SIP advierte que la violencia, los asesinatos y las amenazas mantienen bajo riesgo al periodismo en México
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que México continúa enfrentando una preocupante situación de violencia contra periodistas, marcada por asesinatos, amenazas de muerte, agresiones físicas y presiones que dificultan el ejercicio de la libertad de expresión. En su más reciente informe, la organización señaló que la impunidad y determinadas medidas legales representan obstáculos para garantizar un periodismo libre y seguro.
El organismo documentó tres asesinatos de comunicadores durante 2026, entre ellos el de Josué Martínez Contreras, director del medio Noticias San Martín Texmelucan, quien fue asesinado en julio en Puebla. También destacó el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista conocido por sus críticas a las autoridades, así como el de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto en Puebla.
Ante estos hechos, la SIP, junto con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), solicitó investigaciones exhaustivas que permitan esclarecer los crímenes y determinar si estuvieron relacionados con la actividad profesional de las víctimas. Las organizaciones insistieron en que las autoridades no deben descartar el ejercicio periodístico como posible móvil de los homicidios.
El informe también hizo referencia a otros tres asesinatos de comunicadores en los que, de acuerdo con la información disponible, no se han identificado indicios que permitan relacionarlos directamente con su trabajo. Sin embargo, la organización consideró necesario mantener una vigilancia constante sobre las condiciones de seguridad que enfrentan quienes se dedican a informar.
Además de los homicidios, la SIP registró amenazas de muerte, agresiones durante coberturas informativas y presiones para retirar contenidos publicados. Entre los casos mencionados se encuentra el de dos periodistas en Tamaulipas, quienes denunciaron que integrantes de la Secretaría de Marina los obligaron a eliminar fotografías y videos mientras documentaban un presunto derrame de petróleo.
La organización también expresó preocupación por el uso de herramientas jurídicas que podrían limitar el ejercicio periodístico. Uno de los ejemplos señalados fue la denominada Ley Serrano, una reforma aprobada en 2025 en San Luis Potosí que contemplaba penas de hasta seis años de prisión por utilizar inteligencia artificial para difundir información falsa o afectar la confianza en las instituciones.
La legislación fue cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos debido a sus posibles repercusiones sobre la libertad de expresión. Su aplicación derivó en procesos penales contra periodistas, incluidas dos comunicadoras detenidas en mayo de 2026. Posteriormente, el Congreso de San Luis Potosí derogó la reforma en julio.
Otro de los puntos abordados fue la aprobación, en agosto, de nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, los cuales provocaron cuestionamientos por el riesgo de posibles interferencias en la independencia editorial de los medios de comunicación. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que estas disposiciones representaran una forma de censura.
El documento también recogió las críticas relacionadas con un análisis gubernamental sobre una presunta red de amplificación digital que incluía nombres de periodistas y analistas. Aunque el gobierno federal negó que su intención fuera estigmatizar a los comunicadores, el caso generó inquietud sobre la relación entre las autoridades y los profesionales de la información.
Para la SIP, la impunidad continúa siendo uno de los principales factores que favorecen la repetición de actos violentos contra periodistas. La falta de esclarecimiento de los crímenes, sumada a las amenazas y agresiones, contribuye a generar un ambiente de inseguridad que puede propiciar la autocensura y dificultar la cobertura de asuntos de interés público.
La gravedad de esta situación también se refleja en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, en la que México ocupa el puesto 122 de 180 países evaluados. En el indicador específico de seguridad, el país se ubica en la posición 160, lo que evidencia los riesgos que enfrentan los profesionales de la comunicación.
Ante este panorama, las organizaciones internacionales reiteraron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, garantizar investigaciones efectivas y combatir la impunidad. La SIP subrayó que la seguridad de los periodistas constituye una condición indispensable para preservar la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información.