Testimonio desde Santa Martha denuncia golpizas, abusos y una red de corrupción
Un nuevo testimonio difundido desde el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla volvió a colocar bajo escrutinio las condiciones en las que viven las mujeres privadas de la libertad en uno de los principales centros penitenciarios de la Ciudad de México.
De acuerdo con la información publicada por Latinus, el relato expone presuntas golpizas, amenazas, abusos y actos de corrupción que habrían sido cometidos dentro del penal con el conocimiento, la tolerancia o la participación de algunas autoridades penitenciarias.
La mujer que proporcionó el testimonio describió un entorno marcado por el miedo y el control ejercido tanto por grupos de internas como por personal encargado de mantener el orden. Las acusaciones señalan la existencia de cobros ilegales, castigos físicos y represalias contra quienes se niegan a entregar dinero, colaborar con determinadas reclusas o guardar silencio sobre lo que sucede dentro del centro.
Estas denuncias resultan particularmente graves porque las autoridades penitenciarias tienen la obligación de proteger la vida, la integridad y los derechos de todas las personas que se encuentran bajo su custodia. Una sentencia judicial implica la privación de la libertad, pero no elimina el derecho a recibir atención médica, vivir sin violencia y ser tratada con dignidad.
El testimonio también coincide con acusaciones presentadas anteriormente por internas, familiares y algunas custodias. En marzo de 2026, Latinus informó que una comandante del penal presuntamente ordenó iniciar una operación denominada “la cacería”, mediante la cual personal de seguridad habría sido instruido para actuar contra mujeres que no formaban parte de una supuesta red de cobros y extorsiones.
Según esos testimonios, algunas internas eran retiradas de sus dormitorios con violencia, perdían sus pertenencias o productos de venta y eran trasladadas a espacios donde podían quedar expuestas al consumo y la comercialización de drogas. También se denunciaron cuotas semanales para conservar determinadas actividades, evitar cambios de dormitorio o recibir visitas.
Las acusaciones no pueden considerarse hechos comprobados mientras no sean investigadas por las autoridades competentes. Sin embargo, su reiteración, la coincidencia entre distintos relatos y los antecedentes documentados obligan a que las investigaciones sean independientes, transparentes y exhaustivas.
La situación se volvió todavía más preocupante después de que seis mujeres murieran dentro de Santa Martha Acatitla entre marzo y junio de 2026. Las autoridades capitalinas atribuyeron los fallecimientos a causas médicas, naturales o posibles suicidios y aseguraron que en todos los casos se notificó al Ministerio Público.
No obstante, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrió investigaciones para determinar si existieron omisiones, deficiencias estructurales o responsabilidades de servidores públicos. El organismo recibió seis quejas y anunció acciones de monitoreo para revisar las condiciones del penal y los factores que pudieron poner en riesgo la vida y la salud de las internas.
La salida de la subdirectora operativa del centro penitenciario, ocurrida después de que se hicieran públicas algunas de las denuncias, también generó cuestionamientos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana sostuvo que la separación del cargo ocurrió por motivos personales y negó que estuviera relacionada con las muertes registradas en el penal.
Sin embargo, la gravedad de los señalamientos exige algo más que cambios administrativos o explicaciones generales. Las autoridades deben garantizar la protección de las mujeres que han denunciado, preservar las posibles pruebas, revisar las actuaciones del personal y evitar cualquier represalia contra internas, familiares o custodias que colaboren con las investigaciones.
También resulta necesario transparentar los resultados de las indagatorias relacionadas con los fallecimientos, los presuntos cobros ilegales, los cambios arbitrarios de dormitorio, la introducción de drogas y las acusaciones de violencia física. Sin información pública y verificable, las versiones oficiales difícilmente podrán recuperar la confianza de las familias.
Las cárceles son espacios cerrados en los que la supervisión ciudadana y periodística resulta limitada. Esa condición incrementa la vulnerabilidad de quienes se encuentran recluidas y facilita que los abusos permanezcan ocultos. Por ello, las denuncias provenientes del interior no deben ser minimizadas, especialmente cuando describen patrones que se han repetido durante varios años.
El caso de Santa Martha Acatitla no solamente representa un problema penitenciario. También pone a prueba la capacidad de las instituciones de la Ciudad de México para investigar a sus propios funcionarios y garantizar que la reinserción social no sea sustituida por un sistema de amenazas, violencia y cobros ilegales.
Las mujeres privadas de la libertad permanecen bajo la responsabilidad directa del Estado. Cada agresión que no se previene, cada denuncia que no se investiga y cada posible acto de corrupción que queda impune representa una falla institucional.
El testimonio difundido desde Santa Martha debe convertirse en el punto de partida de una investigación seria y no en una denuncia más que termine perdiéndose entre comunicados y promesas. Mientras no exista claridad sobre lo ocurrido, la pregunta seguirá vigente: ¿quién protege a las mujeres cuando las personas responsables de cuidarlas son señaladas como parte del problema?