Tribunal Supremo de España suspende el voto a miles de naturalizados por la «ley de nietos»
La medida cautelar exige acreditar parentesco con exiliados del franquismo antes de los comicios de 2027
El Tribunal Supremo de España suspendió el martes el derecho al voto de cientos de miles de ciudadanos naturalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos», según un auto difundido el jueves.
La decisión golpea directamente el censo electoral de cara a los comicios generales de 2027, pues obliga a los nuevos españoles a demostrar parentesco directo con exiliados de la Guerra Civil o el franquismo para poder votar, un requisito que el Ministerio de Justicia había descartado en 2022.
Según datos oficiales hasta el 31 de mayo pasado, 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española por esta vía. De ellas, 333.696 ya figuraban inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes y otras 238.065 tramitaban su ingreso al registro.
El fallo responde a un recurso de los partidos Vox e Iustitia Europa, que acusan al Gobierno de Pedro Sánchez, presidente de España, de inflar el padrón electoral con fines políticos. El tribunal argumentó que la inscripción de estos nacionalizados generaba «un peligro fundado, real y serio» para «la objetividad y transparencia del proceso electoral».
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, permite optar por la nacionalidad española a descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y ha beneficiado a miles de personas en América Latina y otras regiones.
Sánchez calificó la medida como un intento de «cercenar el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles» y afirmó no querer «ciudadanos de primera y de segunda». Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, celebró el fallo como una forma de «parar a este gobierno y devolver la dignidad a los españoles».
El Tribunal Supremo aclaró que la suspensión es una medida cautelar mientras resuelve el fondo del recurso, por lo que no tiene carácter firme. Sánchez pidió al tribunal resolver con rapidez para evitar que la incertidumbre jurídica se prolongue sobre los ciudadanos afectados.