Tras cinco años de lucha, vecinos de San Damián frenan gasoducto de Engie en Mérida
El Ayuntamiento de Mérida confirmó que no otorgará nuevas licencias de construcción para continuar con la instalación de un gasoducto en la colonia San Damián, luego de varios años de oposición vecinal y procedimientos judiciales. La empresa Tractebel GNP, conocida comercialmente como Engie, también manifestó su decisión de desistir de las obras en la vialidad involucrada.
La determinación representa un avance para los habitantes de la zona, quienes desde 2021 han denunciado presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto, así como la falta de información sobre los posibles riesgos de instalar infraestructura de gas natural cerca de viviendas y centros educativos.
La controversia se concentró principalmente en las calles 13 y 11A de San Damián, donde, de acuerdo con los antecedentes del caso, se enterraron cerca de dos kilómetros de tubería. Los residentes señalaron que el proyecto originalmente contemplaba una ruta sobre la avenida 7, en las inmediaciones de la clínica de La Ceiba, pero posteriormente habría sido modificado para atravesar calles habitacionales sin el consentimiento de la comunidad.
La decisión municipal fue comunicada durante el primer foro de participación pública ambiental, convocado por la Dirección de Desarrollo Urbano en cumplimiento de una resolución judicial derivada del juicio de amparo 492/2021, promovido por el colectivo Defensores de San Damián con el acompañamiento de la organización Kanan Derechos Humanos A.C.
En el encuentro, celebrado en las instalaciones de la Central de Orden, Planeación y Desarrollo Urbano, participaron más de 20 habitantes de la colonia, quienes reiteraron su oposición al proyecto y solicitaron información detallada sobre las características, medidas de seguridad y posibles afectaciones de los ductos.
Aunque las autoridades confirmaron que no se expedirán nuevos permisos para continuar los trabajos en la vialidad señalada, todavía existen asuntos pendientes relacionados con la infraestructura que pudo haberse instalado durante 2021 y 2022.
Ante las inquietudes de los vecinos, el Ayuntamiento se comprometió a realizar una inspección en la zona para identificar los tramos de tubería existentes y evaluar las medidas correspondientes, incluida la posibilidad de retirarlos. Sin embargo, las autoridades aclararon que esta revisión no implica una decisión definitiva sobre la extracción de los ductos, pues primero deberá determinarse su ubicación y extensión.
Los integrantes del colectivo también expresaron su inconformidad con el desarrollo del foro ambiental, al considerar que no se presentó información técnica suficiente sobre los beneficios, riesgos e impactos del gasoducto. Asimismo, señalaron la ausencia de especialistas e instituciones que pudieran explicar las implicaciones del proyecto y responder a las preocupaciones de la comunidad.
En respuesta, el gobierno municipal se comprometió a convocar una segunda sesión informativa que permita atender los cuestionamientos ciudadanos y cumplir con las disposiciones establecidas en la resolución judicial. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para dicho encuentro.
El conflicto legal comenzó en 2021, cuando habitantes de San Damián emprendieron acciones contra autoridades de los tres niveles de gobierno por los permisos concedidos para instalar la infraestructura de gas natural. En mayo de 2022, un Tribunal Colegiado ordenó suspender las obras mientras se resolvía el procedimiento judicial.
Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, el Juzgado Segundo de Distrito en Yucatán resolvió el amparo 492/2021 y reconoció vulneraciones a los derechos de acceso a la información y participación ciudadana de los residentes.
A pesar de la decisión anunciada por el Ayuntamiento y del desistimiento de Engie en la vialidad señalada, los vecinos consideran que el proceso todavía no concluye, debido a la incertidumbre sobre los ductos previamente instalados y la necesidad de contar con información técnica completa.
El colectivo Defensores de San Damián reiteró que cualquier proyecto de infraestructura de esta naturaleza debe garantizar la transparencia, informar oportunamente a las comunidades involucradas y permitir que sus habitantes participen en las decisiones que puedan afectar su entorno.
La resolución marca un avance en una controversia que se ha prolongado durante más de cinco años y pone nuevamente en discusión la importancia de respetar los derechos ciudadanos durante la planeación y ejecución de proyectos de infraestructura urbana.