Solo 11.7% de empresarios considera que el gobierno de Yucatán cumple su mandato, el peor registro nacional
La primera medición 2026 de Data Coparmex sitúa el ánimo para invertir en grandes empresas yucatecas en apenas 8.3%, el dato más bajo desde que existe el indicador.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reveló en su primera medición 2026, denominada Data Coparmex, que apenas el 11.7% de sus socios en Yucatán considera que el gobierno estatal cumple con los propósitos para los que fue electo. El propio documento califica ese resultado como el más bajo desde que existe el indicador y el más bajo del país.
El hallazgo importa porque no proviene de un adversario político ni de una encuesta de opinión ciudadana, sino del sector que toma decisiones de inversión, empleo y expansión empresarial. Cuando quienes mueven el capital productivo de un estado retiran su confianza al gobierno, la consecuencia no es electoral: es económica.
El denominado Ánimo para Invertir —porcentaje de empresarios que considera que, frente al año anterior, es buen momento para invertir— registró en Yucatán 17.9%, por debajo del ya preocupante 23% nacional. El desglose por tamaño de empresa agrava el panorama: microempresas, 22.2%; pequeñas, 20.9%; medianas, 12.5%; y grandes empresas, 8.3%. Coparmex advierte que la tendencia se invirtió: a mayor tamaño de empresa, menor disposición a invertir, un fenómeno inédito en el estado.
Cuando la medición indaga los principales obstáculos para el crecimiento de los negocios, la incertidumbre económica encabeza la lista con 28.1%, seguida de la incertidumbre política con 17.6%. La inseguridad, históricamente el argumento más socorrido para explicar la parálisis empresarial, no ocupa el primer lugar. Las fallas atribuidas al gobierno estatal tampoco apuntan a ese rubro: 18.4% señaló deficiencias en infraestructura y servicios públicos, 15.3% falta de apoyo al empresario y 15% corrupción.
El mismo documento ofrece, no obstante, datos que moderan una lectura catastrofista. La percepción de corrupción entre los socios de Coparmex en Yucatán disminuyó y se ubicó en 34.8%, y la incidencia delictiva empresarial reportada también descendió respecto de la medición anterior, con delitos predominantemente de bajo impacto. El estado conserva una de sus ventajas estructurales históricas: la seguridad.
El contraste más incómodo para el Gobierno del Estado aparece en la página 26 del documento, donde se pregunta si la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, cumple con las funciones para las que fue electa. El 67% respondió favorablemente —16% totalmente de acuerdo y 51% algo de acuerdo—, frente a 12% en desacuerdo y 21% neutral. Coparmex y los propios autores del análisis advierten que los indicadores estatal y municipal no son metodológicamente idénticos, por lo que la comparación directa de porcentajes sería inexacta; aun así, la distancia entre ambas valoraciones en el mismo documento, con el mismo sector y en la misma medición, resulta difícil de ignorar.
La medición no equivale a un resultado electoral ni abarca a todos los sectores de la sociedad yucateca, pero los fenómenos empresariales suelen anticipar efectos que después alcanzan a las familias: primero se detiene una inversión, luego una expansión, después una contratación. La pregunta que Data Coparmex deja sobre la mesa no es ideológica ni partidista: si Yucatán conserva seguridad, capital humano e infraestructura, ¿qué explica que solo ocho de cada cien grandes empresas consideren este el momento adecuado para invertir en el estado?