Visión compartida

Víctor José López Martínez

Los mercaderes del miedo

Cuando los senadores romanos querían callar un debate incómodo, ganar una votación perdida o justificar un poder que no les correspondía, bastaba con pronunciar tres palabras: Hannibal ad portas. Aníbal está a las puertas. No importaba que el cartaginés llevara años lejos de Italia o décadas muerto: el enemigo invocado no necesita existir, solo necesita ser creíble el tiempo suficiente para que la razón pública se suspenda y el miedo vote por nosotros. Es el truco más viejo del oficio político. Y es, también, el más bajo.

Maquiavelo escribió que para el príncipe es más seguro ser temido que amado. Lo que el florentino jamás imaginó es que un día habría partidos dispuestos a aplicar esa máxima no contra sus adversarios, sino contra su propio electorado: asustar al ciudadano para cosecharlo. La historia guarda un archivo abundante de esa técnica. Europa la practicó durante siglos en las plazas donde ardieron las hogueras: bastaba que alguien señalara a una mujer como bruja para que la acusación, sin prueba alguna, fuera ya la sentencia; el miedo de la multitud hacía el resto. Y el siglo veinte la perfeccionó hasta el horror: en la Alemania de los años treinta, una maquinaria de propaganda convenció a una de las naciones más cultas de la Tierra de que sus vecinos judíos —médicos, maestros, comerciantes cuyas familias llevaban generaciones en ese suelo— eran la amenaza oculta que explicaba todas sus desgracias. El mundo entero sabe cómo terminó esa mentira. México conoce versiones domésticas de la misma escuela: los spots de 2006 que advertían que un candidato era "un peligro para México" inauguraron aquí la era en que el pánico sustituyó al argumento. Frente a todos ellos, la lección luminosa de Roosevelt en 1933, ante un país verdaderamente devastado: a lo único que debemos tener miedo es al miedo mismo.

Viene todo esto a cuento porque esta semana, en el Congreso del Estado, los estrategas del miedo estrenaron su sucursal yucateca. Con el pretexto de la discusión de la nueva ley de medios de impugnación electoral, la bancada de Acción Nacional presentó una reserva para anular elecciones por "intervención del crimen organizado", y al no prosperar, salió a declarar que en Yucatán se le habían "abierto las puertas al narcotráfico". Desde hace semanas recorren colonias y comunidades recolectando firmas contra un fantasma, sugiriendo que nuestra tierra está a un paso de convertirse en Sinaloa, que detrás de la paz que vivimos se esconde una complicidad, que el yucateco debe empezar a temer.

Digámoslo con claridad: la preocupación por el narcotráfico es legítima en México. Hay regiones del país donde el crimen ha torcido elecciones, amenazado candidatos y enlutado campañasdesde hace décadas, y ese drama merece toda la seriedad del Estado. Pero precisamente porque el fenómeno es real en otras tierras, usarlo como utilería teatral donde no existe es doblemente indigno: banaliza el sufrimiento de quienes sí lo padecen y calumnia a quienes hemos construido otra cosa.

Porque los números no son opinión. Yucatán es, hoy, la entidad más segura de México: 21.3 delitos por cada cien mil habitantes. Los homicidios dolosos bajaron veinticinco por ciento en un año: de cuarenta y cuatro casos a treinta y tres. Treinta y tres, en todo un estado, en todo un año — hay demarcaciones del país que superan esa cifra en un fin de semana. El robo de vehículos cayó casi a la mitad. Este 2026 comenzó con apenas tres homicidios dolosos en el territorio estatal. Y quien mide todo esto no es el gobierno de Yucatán: son el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En cuanto a la ocurrencia legislativa, ni siquiera resiste el análisis técnico: el marco electoral ya contempla causales de nulidad y sanciones penales, y la figura propuesta no responde a la pregunta elemental de quién acredita qué, con qué estándar probatorio y en qué plazo. Es una ley redactada para el comunicado de prensa, no para el tribunal. Quien ignora todo esto no está desinformado: está calculando.

Y ese cálculo ofende tres veces.

Ofende al electorado yucateco. Decirle a este pueblo que su voto puede aquí ser capturado por el crimen es llamarlo, en su cara, ciudadano de segunda. Yucatán ha votado en libertad por todos los colores; ha premiado y castigado gobiernos cuantas veces ha querido; la alternancia aquí no es promesa, es costumbre. Esa es la prueba de su soberanía. Quien recoge firmas contra un fantasma no está protegiendo al elector: lo está tratando de tonto.

Ofende a nuestros policías y a sus familias. Más de cuatro mil cuatrocientos hombres y mujeres integran la Secretaría de Seguridad Pública; nueve de cada diez nacieron en esta tierra. Son ellos quienes hicieron de Yucatán el estado más seguro del país y le dieron a su corporación una triple certificación internacional que academias policiales enteras del mundo envidian. Insinuar que todo eso es una pantalla, que detrás de suuniforme hay puertas abiertas al crimen, es escupir sobre miles de mesas yucatecas donde cada noche una familia espera, con la cena servida, que su policía vuelva a casa.

Y ofende a la verdad, que en política es siempre la primera víctima del miedo.

La historia no recuerda con cariño a los mercaderes del pánico. A los senadores que gritaron Hannibal ad portas los devoró su propia mentira; las plazas donde ardieron las hogueras son hoy memoriales de la sinrazón; y sobre los propagandistas que enseñaron a una nación a temer a sus vecinos cayó, ante los ojos del mundo, el juicio más severo que la humanidad haya dictado. El miedo infundado siempre cobra factura, y siempre se la cobra primero a quien lo siembra.

Como yucateco que trabaja lejos de casa, veo todos los días cómo se habla de nuestra tierra en el resto del país: con admiración, con respeto y con esperanza. La paz de Yucatán no es propiedad de un gobierno ni de un partido; es la obra paciente de generaciones, el patrimonio común que campesinos, pescadores, comerciantes, maestras y policías construyeron denuncia a denuncia, costumbre a costumbre. Ese patrimonio merece debate, exigencia y vigilancia — todas las que hagan falta. Lo que no merece es que nadie, por hambre de votos, siembre miedo donde sembramos paz. Yucatán no necesita que lo asusten. Necesita que lo respeten.