La ciudad de Portland se ha convertido en el epicentro de una confrontación entre el poder ejecutivo federal y las autoridades estatales, luego de que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y agentes federales con el argumento de proteger instalaciones del Servicio de Control de Inmigración (ICE) y combatir lo que calificó como “terrorismo doméstico”.
La orden presidencial, divulgada en días recientes, autoriza el uso de “fuerza total” para contener protestas y restablecer lo que la administración define como “orden público”. Con esa medida, Trump insistió en que Portland padece una crisis de violencia, calificándola en sus declaraciones como una ciudad “devastada” por conflictos internos.
Sin embargo, esa estrategia encontró resistencia judicial casi inmediata. Una jueza federal bloqueó temporalmente el envío de tropas —incluyendo aquellas bajo mando estatal y federal— alegando que las acciones del presidente excedían su autoridad bajo la ley federal y que los datos aportados para justificar la intervención militar eran inconsistentes con los hechos reales.
En la orden judicial, se señaló que las manifestaciones que tuvieron lugar no constituían una “rebelión” en el sentido legal requerido, y que el lenguaje utilizado por la administración para calificar la situación —como describir a Portland como “ardiendo hasta los cimientos”— estaba “desligado de los hechos” constatados.
Al mismo tiempo, el gobierno federal respondió que apelaría la decisión judicial y, según informes, intentó sortear la prohibición mediante el despliegue de tropas de otros estados —como California y Texas— bajo autoría federal.
Las autoridades de Oregón, junto con el gobernador de California, se sumaron a la demanda para frenar el despliegue adicional de tropas en Portland, denunciando que estos actos representan una “interferencia ilegal” en la soberanía estatal y un riesgo para las libertades civiles. Desde la judicatura, se extendió la orden de restricción para cubrir cualquier despliegue de la Guardia Nacional con destino a Portland, sin importar su origen.
El conflicto no es aislado: forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para desplegar fuerzas en ciudades que gobiernan demócratas, como Los Ángeles, Memphis, Washington y Chicago, bajo la justificación de combatir la criminalidad urbana y reforzar la seguridad migratoria. Críticos advierten que este patrón podría constituir una extralimitación del poder ejecutivo con fines políticos.
Mientras tanto, en Portland continúan las protestas frente a instalaciones del ICE, en algunos casos convocadas por organizaciones antirracistas o de derechos migratorios. Estas movilizaciones comenzaron meses atrás y se intensificaron en medio de acusaciones del gobierno de Trump de que grupos como Antifa serían responsables de una escalada de violencia.
La disputa legal y política en Portland refleja un choque profundo sobre los límites constitucionales del poder federal en contraste con la autonomía estatal y los derechos civiles individuales. A medida que los tribunales evalúan el caso, la opinión pública y las fuerzas políticas aguardan el desenlace de esta confrontación que podría marcar precedentes para el uso militar dentro del territorio estadounidense.
