Suprema Corte rechaza impugnación de MC contra reforma electoral de Quintana Roo
Solo queda pendiente la discusión sobre acciones afirmativas para personas con discapacidad, tras empate de cuatro votos contra cuatro
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el martes los argumentos centrales de Movimiento Ciudadano (MC) contra el Decreto 257 del Congreso de Quintana Roo, con el que se modificaron reglas clave del sistema electoral local. El Pleno validó tanto el procedimiento legislativo como el nuevo mecanismo de listas de representación proporcional que el partido había impugnado mediante la acción de inconstitucionalidad 78/2026.
La resolución consolida una reforma políticamente sensible: a partir de ahora, los partidos controlarán la totalidad de las diez candidaturas de representación proporcional en el Congreso de Quintana Roo, sin que ninguna posición deba reservarse a perdedores de mayoría relativa con alta votación. Morena y sus aliados, que forman la mayoría legislativa en ese congreso, habían impulsado el cambio publicado el 29 de mayo de 2026.
En materia de consulta indígena, los ocho ministros presentes rechazaron por unanimidad el argumento de MC. La ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García sostuvo que la obligación constitucional de consultar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se activa únicamente cuando una reforma produce una afectación directa, específica o diferenciada sobre esos grupos; en este caso, las disposiciones impugnadas establecen reglas generales de participación política, no modificaciones a derechos indígenas particulares. Sobre el nuevo esquema de listas, la votación también fue unánime: la Corte precisó que la Constitución federal no impone a los estados un modelo único de representación proporcional y que los congresos locales tienen libertad de configuración legislativa, siempre que preserven ese principio y no vulneren otros límites constitucionales.
El único punto que no quedó resuelto involucra a las personas con discapacidad. El proyecto original de Guerrero García proponía declarar que el Congreso quintanarroense incurrió en una omisión legislativa al no establecer acciones afirmativas para ese grupo, para jóvenes y para integrantes de la diversidad sexual y de género. Ante la resistencia de varios ministros —entre ellos Irving Espinosa Betanzo y Lenia Batres Guadarrama, quienes cuestionaron que la Corte pudiera imponer por vía judicial cuotas sin mandato constitucional expreso—, el ponente retiró durante la sesión los capítulos de jóvenes y diversidad sexual y conservó solo el relativo a discapacidad, sustentado en obligaciones internacionales más específicas. La votación terminó cuatro contra cuatro, empate que pospone la discusión ante la ausencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Cuando se integre el Pleno completo, la Corte deberá retomar el debate sobre si existe o no esa omisión legislativa en materia de discapacidad. De no alcanzarse una mayoría calificada de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad, la parte impugnada del Decreto 257 quedará firme en su totalidad.