El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido y trasladado a la custodia del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya, acusado de crímenes contra la humanidad relacionados con su controvertida guerra contra las drogas.
Duterte, de 79 años, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila tras regresar de Hong Kong, donde había participado en un mitin político. La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por el TPI, que lo acusa de supervisar ejecuciones extrajudiciales durante su mandato como presidente y anteriormente como alcalde de Davao.
Durante su presidencia, de 2016 a 2022, Duterte implementó una agresiva campaña antidrogas que, según cifras oficiales, resultó en la muerte de aproximadamente 6.200 personas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos estiman que el número real de víctimas podría superar las 30.000. El TPI alega que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad, al haberse llevado a cabo de manera sistemática contra la población civil.
Tras su arresto, Duterte fue trasladado a la Unidad de Detención de las Naciones Unidas en Scheveningen, donde otros líderes acusados de crímenes similares han sido recluidos. Se espera que en los próximos días comparezca ante la corte para la lectura formal de los cargos en su contra.
La detención de Duterte ha generado reacciones divididas en Filipinas. Mientras que organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han aplaudido la medida como un paso hacia la justicia, seguidores del expresidente la califican como una afrenta a la soberanía nacional. La vicepresidenta Sara Duterte, hija del exmandatario, ha viajado a los Países Bajos para apoyar la defensa legal de su padre y ha criticado la decisión del gobierno filipino de cooperar con el TPI.
El proceso judicial podría enfrentar desafíos relacionados con la jurisdicción del TPI, especialmente considerando que Filipinas se retiró del tribunal en 2019 bajo la administración de Duterte. No obstante, el TPI mantiene que tiene competencia sobre los crímenes cometidos mientras el país aún era miembro.
