Mérida, Yucatán. 24 de noviembre de 2021.- Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado fue aprobada por unanimidad la propuesta del PRI, de reconocer el internet como derecho humano y garantizar que quienes vivan en Yucatán tengan acceso a la red por ley.
Esta reforma constitucional, la primera de la presente legislatura, impulsa la cobertura de calidad en todos los rincones del estado para beneficio de todos los usuarios.
El decreto adiciona un segundo párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, señalando: “El Estado reconoce el derecho humano al acceso libre y universal de banda ancha e internet a través de los mecanismos y políticas públicas necesarias para asegurar progresivamente a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, promoviendo el desarrollo individual y social”.
Durante su intervención en tribuna, Karla Franco Blanco, mencionó que con esta aprobación, las autoridades en el Estado tendrán la obligación de crear políticas de inclusión digital que permitan incorporar de forma progresiva y de acuerdo a los recursos disponibles, el acceso universal a Internet.
“Hoy se abre la posibilidad de crear una red de carácter estatal para brindar servicios de internet a la población, de contemplar programas de acceso a Internet de banda ancha en sitios públicos y de originar esquemas de coordinación entre las distintas autoridades de nuestro estado para trazar un plan que lleve el internet a todos los rincones de Yucatán”, afirmó.
Por su parte, Gaspar Quintal Parra, coordinador de la fracción priista, afirmó que el acceso a internet ya no puede verse únicamente como un acto de recreación y ocio, sino que realmente es una manera de comunicarnos, interrelacionarnos y poder vivir estos nuevos tiempos. Añadió que la reforma constitucional impulsará la competitividad en Yucatán.
Aprobación de la Reforma Constitucional para el acceso a internet como derecho humano en Yucatán
He solicitado la palabra para referirme al Dictamen que se encuentra a discusión en estos momentos, que como se recordará nace de la iniciativa presentada el pasado 8 de septiembre, por la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional.
En ese contexto, desde la constitución del Estado de 1841, Yucatán ha tenido un desarrollo importante en materia de derechos humanos. La redacción de los artículos 53, 63 y 64, en la constitución de ese año, se establecían diversos procedimientos para garantizar los derechos contenidos en el capítulo correspondiente de las “garantías individuales”.
En esa línea de pensamiento, es importante DESTACAR los aportes para el establecimiento de una declaración de derechos en sentido moderno y su protección a través de un juicio, la cual fue obra de Don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, principalmente, quien denominó a ese juicio: “Amparo”.
Ese mecanismo de protección constitucional posteriormente fue ADOPTADO por la federación, constituyéndose en un auténtico juicio de protección de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.
Por consiguiente, la iniciativa que motiva mi participación, tiene el OBJETIVO de adicionar un segundo párrafo, al artículo 2 la Constitución Política del Estado de Yucatán para RECONOCER, como derecho fundamental de los yucatecos, el acceso libre y universal de banda ancha e internet.
En ese contexto, es importante manifestar, que el derecho humano de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, forma parte de una nueva generación de derechos, contenidos en las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), que han transformado la forma en cómo se relacionan las personas y también han creado nuevas dinámicas de interacción entre los organismos del Estado con los propios ciudadanos, por ejemplo, podemos destacar la implementación de los trámites gubernamentales en línea, los mecanismos de acceso a la justicia digital, las herramientas educativas, por mencionar algunas.
Por otra parte, este crecimiento digital, también ha creado obligaciones del Estado respecto al uso de las TICs.
Como se podrá recordar, este Congreso del Estado ha aprobado diversas reformas que inciden en el campo de esta nueva era digital, como la de cuidar la intimidad y privacidad, prevenir el acceso malintencionado a los sistemas informáticos, tan solo por referimos a algunas reformas.
En ese orden de ideas, las reformas constitucionales en el ámbito local que ahora nos ocupan, también encuentran sustento en diversos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos y “la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información”, celebrada en Ginebra en 2003, en cual se estableció como un desafío para las naciones aprovechar el potencial de las tecnologías de la información.
Así como, en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, del 29 de junio de 2012, en cual se abordó la promoción, protección, disfrute de los derechos humanos en Internet, se reconoció diversos derechos de acceso, así como el empleo del Internet para todas las personas.
Complementariamente, podemos decir que en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del 1 de junio de 2011, se instituyó que los Estados “tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión” y que “el acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación”.
En consecuencia, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han pronunciado al respecto que el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, es un derecho humano de los identificados como derechos económicos, sociales y culturales.
Por lo tanto, el tema que ahora nos ocupa, forma parte de esos derechos económicos, sociales y culturales, que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar, respetar y proteger, en términos, precisamente, de la reforma constitucional sobre derechos humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2011 que estableció el llamado bloque de constitucionalidad y convencionalidad, al incorporar como derecho positivo los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que México ha ratificado.
De esta forma, las reformas que hoy se encuentran a discusión, precisamente forman parte de las obligaciones que tenemos, como Poder Legislativo, en contexto de garantizar y proteger los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales antes descritos, obligación que se encuentra consagrada el artículo 1° de la Constitución Federal.
Por ende, es relevante destacar que el acceso universal a Internet, forma parte de aquellos derechos humanos, que de acuerdo con el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, admite una progresividad en su cumplimiento, es decir, se les concede a los estados la posibilidad de crear matices o estándares mínimos de observancia, acordes a la capacidad de los recursos disponibles.
En esa tesitura, esa distinción, permite la instauración de un núcleo de derechos o lineamientos mínimos de cumplimiento por parte de las autoridades del estado, como el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, es decir: el acceso universal a internet.
Por ende, las autoridades en el Estado, a partir de la aprobación de este dictamen, tendrán la obligación de crear políticas de inclusión digital que permitan incorporar, de forma progresiva y de acuerdo a los recursos disponibles, el acceso universal a Internet, desde nuestro ámbito competencial.
Abre la posibilidad de implementar políticas públicas de manera progresiva y de acuerdo a sus recursos disponibles tendientes a:
· La posibilidad de crear una red de carácter estatal para brindar servicios de Internet a la población y acercar por medio de estas, los distintos servicios gubernamentales en el ámbito de su competencia.
· Contemplar programas de acceso a Internet de banda ancha en sitios públicos.
· Permitirá esquemas de coordinación, a efecto que entre las distintas autoridades de nuestro estado se pueda trazar un plan para llevar el Internet a todos los lugares del estado.
· Robustecerá la Seguridad del Estado, toda vez que el derecho que ahora se garantiza, creará la infraestructura necesaria para implementar redes estatales de datos, que podrían ser utilizada para enlazar más cámaras de videovigilancia, en términos de la Ley de Videovigilancia del Estado de Yucatán, aprobada por la legislatura anterior.
Como se puede observar, este producto legislativo beneficiará a los ciudadanos para que puedan contar con una mejor calidad de vida, al tener, como derecho, el acceso universal a Internet, y en el estado, en el ámbito de su competencia, se pueda crear la infraestructura necesaria para hacer del derecho humano de acceso a Internet una realidad.
Reconocemos la pluralidad de este Congreso del Estado para hacer posible esta reforma y sumarnos a los estados de la república que ya garantizan el acceso universal a Internet, como los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Estado de México, por mencionar algunos.
Agradecemos a la Presidenta de Puntos Constitucionales Y Gobernación y a todos los integrantes de la Comisión, la voluntad política y disposición para enriquecer el dictamen que hoy se pone a consideración de este H. Pleno, mismo que representa la primera reforma constitucional que aprobaríamos en esta Sexagésima tercera legislatura.
Si bien, como hemos establecido, esta reforma incorpora como derecho humano el acceso universal a Internet a la parte dogmática de nuestra Constitución local, también es necesario considerarla como una herramienta de reactivación económica, que, dicho sea de paso, se encuentra enlistada dentro de la Agenda Legislativa de nuestra fracción, en el primer eje denominado “…Recuperación por el COVID-19 y la preparación de Yucatán para el futuro” que contiene las directrices: Cultura Digital y Desarrollo Económico por mencionar algunos.
En ese sentido, es necesario recordar que durante la suspensión de actividades decretada por las autoridades de salud, fuimos testigos de diversos problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, dentro de los cuales, salieron a relucir la falta de recursos de los ciudadanos para pagar los servicios básicos y de internet que fueron necesarios, tanto, para cumplir con sus trabajos, como, en los casos de los alumnos que atienden sus clases virtuales por medio de las plataformas tecnológicas de las escuelas.
Es precisamente por lo anterior, que, como fracción legislativa, hemos demostrado que nos importa seguir trabajando por nuestro estado y sus ciudadanos, que privilegiamos el trabajo legislativo y los consensos sobre las diferencias ideológicas o partidistas, porque entendemos que los ciudadanos tienen necesidades reales y que únicamente el trabajo responsable, de nosotros sus representantes, es la herramienta que permitirá crear las condiciones para establecer mejores oportunidades y un mejor lugar para vivir.
A partir de la aprobación de esta reforma, podemos estar seguros que el derecho que ahora estamos garantizando, creará las políticas públicas necesarias para seguir impulsando el desarrollo económico de nuestra entidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, pedimos su voto a favor del Dictamen y así demostrarles a los ciudadanos, que cuando se trata de mejorar las condiciones de vida e impulsar la reactivación económica, no hay Colores
