Trabajadores del Poder Judicial en Campeche mantienen paro: exigen garantías laborales

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Campeche decidieron mantener su protesta de brazos caídos, a pesar de los acuerdos alcanzados entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las organizaciones sindicales para retirar las sanciones relacionadas con las evaluaciones de desempeño. Los manifestantes exigen que dichos compromisos sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) antes de levantar su movilización.

La inconformidad surge por los nuevos mecanismos de evaluación laboral, que, según los empleados, contienen criterios subjetivos capaces de comprometer la estabilidad de quienes cuentan con nombramientos definitivos. Aunque reconocen los avances en las negociaciones, consideran insuficientes los acuerdos verbales, debido a experiencias anteriores en las que las autoridades anunciaron mesas de diálogo que no se concretaron.

Ricardo Fragoso Becerra, secretario de Juzgado y representante de 32 Circuitos Unidos y Colegios de Secretarios y Actuarios, explicó que los trabajadores no rechazan las evaluaciones ni los procesos de capacitación. Su principal preocupación radica en la posibilidad de que las calificaciones dependan de apreciaciones personales que no reflejen adecuadamente sus capacidades profesionales.

De acuerdo con el representante, el esquema cuestionado establece que el 30% de la calificación corresponda a valoraciones realizadas por el titular del órgano jurisdiccional y los propios compañeros de trabajo. De ese porcentaje, el 22.5% dependería de la opinión del superior jerárquico y el 7.5% restante de los colegas, una distribución que consideran susceptible de interpretaciones subjetivas.

Los inconformes también cuestionaron que las disposiciones anteriores contemplaran consecuencias que podían llegar hasta la pérdida del nombramiento, después de agotar los procedimientos establecidos para quienes no aprobaran las evaluaciones. Frente a este escenario, plantearon que los resultados deficientes deben atenderse mediante programas de capacitación y nuevas oportunidades para acreditar los conocimientos necesarios.

En Campeche, aproximadamente 228 trabajadores de base, entre secretarios, actuarios y oficiales judiciales, pertenecen a las categorías involucradas en este proceso. La movilización también se extiende a Ciudad del Carmen y otras sedes del país, donde empleados mantienen exigencias similares.

A pesar de la protesta, los participantes aseguraron que no impedirán el acceso a los edificios judiciales ni suspenderán por completo los servicios. La manifestación se desarrolla de manera pacífica, permitiendo la entrada de jueces, abogados y ciudadanos, además de garantizar la atención de asuntos considerados urgentes.

Las jornadas de brazos caídos se mantendrán durante el horario laboral, aproximadamente hasta las 15:00 o 16:00 horas. Según Fragoso Becerra, entre 18 y 20 sedes judiciales del país continuaban participando en estas acciones, aunque algunos trabajadores decidieron mantenerse al margen de las movilizaciones.

El conflicto ocurre en medio de las modificaciones al sistema de evaluación del personal judicial, cuyo propósito oficial es identificar necesidades de capacitación y mejorar el desempeño institucional. Sin embargo, los trabajadores insisten en que cualquier mecanismo debe garantizar criterios objetivos y respetar los derechos laborales adquiridos.

Por ahora, el regreso a las actividades normales dependerá de que el Órgano de Administración Judicial formalice los cambios acordados y estos sean publicados en el Diario Oficial de la Federación. Mientras eso no ocurra, los empleados de Campeche mantendrán su postura, al considerar que la estabilidad laboral debe estar respaldada por disposiciones oficiales y no únicamente por compromisos anunciados durante las negociaciones.