidad y uno de los opositores a la operación de la granja, señaló que el retiro de los animales representó un avance, aunque todavía falta determinar cómo se atenderán las posibles afectaciones al suelo y al agua.
Una de las principales preocupaciones se concentra en las condiciones de los pozos de la zona. De acuerdo con los pobladores, habitantes de Santa María Chi han realizado monitoreos propios en más de 15 pozos, mientras cuestionan el alcance de las muestras tomadas recientemente por personal de la autoridad federal.
La comunidad considera necesario analizar tanto los pozos ubicados dentro de Santa María Chi como aquellos situados en sus alrededores para conocer si existen afectaciones relacionadas con la actividad porcícola desarrollada durante años en la zona.
La inquietud también se ha extendido a la comisaría de Molas, donde habitantes aseguran que parte de los animales y de la infraestructura que se encontraba en Santa María Chi habría sido trasladada a unidades porcícolas cercanas. Los vecinos han reportado malos olores y tránsito de vehículos pesados, además de expresar preocupación por posibles repercusiones ambientales.
Hasta el momento, estos señalamientos sobre el traslado de los animales y posibles afectaciones en Molas corresponden a denuncias realizadas por habitantes y no representan una confirmación oficial de daño ambiental en esa comunidad.
Para los pobladores de Santa María Chi, el cierre de la granja y el retiro de los más de 41 mil ejemplares fueron apenas una parte del proceso. Ahora esperan que las autoridades esclarezcan las condiciones en las que quedaron el suelo y el agua, den a conocer los resultados de los estudios ambientales y garanticen el cumplimiento de las acciones necesarias para reparar cualquier daño que sea identificado.