Yucatán necesita invertir: la deuda que sí puede valer la pena

Endeudarse no es necesariamente malo. Lo malo es endeudarse para gastar sin dejar nada a cambio. Esa diferencia resulta fundamental para analizar la autorización del Congreso de Yucatán para que el Gobierno del Estado contrate un financiamiento por hasta 1,562 millones de pesos, destinado al Plan Bienestar Metropolitano, con proyectos relacionados con agua potable, seguridad pública y movilidad.

Es fácil convertir cualquier deuda pública en argumento político. La palabra “deuda” vende bien para la oposición: permite hablar de irresponsabilidad, comprometer el futuro y cargarle cuentas a las siguientes generaciones. Pero el análisis serio debe comenzar con otra pregunta: ¿para qué se pide prestado?. Y en este caso la respuesta importa. Yucatán necesita infraestructura. La necesita ahora.

Durante décadas hemos presumido que Yucatán posee una enorme reserva de agua. Es cierto. Pero una cosa es tener agua en el subsuelo y otra muy distinta contar con infraestructura suficiente para extraerla, distribuirla, sanearla y garantizar el servicio que demanda una zona metropolitana que crece aceleradamente. Mérida ya no es la ciudad de hace veinte años.

El crecimiento inmobiliario, la expansión hacia municipios conurbados, los nuevos desarrollos industriales y comerciales y el aumento de la población han colocado una presión enorme sobre servicios que durante demasiado tiempo fueron atendidos con soluciones parciales.

Invertir en infraestructura hidráulica no es un lujo. Es adelantarnos a una crisis que sería mucho más costosa resolver cuando ya la tengamos encima.

Lo mismo sucede con la seguridad. Yucatán mantiene una condición privilegiada frente a buena parte del país, pero sería un grave error pensar que esa tranquilidad se conserva sola. La seguridad cuesta. Cuestan las cámaras, los sistemas de inteligencia, las comunicaciones, los vehículos, el equipamiento, la tecnología, la capacitación y la capacidad de respuesta.

En un México donde el crimen organizado ha demostrado una enorme capacidad para expandirse territorialmente, Yucatán no puede darse el lujo de esperar a perder su seguridad para comenzar a invertir en ella. Cada peso destinado a fortalecer la infraestructura de seguridad debe verse también como inversión económica. La tranquilidad es uno de los principales activos de Yucatán para atraer empresas, inversiones, turismo y nuevas familias.

El tercer componente es igualmente evidente para cualquiera que conduzca diariamente por Mérida. La movilidad está llegando a un punto crítico.

Periférico, avenidas principales, accesos desde municipios conurbados y corredores que hace apenas unos años funcionaban adecuadamente hoy enfrentan una presión vehicular considerable. No necesitamos estadísticas para saberlo. Basta salir a las calles. Mérida y su zona metropolitana crecieron, pero buena parte de su infraestructura vial no lo hizo al mismo ritmo.

Por eso resulta razonable utilizar financiamiento de largo plazo para construir infraestructura que también tendrá una vida útil de largo plazo. Ahí está precisamente una de las diferencias entre deuda y mala deuda.

Pedir prestado para pagar nómina, financiar burocracia o cubrir gasto corriente sería preocupante. Financiar infraestructura que permanecerá durante décadas puede ser perfectamente justificable, siempre que los proyectos estén bien planeados, tengan costos razonables y exista absoluta transparencia.

Hay además otro elemento que debe tomarse en cuenta. El planteamiento del Gobierno del Estado es que los 1,562 millones de pesos autorizados permitan complementar recursos y proyectos federales hasta alcanzar inversiones relacionadas por aproximadamente 4,490 millones de pesos. Si ese esquema se concreta en los términos anunciados, Yucatán estaría utilizando su capacidad financiera para multiplicar la inversión disponible. Eso tiene sentido.

Un gobierno estatal que tiene acceso a recursos federales para grandes proyectos debe contar también con capacidad presupuestal para aportar su parte y aprovecharlos. Rechazar automáticamente un financiamiento simplemente porque se trata de deuda puede terminar significando perder inversiones mucho mayores.

También hay que reconocer que la oposición tiene derecho —y obligación— de cuestionar. El PAN puso condiciones, exigió explicaciones y llevó el debate hacia la situación de la JAPAY y la permanencia de Francisco Torres al frente del organismo. Esa discusión puede ser legítima, particularmente cuando estamos hablando de inversiones importantes en materia de agua. Pero una cosa es fiscalizar al gobierno y otra convertir infraestructura estratégica en moneda de cambio para decidir quién permanece o quién sale del gabinete. El gobernador Joaquín Díaz Mena hizo bien en marcar esa diferencia.

Los funcionarios deben ser evaluados por resultados y pueden ser removidos cuando no funcionan, pero condicionar obras de agua, seguridad y movilidad a la destitución de una persona termina mezclando dos discusiones distintas.

Defender este financiamiento tampoco significa darle al gobierno carta abierta. Todo lo contrario. Precisamente porque hablamos de 1,562 millones de pesos de deuda pública, la vigilancia debe ser mucho mayor. Cada contrato debe ser público. Cada licitación debe poder revisarse. Cada obra debe tener plazos, costos y responsables identificables. Y cualquier modificación presupuestal tendría que explicarse.

El Gobierno de Yucatán tiene ahora una responsabilidad adicional: demostrar que cada peso prestado termina convertido en infraestructura visible y útil para los ciudadanos. Porque una deuda bien utilizada puede transformar una ciudad. Una deuda mal utilizada solamente transforma las finanzas públicas.

Yucatán está viviendo una transformación acelerada. Puerto Progreso, los proyectos ferroviarios, los polos industriales, la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento de Mérida obligan a pensar el estado no solamente para el próximo año, sino para las siguientes dos o tres décadas. No podemos querer crecimiento económico sin carreteras.

No podemos atraer inversiones sin seguridad. No podemos construir miles de viviendas sin agua. No podemos seguir expandiendo Mérida sin resolver su movilidad. Y tampoco podemos pretender financiar toda esa infraestructura exclusivamente con el presupuesto anual. Por eso considero que el Congreso hizo bien en autorizar el financiamiento.

Ahora corresponde al gobierno demostrar que esa confianza estuvo justificada. Dentro de algunos años, los yucatecos no deberían recordar que en 2026 se contrataron 1,562 millones de pesos de deuda. Deberían poder señalar las obras y decir: ahí está el dinero.

Esa será la verdadera medida para determinar si Yucatán contrajo una deuda o hizo una inversión en su futuro.